Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta piden ayuda para controlar invasión al territorio

Las comunidades indígenas Arhuacas de asentamientos ubicados en la cuenca del río Don Diego, conocido como “La Troncal del Caribe”, en jurisdicción del Distrito de Santa Marta, solicitaron la ayuda urgente de las autoridades y del Gobierno Nacional luego de que un grupo de personas ingresaran al predio Don Diego, en el sector de la Lengüeta salida al mar, para iniciar posesión ilegal de estos terrenos que pertenecen, que hacen parte del área protegida Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, que colinda con el Parque Nacional Natural Tayrona.

Los residentes de los asentamientos de Bunkwimake, Seykwanamake, Jiwa, Kandumake, Aty Gumake y Katunsama, manifiestan que el 19 de agosto, a las 9:00 p.m., entre 300 y 1.200 personas ingresaron al predio Don Diego, que se encuentra en proceso de extinción de dominio por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y está bajo custodia de la Unidad Nacional de Parques Naturales (PNN), en coordinación con el gobernador Arhuaco del cabildo Magdalena-Guajira, para conservación de esa reserva natural.

“¿Quiénes están realmente detrás de esta acción por apoderarse del territorio indígena y de la Reserva Natural? Muy seguramente el Ministerio de Defensa tiene la respuesta, porque es bien conocido el dicho que en la Troncal del Caribe no se mueve una hoja sin el permiso de las fuerzas ilegales. Incluso, hay varios centenares de personas que participan de esta acción han sido traídos de otras ciudades”, señalaron las comunidades indígenas, a través de un comunicado.

(Lea también: ¿Por qué se agudizó la violencia en la Sierra Nevada?)

Agregaron que, junto con la pérdida del control territorial del Estado, existe un incumplimiento por parte del Gobierno Nacional a los acuerdos que han construido durante años con los campesinos legítimos de la región para que se les reconozcan sus derechos sociales, productivos, al trabajo y al acceso a la tierra, derechos que han sido respaldados por el pueblo Arhuaco. Sin embargo, señalaron que, ni el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, ni el gobierno de Iván Duque han cumplido con esos compromisos.

Ante esta nueva situación, indicaron las comunidades que, el 21 de agosto, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y la alcaldesa de Santa Marta, Virna Jhonson, convocaron una mesa de trabajo en la que participaron el comandante de la Brigada del Ejército y el comandante de la Policía, así como otros representantes de entidades públicas y comunidades indígenas. “Debemos registrar también que la fuerza pública y diversas instituciones hicieron presencia en el área para desarrollar diálogos con personas que adelantan la invasión”, indicaron.

No obstante, que “la relativa pasividad” del gobernador y la alcaldesa para adelantar el desalojo de estas personas se convierte en un incentivo para que continúen con su propósito de invadir los terrenos y obliga a los Arhuacos a que se movilicen en defensa de su territorio. Ante las insistentes peticiones de las comunidades indígenas para que controle la situación, el gobernador Caicedo invitó al Gobierno Nacional para que use sus capacidades en aras de restablecer el orden público y la seguridad en la región.

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El mensaje de los pueblos indígenas de la Troncal del Caribe se extendió hasta el presidente Iván Duque a quien le solicitaron que se pronuncie y se manifieste ante este nuevo desafío en la región. “El Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Parques Naturales han adoptado una actitud negligente y pasiva para adelantar acciones integrales en la Sierra Nevada de Santa Marta. Incluso, y como se ha manifestado en otras ocasiones, el modelo de negocios turísticos del Parque Tayrona, que desea concesionar por 23 años la Unidad de Parques Nacionales reproduce negativamente este estado de cosas”.

Concluyeron que, aunque han atendido las medidas orientadas desde el Gobierno Nacional por la presencia del Covid-19 en la región, aún así se ven en riesgo de exterminio físico y cultural por el ingreso de innumerables personas que atentan contra el territorio, violentando las medidas de cuarentena y que podrían ocasionar, además de la tragedia ambiental, el “etnocidio de nuestro pueblo”.

Por todo lo anterior, el cabildo Arhuaco solicitó le solicitó una vez más al Gobierno Nacional desalojar a los invasores y restablecer los derechos territoriales de indígenas, campesinos y de la nación; restablecer la seguridad y el orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta; cumplir con los compromisos pactados con los campesinos de la región para restablecer sus derechos a la salud, la educación, el trabajo productivo y el acceso a la tierra.

Por último, insistieron en la necesidad de instalar una Mesa Técnica Nacional para implementar el Plan de Atención en Salud para el control del COVID-19 en este territorio, así como implementar el programa de seguridad alimentaria para los pueblos indígenas. “Inexplicablemente, el Ministerio del Interior y de Salud han incumplido este compromiso con la región desde el 6 de agosto fecha en que falleció el Gobernador del pueblo kogui, José de los Santos Sauna. Desde entonces, se han seguido confirmando casos de Covid en miembros de las comunidades indígenas sin que se adelante por parte del Gobierno Nacional ninguna labor en el territorio”.

(Noticia relacionada: Muere por coronavirus el gobernador de la comunidad indígena Kogui)

Las comunidades indígenas Arhuacas de asentamientos ubicados en la cuenca del río Don Diego, conocido como “La Troncal del Caribe”, en jurisdicción del Distrito de Santa Marta, solicitaron la ayuda urgente de las autoridades y del Gobierno Nacional luego de que un grupo de personas ingresaran al predio Don Diego, en el sector de la Lengüeta salida al mar, para iniciar posesión ilegal de estos terrenos que pertenecen, que hacen parte del área protegida Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, que colinda con el Parque Nacional Natural Tayrona.

Los residentes de los asentamientos de Bunkwimake, Seykwanamake, Jiwa, Kandumake, Aty Gumake y Katunsama, manifiestan que el 19 de agosto, a las 9:00 p.m., entre 300 y 1.200 personas ingresaron al predio Don Diego, que se encuentra en proceso de extinción de dominio por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y está bajo custodia de la Unidad Nacional de Parques Naturales (PNN), en coordinación con el gobernador Arhuaco del cabildo Magdalena-Guajira, para conservación de esa reserva natural.

“¿Quiénes están realmente detrás de esta acción por apoderarse del territorio indígena y de la Reserva Natural? Muy seguramente el Ministerio de Defensa tiene la respuesta, porque es bien conocido el dicho que en la Troncal del Caribe no se mueve una hoja sin el permiso de las fuerzas ilegales. Incluso, hay varios centenares de personas que participan de esta acción han sido traídos de otras ciudades”, señalaron las comunidades indígenas, a través de un comunicado.

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Agregaron que, junto con la pérdida del control territorial del Estado, existe un incumplimiento por parte del Gobierno Nacional a los acuerdos que han construido durante años con los campesinos legítimos de la región para que se les reconozcan sus derechos sociales, productivos, al trabajo y al acceso a la tierra, derechos que han sido respaldados por el pueblo Arhuaco. Sin embargo, señalaron que, ni el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, ni el gobierno de Iván Duque han cumplido con esos compromisos.

Ante esta nueva situación, indicaron las comunidades que, el 21 de agosto, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y la alcaldesa de Santa Marta, Virna Jhonson, convocaron una mesa de trabajo en la que participaron el comandante de la Brigada del Ejército y el comandante de la Policía, así como otros representantes de entidades públicas y comunidades indígenas. “Debemos registrar también que la fuerza pública y diversas instituciones hicieron presencia en el área para desarrollar diálogos con personas que adelantan la invasión”, indicaron.

No obstante, que “la relativa pasividad” del gobernador y la alcaldesa para adelantar el desalojo de estas personas se convierte en un incentivo para que continúen con su propósito de invadir los terrenos y obliga a los Arhuacos a que se movilicen en defensa de su territorio. Ante las insistentes peticiones de las comunidades indígenas para que controle la situación, el gobernador Caicedo invitó al Gobierno Nacional para que use sus capacidades en aras de restablecer el orden público y la seguridad en la región.

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El mensaje de los pueblos indígenas de la Troncal del Caribe se extendió hasta el presidente Iván Duque a quien le solicitaron que se pronuncie y se manifieste ante este nuevo desafío en la región. “El Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Parques Naturales han adoptado una actitud negligente y pasiva para adelantar acciones integrales en la Sierra Nevada de Santa Marta. Incluso, y como se ha manifestado en otras ocasiones, el modelo de negocios turísticos del Parque Tayrona, que desea concesionar por 23 años la Unidad de Parques Nacionales reproduce negativamente este estado de cosas”.

Concluyeron que, aunque han atendido las medidas orientadas desde el Gobierno Nacional por la presencia del Covid-19 en la región, aún así se ven en riesgo de exterminio físico y cultural por el ingreso de innumerables personas que atentan contra el territorio, violentando las medidas de cuarentena y que podrían ocasionar, además de la tragedia ambiental, el “etnocidio de nuestro pueblo”.

Por todo lo anterior, el cabildo Arhuaco solicitó le solicitó una vez más al Gobierno Nacional desalojar a los invasores y restablecer los derechos territoriales de indígenas, campesinos y de la nación; restablecer la seguridad y el orden público en la Sierra Nevada de Santa Marta; cumplir con los compromisos pactados con los campesinos de la región para restablecer sus derechos a la salud, la educación, el trabajo productivo y el acceso a la tierra.

Por último, insistieron en la necesidad de instalar una Mesa Técnica Nacional para implementar el Plan de Atención en Salud para el control del COVID-19 en este territorio, así como implementar el programa de seguridad alimentaria para los pueblos indígenas. “Inexplicablemente, el Ministerio del Interior y de Salud han incumplido este compromiso con la región desde el 6 de agosto fecha en que falleció el Gobernador del pueblo kogui, José de los Santos Sauna. Desde entonces, se han seguido confirmando casos de Covid en miembros de las comunidades indígenas sin que se adelante por parte del Gobierno Nacional ninguna labor en el territorio”.

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