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El penalista Francisco Bernate, abogado de la familia del asesinado fiscal paraguayo Marcelo Pecci, acaba de entregar unas declaraciones que abren la puerta a otro escenario judicial sobre el magnicidio perpetrado en mayo de 2022 en Colombia. En entrevista con Focus Noticias, el abogado señaló que, desde hoy, está en Colombia una comisión de funcionarios judiciales de los Estados Unidos que buscan entrevistar a los sicarios del fiscal antimafia, quien fue asesinado en la isla Barú y al frente de su esposa, Claudia Aguilera.
De acuerdo con Bernate, la comitiva está compuesta por agentes de la DEA y fiscales de ese país, quienes abrieron una investigación sobre si el asesinato de Pecci tuvo que ver con procesos que adelantaba el fiscal paraguayo con casos de narcotráfico transnacional. De acuerdo con el medio de comunicación, el testigo estrella del caso, Francisco Correa, también será entrevistado por la DEA y los fiscales estadounidenses.
Según Bernate, no tenía conocimiento de que la justicia de los Estados Unidos estuviera adelantando acciones judiciales sobre este caso, pero señalan que es una gran justicia que los Estados Unidos estén tras la pista del determinador (actor intelectual) de este asesinato, perpetrado por dos hombres que se movían en un jet sky. Para Bernate este crimen podría estar relacionado con narcotraficantes que también estaban en la mira de los Estados Unidos.
El medio también señaló que también será escuchada Margareth Chacón, quien fue condenada a 39 años y 10 meses de prisión por hacer parte de una red criminal que perpetró el asesinato del fiscal antimafia Pecci. La Fiscalía señaló durante el proceso que la mujer sabía al detalle los pormenores de cómo se iba a ejecutar el crimen. “Participaba en las reuniones de coordinación, no solamente en Cartagena, sino en Medellín”, explicó el ente investigador durante las audiencias del caso.
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Chacón fue condenada por los delitos de homicidio agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La investigación reveló que asistió a, por lo menos, cuatro reuniones entre el 5 y 8 de mayo de 2022, en las que se definieron detalles de logística y financiamiento del asesinato. Uno de los encuentros sucedió en Medellín y tres más en Cartagena.
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