Archivan procesos a directivos de la Universidad Manuela Beltrán

Dos recientes decisiones de la Fiscalía favorecieron a los directivos de la universidad Manuela Beltrán, especialmente a Alfonso Beltrán Ballesteros, quien durante años fue señalado de tener supuestos vínculos con el exjefe del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez, tras la creación de la institución educativa. Un fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos y otro de la Unidad de Fiscales Delegados ante el Tribunal terminaron por darle la razón a la defensa de los procesados, quienes alegaban que no existían pruebas contundentes que develaran los supuestos nexos con el narcotráfico ya que sus finanzas siempre estuvieron al día y legalmente constituidas y, además, jamás estafaron a ninguna persona para apropiarse de bienes en Bogotá.

La primera decisión la tomó el fiscal segundo de la Unidad de Lavado de Activos, José Obdulio Ortega Toro, quien resolvió “inhibirse de dar inició al trámite de la acción de extinción de dominio en el presente asunto, conforme a las razones consignadas en la parte orgánica de esta providencia”. En pocas palabras, el ente investigador no encontró méritos ni pruebas que demostraran que Beltrán Ballesteros y la Universidad Manuela Beltrán recibieron dineros calientes para su estructuración y funcionamiento. Al contrario de lo que dijo el primer fiscal del caso en 2010 cuando ordenó la apertura de la fase inicial de la extinción de dominio, en esta oportunidad se le dio razón a la defensa del procesado que argumentó que el 28 de enero de 2002 ya se había precluído esta investigación y no se habían encontrado nuevos elementos de prueba.

Según el fiscal segundo de la Unidad de Extinción de Dominio, “las pruebas recaudadas a lo largo de más de tres años en que se ha prolongado la presente fase inicial, carecen de identidad”. Asimismo, advirtió que en 2002 ya se habían presentado estudios financieros realizados por peritos del CTI sobre activos fijos de la universidad Manuela Beltrán, los recursos que a ella llegaron y los extractos económicos de Alfonso Beltrán que no evidencian irregularidad alguna y que concuerdan con los archivos originales contables, por lo que “no hay incremento patrimonial por justificar”.

El segundo proceso que enredaba a cinco directivos de la Universidad Manuela Beltrán –entre ellos el fundador y el exrector– se trataba de una supuesta estafa, hurto, falsificación de documentos y abuso de confianza que habrían cometido estas personas contra un grupo de accionistas del club campestre Los Andes. Todo inició el 31 de agosto de 2004 cuando la institución educativa compró todos los derechos activos de los socios del club –el número de miembros había disminuido significativamente porque estaban en quiebra y muchos de ellos no pagaron las cuotas de sostenimiento– por un monto de más de $2.000 millones. Pero el negocio fue aún más grande, ya que la universidad Manuela Beltrán terminó comprando seis bienes en los que funcionaban las sedes del club con el fin de construir más instalaciones.

Fue entonces que antiguos socios del club, quienes desde un tiempo atrás habían perdido su calidad de asociados por el no pago de la membresía, demandaron al centro educativo reclamando “la compra de sus supuestos derechos preferenciales especiales y de inversión” que, según ellos, tenían. Según los demandantes, la universidad Manuela Beltrán se aprovechó de la crisis financiera del club campestre Los Andes para quedarse con todas las propiedades. Sin embargo, el fiscal 25 delegado ante el Tribunal de Bogotá, quien ratificó la decisión de primera instancia de precluir el caso, manifestó que los demandantes no habían aportado nuevas pruebas que permitieran inferir que los directivos habían incurrido en una serie de delitos.

Para el fiscal, las pretensiones de los demandantes que impugnaron el fallo de primera instancia son “simples peticiones, pues no expresan ningún punto de disenso contra la mencionada providencia (…) se limitan a solicitar la apertura de la investigación por los referidos delitos, razón por la cual se desmentirán de plano tales pedimentos por falta de sustentación”. Agregó el funcionario judicial que “no existe la más mínima prueba de que los procesados se hubieran apoderado de muebles ajenos que pertenecieran al club campestre Los Andes y/o que hayan faltado a la verdad en las negociaciones comerciales”. Finalmente, el fiscal del caso determinó que los exsocios del club no tenían derecho a realizar esos reclamos ya que habían sido excluidos por el no pago de las cuotas de mantenimiento.

Así se cierra el capítulo que enredaba a directivos de la Universidad Manuela Beltrán. De esta manera, el hoy exrector Alfonso Beltrán Ballesteros no tiene ningún proceso penal ni judicial en curso en su contra.
 

Dos recientes decisiones de la Fiscalía favorecieron a los directivos de la universidad Manuela Beltrán, especialmente a Alfonso Beltrán Ballesteros, quien durante años fue señalado de tener supuestos vínculos con el exjefe del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez, tras la creación de la institución educativa. Un fiscal de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos y otro de la Unidad de Fiscales Delegados ante el Tribunal terminaron por darle la razón a la defensa de los procesados, quienes alegaban que no existían pruebas contundentes que develaran los supuestos nexos con el narcotráfico ya que sus finanzas siempre estuvieron al día y legalmente constituidas y, además, jamás estafaron a ninguna persona para apropiarse de bienes en Bogotá.

La primera decisión la tomó el fiscal segundo de la Unidad de Lavado de Activos, José Obdulio Ortega Toro, quien resolvió “inhibirse de dar inició al trámite de la acción de extinción de dominio en el presente asunto, conforme a las razones consignadas en la parte orgánica de esta providencia”. En pocas palabras, el ente investigador no encontró méritos ni pruebas que demostraran que Beltrán Ballesteros y la Universidad Manuela Beltrán recibieron dineros calientes para su estructuración y funcionamiento. Al contrario de lo que dijo el primer fiscal del caso en 2010 cuando ordenó la apertura de la fase inicial de la extinción de dominio, en esta oportunidad se le dio razón a la defensa del procesado que argumentó que el 28 de enero de 2002 ya se había precluído esta investigación y no se habían encontrado nuevos elementos de prueba.

Según el fiscal segundo de la Unidad de Extinción de Dominio, “las pruebas recaudadas a lo largo de más de tres años en que se ha prolongado la presente fase inicial, carecen de identidad”. Asimismo, advirtió que en 2002 ya se habían presentado estudios financieros realizados por peritos del CTI sobre activos fijos de la universidad Manuela Beltrán, los recursos que a ella llegaron y los extractos económicos de Alfonso Beltrán que no evidencian irregularidad alguna y que concuerdan con los archivos originales contables, por lo que “no hay incremento patrimonial por justificar”.

El segundo proceso que enredaba a cinco directivos de la Universidad Manuela Beltrán –entre ellos el fundador y el exrector– se trataba de una supuesta estafa, hurto, falsificación de documentos y abuso de confianza que habrían cometido estas personas contra un grupo de accionistas del club campestre Los Andes. Todo inició el 31 de agosto de 2004 cuando la institución educativa compró todos los derechos activos de los socios del club –el número de miembros había disminuido significativamente porque estaban en quiebra y muchos de ellos no pagaron las cuotas de sostenimiento– por un monto de más de $2.000 millones. Pero el negocio fue aún más grande, ya que la universidad Manuela Beltrán terminó comprando seis bienes en los que funcionaban las sedes del club con el fin de construir más instalaciones.

Fue entonces que antiguos socios del club, quienes desde un tiempo atrás habían perdido su calidad de asociados por el no pago de la membresía, demandaron al centro educativo reclamando “la compra de sus supuestos derechos preferenciales especiales y de inversión” que, según ellos, tenían. Según los demandantes, la universidad Manuela Beltrán se aprovechó de la crisis financiera del club campestre Los Andes para quedarse con todas las propiedades. Sin embargo, el fiscal 25 delegado ante el Tribunal de Bogotá, quien ratificó la decisión de primera instancia de precluir el caso, manifestó que los demandantes no habían aportado nuevas pruebas que permitieran inferir que los directivos habían incurrido en una serie de delitos.

Para el fiscal, las pretensiones de los demandantes que impugnaron el fallo de primera instancia son “simples peticiones, pues no expresan ningún punto de disenso contra la mencionada providencia (…) se limitan a solicitar la apertura de la investigación por los referidos delitos, razón por la cual se desmentirán de plano tales pedimentos por falta de sustentación”. Agregó el funcionario judicial que “no existe la más mínima prueba de que los procesados se hubieran apoderado de muebles ajenos que pertenecieran al club campestre Los Andes y/o que hayan faltado a la verdad en las negociaciones comerciales”. Finalmente, el fiscal del caso determinó que los exsocios del club no tenían derecho a realizar esos reclamos ya que habían sido excluidos por el no pago de las cuotas de mantenimiento.

Así se cierra el capítulo que enredaba a directivos de la Universidad Manuela Beltrán. De esta manera, el hoy exrector Alfonso Beltrán Ballesteros no tiene ningún proceso penal ni judicial en curso en su contra.