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Este lunes comienza el juicio contra Francisco Ricaurte, expresidente y de la Corte Suprema de Justicia, vinculado al escándalo del cartel de la toga. Desde diciembre de 2017 Ricaurte fue llamado a juicio por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, cargos que el exmagistrado no aceptó y, cada vez que puede, insiste en su inocencia. Luego de varias dilaciones, el juicio por fin comienza.
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Ricaurte se vio sumido en el escándalo de sobornos que involucra a varios exmagistrados de la Corte por cuenta de las declaraciones del condenado exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno. Según Moreno, excongresistas como Álvaro Ashton y Musa Besaile, entre muchos otros, pagaron dineros para que se frenaran o archivaran procesos en la Sala Penal de la Corte y parte de esos dineros habrían llegado a los exmagistrados.
Entre lo dicho por Moreno a la Fiscalía y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, hubo varios señalamientos contra Ricaurte, a quien se refería como "Pacho". Pero, puntualmente, lo que se le endilga es que junto al también exmagistrado Leonidas Bustos, a Moreno y a un colega de este, Leonardo Pinilla (también preso por estos hechos) "dirigieron una organización criminal (...) dedicada a cometer delitos indeterminados que afectaron la seguridad pública y la administración pública" amañando procesos penales en la Corte, reza el escrito de acusación que le leyeron a Ricaurte hace casi dos años.
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Según la Fiscalía, la organización nació en 2013 en una reunión en que Bustos presentó a Ricaurte con Moreno, quien por entonces era un abogado independiente que, tres años más tarde, llegaría a ser jefe anticorrupción de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Ricaurte y Bustos, sostuvo el ente investigador en su momento, "eran quienes tenían los contactos, generalmente políticos, especialmente congresistas y gobernadores", pues sus casos los llevaba la Corte Suprema.
Supuestamente, Ricaurte manipuló de esta manera los expedientes que cursaban en la Corte en contra de Ashton, Besaile y el exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, entre otros. En el caso de Ashton, según la Fiscalía, Ricaurte cuadró el pago a cambio de frenar una orden de captura en contra del excongresista por parapolítica y le ordenó al exfiscal Moreno recibir el dinero. Sobre Besaile se sabe, porque él mismo lo confesó, que pagó $2.000 millones para evitar que la Corte abriera una investigación formal en su contra. Sobre Abadía, la Fiscalía señala que Ricaurte se puso de acuerdo con el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Alfredo Bettin (quien ya aceptó su participación), para embolatar una imputación de cargos.
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En el escrito de acusación se agregó: "La manera de manejar los procesos era diversa e incluía estrategias como conseguir y utilizar la información privilegia que obtenían de los procesos, retardar los trámites, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, alteración de evidencias, todo con el objetivo de obtener decisiones con apariencia de legalidad que favorecían a los que ellos denominaban sus 'clientes'". Y, según se supo en ese momento, "todo lo anterior con la intervención de los funcionarios del más alto nivel que tenían a su cargo el manejo de los procesos".
El exmagistrado Ricaurte ha negado tajantemente haber hecho parte del entramado ilegal, así como haber solicitado información sobre algún caso o haberle pedido al abogado y exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno que le pidiera plata a Ashton o a Besaile. “Nunca hice una averiguación con relación con ese tema y jamás me hubiera atrevido a hacer una averiguación de eso. La sala penal era impenetrable a cualquier averiguación (...) Jamás yo le dije o sugerí a Moreno que le pidiera suma alguna al senador Musa Besaile. Ni tengo conocimiento de las reuniones que tuvo Moreno con Musa”, señaló recientemente, durante el juicio a Gustavo Malo por este mismo escándalo de corrupción.