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Tras no lograr una concertación con el Estado, el acto de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón para las víctimas de Comuna 13 de Medellín (Antioquia) fue aplazado. Fuentes cercanas al proceso, señalaron a El Espectador que estas actividades siempre necesitan un proceso de concertación con las organizaciones de víctimas, y según ellas, “no fue posible acordar todo lo que queríamos con el tiempo que faltaba”.
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Este acto, programado para el 6 de noviembre, está enmarcado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) por los Guzmán Medina y otros vs. Colombia; Wilmar Muñoz y otros; y el caso Yarce y otras vs. Colombia. Este último es la primera sentencia en que la Corte IDH condena a Colombia por las violaciones de derechos humanos cometidas contra mujeres lideresas comunitarias y defensoras de derechos humanos. Asimismo, es el primer fallo internacional por los hechos ocurridos en la Comuna 13 de Medellín durante las operaciones militares Mariscal y Orión, ocurridas en 2002.
El Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), que ha representado a las víctimas y familiares de estos casos ante el Sistema Interamericano, manifiestan que pese “a haber puesto toda nuestra voluntad para lograrlo”, dificultades para llegar a un acuerdo respecto a los términos de participación de las víctimas y familiares, obligaron a suspender la realización del acto, el cual se suponía iba a ser encabezado por el presidente Gustavo Petro.
Este es el segundo acto de reconocimiento y perdón que es aplazado por el gobierno Petro. El pasado 11 de octubre, el Estado tenía acordado pedir perdón públicamente por el exterminio que sufrieron las víctimas de la Unión Patriótica (UP). De acuerdo con fuentes oficiales, una enfermedad respiratoria que afectó al presidente fue la causa de la cancelación esa vez. Este acto también era una respuesta a un fallo de la Corte IDH que sentenció a Colombia por ser responsable del asesinato y persecución que sufrieron más de 6.000 miembros de este grupo político, el cual fue creado en 1985, como resultado de los diálogos de paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el gobierno de Belisario Betancur.
El evento, que tuvo un presupuesto de más de $3.700 millones y se iba a realizar en la Plaza Bolívar en Bogotá, género opiniones divididas. “Entendemos la calamidad del presidente, es por esto que aplazaremos el evento”, afirmó en su momento Jahel Quiroga, senadora de la Unión Patriótica. Por otro lado, una de las víctima señaló que “si el presidente no cumple hoy, si no se presenta, será como un dardo envenenado a la memoria de este día. Pasará a ser otro día triste en nuestro intento sincero de reconciliación, será revictimizar nuestro nombre y el nombre de la Unión Patriótica”.
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Mientras en la Comuna 13 de Medellín las organizaciones y víctimas confían en que el gobierno “no tome demasiado tiempo para disponer su voluntad y garantizar que el acto de reconocimiento tenga el impacto de transmitir el respeto y trato digno que en su momento se les negó en la violación de sus derechos”, enfatiza el comunicado de GIDH. Asimismo, las fuentes consultadas por este diario aclaran “que hasta donde sabemos y confiamos, el presidente no se ha opuesto personalmente a ninguna de nuestras solicitudes, sino que fue un asunto de delegados en la concertación”.
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