El empresario Carlos Mattos, quien fue extraditado de España, en noviembre pasado, por actos de corrupción, está inmerso en un nuevo escándalo. Está vez se le cuestiona por haber salido del centro penitenciario en compañía de guardias del Inpec a cumplir, lo que sería, labores personales en un edificio en el norte de Bogotá. La denuncia la hizo Noticias Caracol y tras ello, el presidente Iván Duque ordenó destituir al director del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), el general Mariano Botero Coy, y el director de la cárcel La Picota, coronel en retiro Wilmer Valencia.
El empresario es procesado desde 2016 por el entramado de corrupción que se presentó en los juzgados de Paloquemao en Bogotá, cuando quiso salir bien librado de un proceso jurídico que vinculó a la empresa Hyundai. La promotora de carros pretendió quitar la representación de la marca en Colombia y con amaños en despachos judiciales, además, de medidas cautelares el empresario logró su cometido.
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Por estos hechos, varios exfuncionarios judiciales, ingenieros e, incluso, sus abogados están procesados, mientras el empresario está a la espera de una audiencia que confirme el preacuerdo firmado con la Fiscalía. A pocos días de su arribo en Colombia, Mattos presentó excusas públicas y mencionó que no se podía cercenar a la justicia. No obstante, este miércoles se conoció de posibles beneficios carcelarios que tenía desde que fue recluido.
El abogado Iván Cancino, quien defiende los intereses de Mattos, en diálogo con Blu Radio anunció que sostuvo reuniones en varias ocasiones por fuera del centro penitenciario. “En La Picota, las visitas no son tan fáciles como antes de la pandemia. Carlos me decía estaré en un centro médico para hacerme unos chequeos médicos. Allá llegaba yo. Las reuniones eran concertadas”, resaltó el abogado quien no ha descartado que las salidas de la cárcel obedecen al grave estado de salud que presenta el empresario.
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Por su parte, la Fiscalía resaltó que dentro de sus competencias no está autorizar permisos o autorizaciones de salida donde esté recluido el empresario. Estimó que esa es una responsabilidad del Inpec. De igual manera, explicaron que dentro del preacuerdo no existe, ni se habla de este tipo de condiciones, ni de autorizaciones para salidas o permisos. “El fiscal a cargo de los procesos que se siguen contra el señor Mattos Barrero compulsará copias para que se establezca si las personas a cargo de los traslados del privado de la libertad incurrieron en alguna conducta que configure delito”, dijeron desde el búnker y reseñaron que los dos preacuerdos suscritos con Mattos no se verán afectados por sus actuaciones.
Desde la Comisión de Disciplina Judicial anunciaron que la Comisión Seccional de Bogotá conocerá de las denuncias hechas en la mañana de este miércoles, con el fin de establecer si hubo alguna irregularidad por parte del abogado Iván Cancino, y en ese orden, verificar si es necesaria abrir una investigación. “#Atención Por competencia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió a la Comisión Seccional de #Bogotá reportes de prensa sobre las supuestas reuniones que sostuvieron dos abogados con el detenido #CarlosMattos, durante sus salidas en la capital del país”, reposa en un trino.
#Atención Por competencia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió a la Comisión Seccional de #Bogotá reportes de prensa sobre las supuestas reuniones que sostuvieron dos abogados con el detenido #CarlosMattos, durante sus salidas en la capital del país. pic.twitter.com/xMMki4tBbc
— Comisión Nacional de Disciplina Judicial (@CNDJ_Col) March 2, 2022
Po otro lado, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) dijo que acompaña las decisiones y las sanciones que se impongan a los responsables, tanto penales como disciplinarias, en cuanto a este tipo de sucesos que vinculan al empresario. “Esta serie de acontecimientos llenan de vergüenza el sistema penitenciario del país y resultan absolutamente censurables. La CEJ hace un contundente llamado de atención para que en la sanción de los delitos de mayor impacto, se efectúe por las autoridades competentes una vigilancia estrecha y especial con el fin de evitar la obstrucción de la justicia o la evasión de las condiciones de reclusión”, explicaron en un comunicado.
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