Asesinan en Cali a líder social que había sido desplazado de Nariño por amenazas

Este 9 de abril, día Nacional de la Memoria de las Víctimas del conflicto armado fue asesinado en el barrio La Paz de Cali el líder social Luis Alberto Quiñones Cortés. Aunque su hogar realmente era el municipio de Magüi Payán, en Nariño, fue desplazado forzadamente hacia el Valle, según señaló en un comunicado la ong Indepaz, y este fin de semana hombres armados acabaron con su vida en un establecimiento de comercio.

(Lea también: 33 líderes sociales fueron asesinados en el primer trimestre de 2023, según HRW)

Según la organización, Luis Alberto Quiñones Cortés, que “era un reconocido líder y actual representante legal del consejo comunitario La Voz de los Negros”, se convierte en el líder social número 42 en ser asesinado en lo que va de 2023 y en el número 1.451 desde la firma del Acuerdo de Paz. Al parecer, previo a su asesinato había recibido nuevas amenazas, situación que fue puesta en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La entidad contestó a este señalamiento en redes sociales: “El líder tenía medidas de protección de la UNP en Florida, Valle. Los escoltas no fueron informados del desplazamiento de Quiñones Cortés a Cali. Pedimos a las autoridades celeridad en la investigación y acompañamos a la familia en su duelo”.

(Le puede interesar: En Arauca los líderes sociales siguen en riesgo de exterminio)

La Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense rechazó en un comunicado el asesinato de Quiñones Cortés y le exigió al Gobierno de Gustavo Petro “observancia” de las alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo, “para garantizar el respeto por la integridad y la vida de cada habitante en el pacífico nariñense, especialmente el de sus líderes, lideresas y autoridades”. Asimismo, lanzaron un llamado a la UNP a que evalúe las medidas de protección colectivas de consejos comunitarios de la zona y a la Fiscalía, para que esclarezca lo ocurrido.

(Lea también: La exigencia de la Procuraduría al Gobierno para proteger a los líderes sociales)

Indepaz explicó en su comunicado que en ambos municipios hay alertas de la Defensoría del Pueblo por la vulnerabilidad en la que está la población civil. En el caso de Magüi Payán, en 2022 el ente humanitario expidió una advertencia sobre el desplazamiento forzado que sufrieron varios consejos comunitarios de la zona ante la incursión y disputa de grupos armados. Entre los afectados estaba el consejo que presidía Quiñones Cortés. Sobre Cali, la Defensoría alertó, también en 2022, de los vacíos en la respuesta institucional y la falta de confianza en el Estado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Este 9 de abril, día Nacional de la Memoria de las Víctimas del conflicto armado fue asesinado en el barrio La Paz de Cali el líder social Luis Alberto Quiñones Cortés. Aunque su hogar realmente era el municipio de Magüi Payán, en Nariño, fue desplazado forzadamente hacia el Valle, según señaló en un comunicado la ong Indepaz, y este fin de semana hombres armados acabaron con su vida en un establecimiento de comercio.

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Según la organización, Luis Alberto Quiñones Cortés, que “era un reconocido líder y actual representante legal del consejo comunitario La Voz de los Negros”, se convierte en el líder social número 42 en ser asesinado en lo que va de 2023 y en el número 1.451 desde la firma del Acuerdo de Paz. Al parecer, previo a su asesinato había recibido nuevas amenazas, situación que fue puesta en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

La entidad contestó a este señalamiento en redes sociales: “El líder tenía medidas de protección de la UNP en Florida, Valle. Los escoltas no fueron informados del desplazamiento de Quiñones Cortés a Cali. Pedimos a las autoridades celeridad en la investigación y acompañamos a la familia en su duelo”.

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La Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense rechazó en un comunicado el asesinato de Quiñones Cortés y le exigió al Gobierno de Gustavo Petro “observancia” de las alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo, “para garantizar el respeto por la integridad y la vida de cada habitante en el pacífico nariñense, especialmente el de sus líderes, lideresas y autoridades”. Asimismo, lanzaron un llamado a la UNP a que evalúe las medidas de protección colectivas de consejos comunitarios de la zona y a la Fiscalía, para que esclarezca lo ocurrido.

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Indepaz explicó en su comunicado que en ambos municipios hay alertas de la Defensoría del Pueblo por la vulnerabilidad en la que está la población civil. En el caso de Magüi Payán, en 2022 el ente humanitario expidió una advertencia sobre el desplazamiento forzado que sufrieron varios consejos comunitarios de la zona ante la incursión y disputa de grupos armados. Entre los afectados estaba el consejo que presidía Quiñones Cortés. Sobre Cali, la Defensoría alertó, también en 2022, de los vacíos en la respuesta institucional y la falta de confianza en el Estado.

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