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La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo un llamado a los hermanos Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, a rendir versión sobre los hechos ocurridos en Ituango (Antioquia), entre 1996 y 1999, donde grupos paramilitares habrían contado con el apoyo de la fuerza pública y civiles para perpetrar graves crímenes en la región. Las declaraciones de los hermanos estarán enmarcadas en el Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga crímenes cometidos durante el conflicto armado por miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado, en colaboración con paramilitares y civiles.
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Los Angulo Osorio, quienes están sometidos a la Jurisdicción como terceros civiles, en 2013 fueron condenados por el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, crimen cometido el 27 de febrero de 1998 en Medellín (Antioquia). Esta sentencia fue ratificada en 2017 por el Tribunal Superior de Medellín.
Asimismo, habían sido investigados en la justicia ordinaria por su presunta responsabilidad en delitos como homicidio agravado, secuestro, terrorismo, desplazamiento forzado y acceso carnal violento, entre otros, en su participación en la masacre de El Aro (octubre de 1997) y en la masacre de La Granja (junio de 1996), ambas perpetradas por el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En sus solicitudes de sometimiento a la JEP, los hermanos expresaron su voluntad de contribuir al esclarecimiento de los hechos relacionados con las masacres de El Aro, en la que murieron 17 personas según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y La Granja, donde fueron asesinadas cuatro personas, así como el homicidio del abogado Valle Jaramillo.
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La citación fue realizada por los magistrados Óscar Parra Vera y Gustavo Salazar Arbeláez, con el objetivo de desentrañar los patrones criminales y la estructura detrás de estos hechos atroces. La JEP espera que los testimonios ayuden a reconstruir cómo la expansión de las AUC en Ituango, con apoyo de la fuerza pública y financiamiento de terceros civiles, contribuyó a la violencia en la zona.
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