Asesinan a guardia del Inpec tras terminar turno en cárcel de Barranquilla

Un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), identificado como Valentín Payares Pertúz, fue asesinado a balazos este jueves en la carrera 8G con calle 98, en el barrio Las Malvinas de Barranquilla (Atlántico). El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando Payares se dirigía a su vivienda tras terminar su turno en la centro carcelario El Bosque.

Lea también: Asesinan a guardia del Inpec en la entrada de centro penitenciario en Buga

Según los primeros reportes, fue interceptado por hombres armados que se desplazaban en motocicleta, quienes le dispararon antes de huir del lugar. El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía de Barranquilla, indicó que están revisando todos los posibles factores que pudieran estar relacionados con el crimen, como por ejemplo amenazas previas en contra del guardia.

El Espectador hablo con Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), sindicato del Inpec, quien manifestó que “en este momento los trabajadores penitenciarios somos los que estamos viendo la emergencia carcelaria. Desde este gobierno van 17 guardianes asesinados por bandas criminales en la modalidad de sicariato” y la razón de este aumento, declaró Robayo, se debe al fortalecimiento por parte del Inpec para retomar el control de las cárceles.

Desde febrero de este año, el gobierno de Gustavo Petro declaró una emergencia carcelaria en todos los centros penitenciarios del país, en respuesta a los continuos ataques contra el personal del Inpec en ciudades como Cartagena, Jamundí y Tuluá. Esta decisión permite adoptar diversas medidas presupuestarias y de seguridad, además de solicitar apoyo adicional de la fuerza pública para fortalecer la vigilancia en las cárceles.

Lea también: Piden a Minjusticia medidas para proteger a los funcionarios del INPEC

En ese momento, el entonces ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, detalló que la emergencia se basa en dos tipos de acciones: el primer grupo está dirigido a garantizar la protección de la vida, la libertad y el trabajo seguro de los funcionarios del Inpec. El segundo grupo se enfoca en combatir la extorsión desde las cárceles y erradicar la corrupción dentro del sistema penitenciario.

El presidente de la UTP, Óscar Robayo, señaló que le gobierno Duque fue “muy lapso” en cuanto a las directrices del Inpec. Ahora, la “Dirección General del Inpec ha realizado una gestión importante para retomar de los establecimientos carcelarios, el ataque a las bandas criminales y a la extorsión de celular”. Además, sobre la crisis carcelaria, mencionó que esta se presenta en los “servicios básicos de los privados de la libertad que son la alimentación, la salud, y todos estos servicios primarios que los prestan empresas privadas que no tienen preocupación por prestar un buen servicio, sino por ejecutar contratos”.

Robayo también declaró que con el exministro de Justicia, Néstor Osuna, se había construido una reforma de justicia en la cual se pretendía fusionar el Inpec y la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). No obstante, “la nueva ministra no ha ejercido este proceso, y vemos que no se ha radicado ante el Congreso de la República. Además, nosotros hemos solicitado al presidente de la República y la ministra de Trabajo que se inicie con el tema del régimen pensional de los funcionarios del Cuerpo de custodia. No es posible que los funcionarios del Inpec tengan que cuidar privados de la libertad hasta los 55 años, o hasta los 62 años, como se plantean a los que ingresaron el año anterior”, criticó.

El dragoneante Valentín Payares Pertúz era un policía judicial que lleva 23 años en el Inpec. De acuerdo con Robayo, era un funcionario con una hoja de vida “intachable”, en una de las cárceles más peligrosas del país. Su muerte, en palabras del presidente de UTP, es un claro ejemplo de falta de políticas de garantías, que se sustenta a su vez en que no se ha expedido el decreto de la prima de riesgo de los funcionarios del Inpec. “Hay que unificar los criterios porque hay tres regímenes pensionales. Nosotros hemos visto que somos los funcionarios públicos más asesinados en Colombia, y pues eso merece un tratamiento especial” finalizó Robayo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), identificado como Valentín Payares Pertúz, fue asesinado a balazos este jueves en la carrera 8G con calle 98, en el barrio Las Malvinas de Barranquilla (Atlántico). El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, cuando Payares se dirigía a su vivienda tras terminar su turno en la centro carcelario El Bosque.

Lea también: Asesinan a guardia del Inpec en la entrada de centro penitenciario en Buga

Según los primeros reportes, fue interceptado por hombres armados que se desplazaban en motocicleta, quienes le dispararon antes de huir del lugar. El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía de Barranquilla, indicó que están revisando todos los posibles factores que pudieran estar relacionados con el crimen, como por ejemplo amenazas previas en contra del guardia.

El Espectador hablo con Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), sindicato del Inpec, quien manifestó que “en este momento los trabajadores penitenciarios somos los que estamos viendo la emergencia carcelaria. Desde este gobierno van 17 guardianes asesinados por bandas criminales en la modalidad de sicariato” y la razón de este aumento, declaró Robayo, se debe al fortalecimiento por parte del Inpec para retomar el control de las cárceles.

Desde febrero de este año, el gobierno de Gustavo Petro declaró una emergencia carcelaria en todos los centros penitenciarios del país, en respuesta a los continuos ataques contra el personal del Inpec en ciudades como Cartagena, Jamundí y Tuluá. Esta decisión permite adoptar diversas medidas presupuestarias y de seguridad, además de solicitar apoyo adicional de la fuerza pública para fortalecer la vigilancia en las cárceles.

Lea también: Piden a Minjusticia medidas para proteger a los funcionarios del INPEC

En ese momento, el entonces ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, detalló que la emergencia se basa en dos tipos de acciones: el primer grupo está dirigido a garantizar la protección de la vida, la libertad y el trabajo seguro de los funcionarios del Inpec. El segundo grupo se enfoca en combatir la extorsión desde las cárceles y erradicar la corrupción dentro del sistema penitenciario.

El presidente de la UTP, Óscar Robayo, señaló que le gobierno Duque fue “muy lapso” en cuanto a las directrices del Inpec. Ahora, la “Dirección General del Inpec ha realizado una gestión importante para retomar de los establecimientos carcelarios, el ataque a las bandas criminales y a la extorsión de celular”. Además, sobre la crisis carcelaria, mencionó que esta se presenta en los “servicios básicos de los privados de la libertad que son la alimentación, la salud, y todos estos servicios primarios que los prestan empresas privadas que no tienen preocupación por prestar un buen servicio, sino por ejecutar contratos”.

Robayo también declaró que con el exministro de Justicia, Néstor Osuna, se había construido una reforma de justicia en la cual se pretendía fusionar el Inpec y la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). No obstante, “la nueva ministra no ha ejercido este proceso, y vemos que no se ha radicado ante el Congreso de la República. Además, nosotros hemos solicitado al presidente de la República y la ministra de Trabajo que se inicie con el tema del régimen pensional de los funcionarios del Cuerpo de custodia. No es posible que los funcionarios del Inpec tengan que cuidar privados de la libertad hasta los 55 años, o hasta los 62 años, como se plantean a los que ingresaron el año anterior”, criticó.

El dragoneante Valentín Payares Pertúz era un policía judicial que lleva 23 años en el Inpec. De acuerdo con Robayo, era un funcionario con una hoja de vida “intachable”, en una de las cárceles más peligrosas del país. Su muerte, en palabras del presidente de UTP, es un claro ejemplo de falta de políticas de garantías, que se sustenta a su vez en que no se ha expedido el decreto de la prima de riesgo de los funcionarios del Inpec. “Hay que unificar los criterios porque hay tres regímenes pensionales. Nosotros hemos visto que somos los funcionarios públicos más asesinados en Colombia, y pues eso merece un tratamiento especial” finalizó Robayo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.