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El reciente ataque del Eln que dejó cinco militares muertos y otros seis heridos en Arauca, el pasado 11 de septiembre, más el secuestro de otros dos hombres de la fuerza pública por parte de los grupos guerrilleros en esta misma zona del país la semana anterior, volvieron a encender las alarmas sobre la situación humanitaria y de orden público que se vive en el departamento fronterizo con Venezuela. La realidad que viven los araucanos es tan preocupante que el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, anunció el pasado fin de semana que pedirá apoyo de organismos internacionales para que el Eln y el gobierno de Iván Duque retomen los diálogos de paz.
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El Espectador se contactó con autoridades locales y líderes comunitarios de la capital del departamento, escenario de disputa entre las Fuerzas Armadas y el Eln, más las disidencias de las Farc, que se reacomodaron tras la firma del Acuerdo de Paz, en 2016. Su versión común es que cientos de desplazados y afectados por la reciente ola invernal que sufrió el departamento continúan llegando a las cabeceras municipales. Desde abril pasado, cuando el Ejército venezolano arreció en su ofensiva contra las disidencias colombianas en el estado de Apure, la crisis humanitaria va en crecimiento, lo mismo que el número de refugiados, que aumenta en la capital de Arauca.
“Aquí nunca han parado los asesinatos, extorsiones y desapariciones. Tiene que pasar algo muy grave, como lo que pasó el fin de semana pasado [la muerte de cinco militares a manos del Eln] para que el Gobierno Nacional voltee a vernos”. Son palabras de un funcionario de la administración local que lleva años haciendo seguimiento a las acciones militares y ataques guerrilleros en el departamento, que prefiere quedar en el anonimato porque sabe el escaso valor que tiene la vida en la región. Argumenta que el escenario se ha tornado más complejo desde que las disidencias y el Eln reacomodan sus redes de apoyo tras la salida de las Farc del territorio de la guerra.
Mientras la seguridad en la frontera sigue en estado de cuidados intensivos, el denominador político de los gobernantes de ambas naciones son las acusaciones subidas de tono. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, desmintió al presidente Iván Duque, cuando aseguró que el ataque del pasado sábado, que dejó un saldo de cinco soldados colombianos muertos y otros seis heridos de la Fuerza de Tarea Quirón, fue planificado desde Venezuela. “Cuando, en abril, se generó ese masivo desplazamiento forzado pasó lo mismo: los políticos terminan tirándose la pelota con lo que pasa aquí y luego, a los pocos días, no se vuelve a hablar de la guerra que vivimos aquí”, comentó el funcionario.
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Aparte de la muerte de los cinco miembros del Ejército, en las últimas horas el Eln informó que tiene en su poder al sargento segundo Fabián Andrés Espitia y al soldado Elvis Andrés Flores. Aunque las Fuerzas Militares esperan pruebas de supervivencia por parte del grupo insurgente, ya serían tres casos de integrantes de la fuerza pública retenidos por el Eln. El tercero es el coronel Pedro Pérez Arciniegas, quien apareció en un reciente video. En esa prueba de supervivencia, el uniformado cuestionó las declaraciones del comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, en las que advirtió que el oficial Pérez Arciniegas habría sido asesinado por los hombres del disidente Antonio Medina.
En lo que va corrido del año 2021, otros dos uniformados del Ejército murieron tras ser atacados por el Eln en la capital del departamento. El primer hecho sucedió a finales de abril, cuando en el sector de Brisas del Caranal murió el sargento viceprimero Robinson Rodríguez Murillo, y otros cuatro militares sufrieron graves heridas. El 18 de junio pasado, en la vereda Santa Isabel, el Ejército informó que un francotirador del Eln disparó contra el cabo primero Jhonifer Alexis Maldonado Vargas, causándole la muerte y dejando herido al soldado profesional Juan Carlos Montiel Esquivel.
Fuentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición también le comentaron a este diario que hay temor entre sus funcionarios que trabajan en el departamento. El pasado 2 de septiembre, dos funcionarios de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UPBD) fueron atacados en zona rural del municipio de Saravena y les robaron el vehículo en el que se transportaban. La misión del organismo, surgido del Acuerdo de Paz, fue abordada por hombres armados cuando se movilizaban por esa región en un carro que estaba debidamente identificado como parte de la Unidad para realizar labores pedagógicas.
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Una alarma que nadie atendió
La Defensoría del Pueblo, en una alerta temprana de marzo pasado, dio luces sobre el panorama en la ciudad de Arauca, describiéndola como foco de nuevas dinámicas de conflicto por el auge de disidentes de la paz y la caída de las negociaciones con el Eln. La entidad explicó que ambos iniciaron una embestida contra la fuerza pública y la población civil, materializada en homicidios selectivos, secuestros, amenazas, ataques con explosivos y desapariciones. Los grupos armados ilegales, dice la Defensoría, aprovechan el territorio que limita con Venezuela, separado por el río Arauca, para sacar ventaja con el factor sorpresa contra la Policía, la Armada y el Ejército.
La Defensoría recalcó que la zona fronteriza con el estado de Apure facilita el ocultamiento del Eln y las disidencias, y entorpece la labor de las autoridades. Tras el Acuerdo de Paz, el Eln abarcó las zonas que dejaron las Farc, con la intención de alzarse como único grupo guerrillero. Las disidencias, a su vez, llegaron a Arauca con ayuda de antiguos milicianos del Frente Primero de las Farc, antes ubicados en Guaviare y Meta. “Las condiciones socioeconómicas de los sectores marginales de la ciudad son precisas para ocultamiento de milicianos y combatientes del Eln y de las facciones disidentes de las antiguas Farc, en su actividad de vigilancia, control social y extorsiones”.
Las autoridades nacionales adelantan labores de control de migrantes, control de mercancías de contrabando y captura de disidentes y guerrilleros. No obstante, esa es una estrategia que incomoda a los subversivos, quienes en retaliación atacan a la fuerza pública, como sucedió el pasado 11 de septiembre con los soldados de la Fuerza de Tarea Quirón. Los grupos armados utilizan la frontera para asediar instalaciones de la fuerza pública, lanzando artefactos explosivos y accionando armas de fuego. El pasado 9 de febrero, tres uniformados de la Armada resultaron heridos cuando criminales hicieran explotar un artefacto en el CAI Malecón Ecoturístico.
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Días antes, fue activado un artefacto a orillas del río Cauca, donde a diario transitan efectivos de la Armada. El pasado 22 de enero, al parecer disidentes de la paz instalaron un cilindro bomba en la vereda Todos los Santos. Uno de los hechos más graves data de la Navidad del 2020, cuando los disidentes hicieron explotar un cilindro bomba cuando miembros del Gaula y de la Armada realizaban el levantamiento de un cadáver. En ese atentado murió un suboficial de la Armada y resultaron heridos dos policías, justo cuando atendían otro hecho de violencia. Durante 2020, la Defensoría registró 25 homicidios en el municipio, seis de ellos con indicios de tortura.
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