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La Procuraduría determinó archivar la investigación disciplinaria contra nueve miembros de la Junta Directiva de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) quienes eran investigados por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la intervención de Ecopetrol en el proyecto de “ampliación y modernización de la Refinería de Cartagena-Reficar”. Las pesquisas del Ministerio Público se centraron en la actuación de los directivos frente a dos puntos clave: el aumento del presupuesto para la ejecución del proyecto y los retrasos en la entrega del mismo. (Lea también: Contraloría falla en caso Reficar: daños fiscales ascienden a $2,9 billones)
Se trata de una investigación que data del 24 de febrero de 2016 cuando la Procuraduría decidió ponerle la lupa a la responsabilidad que tendrían los directivos de Ecopetrol en el aumento del presupuesto del proyecto que entre el 2011 y 2015 pasó de 3.777 millones a 8.016 millones de dólares. Además, de retrasos en el cronograma de terminación del proyecto pues inicialmente se tenía previsto un arranque de las unidades en junio de 2013, pero tal pronóstico se extendió hasta julio de 2017 cuando finalmente el proyecto quedó en funcionamiento, es decir, cuatro años después.
Los investigados disciplinariamente fueron Juan Carlos Echeverry Garzón, Javier Genaro Gutiérrez, Joaquín Moreno Uribe, Mauricio Cárdenas Santamaría, Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Henry Medina González, Almikar Acosta Medina, Roberto Steiner Sampedro. Pero, cinco años después de que el Ministerio Público iniciara el análisis de los hechos, se llegó a la conclusión de que estas personas no incurrieron en faltas disciplinarias. A través de un auto conocido por El Espectador, la Procuraduría concluyó que la Junta Directiva de Ecopetrol actuó con buena fe y confianza.
Lo que explicó el Ministerio Público es que la Junta Directiva de Reficar contrató a la empresa CB&I para realizar todo el estudio de ingeniería básica y los resultados apuntaron a que en este proyecto era necesaria una inversión inicial total de 3.777 millones de dólares, con fecha de entrega de obra para junio de 2013, términos que fueron aprobados, tanto por la Junta Directiva de Reficar, como por la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. Pese a esos estudios, luego se evidenció que la estimación de costos y tiempo de CB&I estaban equivocados pues el costo prácticamente se duplicó y la fecha de terminación se extendió cuatro años después. (Le puede interesar: Reficar: ¿por qué sancionaron al expresidente Reinoso y absolvieron a los demás?)
Según la Procuraduría, los cinco controles de cambios que se presentaron durante la ejecución del proyecto y que aumentaron el costo del mismo se originaron por mayores cantidades de obra detectadas; menor productividad de la que fue estimada, por menor disponibilidad de mano de obra capacitada y mayores requerimientos de personal; impacto invernal; anomalías laborales y subestimación de precios. “De acuerdo con el informe presentado por Jacobs (consultor)en el año 2015, los controles de cambio fueron el resultado de unas cifras no ajustadas y al inicio del proyecto con un presupuesto extremadamente apretado, además que CB&I no tenía la experiencia en Cartagena y asumió que tendría una productividad mayor a la que podía alcanzarse”, señaló la entidad.
El Ministerio Público también determinó que de no haber suscrito los controles de cambios, el proyecto hubiese parado y la inversión inicial habría quedado comprometida. “Es evidente que la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., partió del principio de buena fe y confianza en la capacidad de la administración que propuso CB&I en el proyecto Reficar dada su complejidad. Confianza que ha de entenderse razonable, precisamente por los conocimientos específicos y la experiencia en la materia de CB&I”, agregó la Procuraduría dejando claro que los miembros de Ecopetrol no eran expertos en las técnicas necesarias para la construcción del presupuesto de inversión y que precisamente, por ello, confiaron en las proyecciones de CB&I que era el contratista con mayor experiencia en este asunto.
Además, porque tal estimación fue revisada por otro experto, Foster Wheleer en agosto de 2009, quien definió como consistente la proyección de CB&I. “Si bien Ecopetrol S.A. Y Reficar no contaban con la experiencia por sí mismas para desarrollar una ingeniería de tal talante, habían pagado por ella una suma considerable y lograron la intervención de un tercero reconocido internacionalmente (Foster Wheleer) para que emitiera su opinión sobre la razonabilidad del cálculo de costos”, recalcó la Procuraduría que terminó por concluir que las gestiones adelantadas por los investigados no fueron irregulares y que, con respecto a la modificación del cronograma, siempre se planteó la necesidad de evitar un daño mayor al parar la obra.
“En cada una de las reuniones documentadas de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. se citó el riesgo que se cubría si se daba continuidad al proyecto, situación que fue consultada tanto a Roster Wheleer como a Jacobs (consultores externos), dando como resultado, en cada uno de los cinco controles de cambio, que era más costoso abandonar el proyecto que continuar con su ejecución”, aclaró la Prouraduría. En ese sentido, la entidad investigadora determinó archivar la investigación contra los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol quienes, al final, salieron bien librados.