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La violencia en Arauca es especialmente preocupante por las altas cifras que sigue reportando. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en los últimos dos años han sido asesinadas más de 600 personas que tiene especial protección, como líderes sociales de la región.
Según el recién renunciado defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, “es inaudito que desde enero del 2022 hasta la fecha hayan sido reportados más de 600 homicidios de personas protegidas en Arauca. Solo en lo que va del 2024, nuestros equipos en terreno han registrado el asesinato de 60 personas”.
De acuerdo con el saliente funcionario de la entidad, “la mayoría de los homicidios está relacionada con estrategias de control social o poblacional de supuestos colaboradores de uno u otro grupo armado ilegal, la eliminación sistemática de personas estigmatizadas socialmente y la mal denominada ‘limpieza social’”.
Desde la Defensoría le pidieron al gobierno que es necesario que se pongan los ojos del Estado en Arauca, territorio que históricamente ha sido disputado por grupos armados, lo cual afecta directamente a la población civil que queda en medio de los enfrentamientos.
La entidad ha encontrado que, en la mayoría de los casos, “las víctimas de homicidio son primero desaparecidas y sometidas a lo que sería un supuesto ‘juicio revolucionario’ por supuestas violaciones de ‘normas’ impuestas por las estructuras armadas al margen de la ley”. Por esa razón, Camargo le pidió al gobierno que “haga presencia institucional, despliegue acciones que permitan garantizar los derechos de la población civil, que vive atemorizada por actores armados que hasta le ha impuesto ‘toques de queda’ para controlar los territorios. El departamento no puede continuar bajo el yugo de los actores armados y las organizaciones criminales, que diariamente atemorizan a la población civil en las zonas urbanas y sus campos”.
La Defensoría también dijo que en 2023 se conocieron más de 110 casos de desapariciones forzadas en Arauca y en lo que va de 2024 se han registrado al menos 55. Actualmente, dice la entidad, 61 personas permanecen desaparecidas. “Muchas de las desapariciones no son puestas en conocimiento de las autoridades por los familiares de las víctimas, pues argumentan que temen represalias de los ilegales, ya que lanzan amenazas a través de panfletos o mensajes directos y secuestran de manera constante”, aseguró el defensor del Pueblo.
En el caso de asesinato de líderes sociales, la Defensoría ha registrado ocho casos en lo que va del 2024. Además, señalan que desde 2016 “la cifra es de 53 líderes y defensores de derechos humanos que han sido ultimados. También persisten los atentados contra reincorporados de las extintas Farc y excombatientes que se han sometido a procesos de desmovilización”.
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