Asesinato que enreda al coronel Churio

En una reciente decisión de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía se ordenó dictar medida de aseguramiento contra el teniente coronel Félix Gabriel Churio Marcucci, un oficial del Ejército que fue señalado por sus propios soldados de ser responsable de una ejecución extrajudicial en el barrio París del municipio de Bello (Antioquia) en 2006. Junto a él, también fue recluido en una cárcel el sargento (r) Luis Bernardo Ramos Descanse, quien, según el ente investigador, trabajaba en inteligencia y era el encargado de organizar los falsos operativos para dar de bajas a civiles y presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

La historia que hoy enreda a Churio Marcucci y a Ramos Descanse ocurrió en plena época decembrina hace poco más de ocho años. El 26 de diciembre de 2006, un grupo de antiguerrilla del Batallón General Pedro Justo Berrío del Ejército en Bello, comandando por el subteniente Gerson Castillo Galvis, consignó en un informe que en la noche de ese día se había presentado un enfrentamiento con miembros de las Farc que planeaban un atentado terrorista. Asimismo, registraron que, supuestamente, uno de los subversivos, identificado como Rigoberto Mesa Cardona, había sido ultimado.

En un principio los únicos que denunciaron que todo se trataba de un homicidio fueron el hermano y la pareja sentimental de la víctima. Sin embargo, el caso empezó a tomar forma hace dos años, luego de que la Fiscalía iniciara sus pesquisas y les tomara declaraciones a los soldados que esa noche estuvieron cumpliendo con una orden emitida desde el comando central —el segundo al mando era el coronel Churio—, quienes advirtieron que todo se trataba de una ejecución de un civil y no de un operativo militar que buscaba enfrentar a cinco miembros de las Farc.

La operación ‘Élite’ de la misión táctica ‘Dinastía’ —esos fueron los nombres claves que le dio Churio Marcucci al operativo— se basó en una información de inteligencia que había entregado el sargento (r) Ramos Descanse. Según este último, una facción de las Farc intentaría destruir una torre de energía, por lo que se ordenó enviar una patrulla al sector. Sin embargo, todo resultó ser un falso operativo que montó este hombre con el fin de demostrar resultados operacionales. Así lo han venido denunciando tres soldados profesionales y dos suboficiales que han colaborado con la justicia desde septiembre de 2013.

Los primeros en declarar fueron los soldados profesionales Eliber Chalarca y Sergio Alejandro Ruiz Arenas. Ambos participaron en el crimen de Rigoberto Mesa y manifestaron que el coronel Churio tenía conocimiento preciso de todos los movimientos que realizaba la unidad, ya que era el jefe de operaciones del Batallón. El suboficial Juan Andrés Álvarez Guerrero ratificó la versión de los uniformados y agregó que Churio Marcucci firmaba las órdenes de operaciones y que solicitaba únicamente resultados, sin importar de qué manera los consiguieran. Este último militar agregó que tanto Ruiz como Chalarca eran muy cercanos con los comandantes.

Álvarez Guerrero también contó el 26 de septiembre de 2013 que “el sargento Ramos era conocedor de cómo y dónde salían las informaciones y de cómo se obtenían resultados, así como las funciones que cumplían en el momento de perpetrar los hechos, que consistían en llamar a la Fiscalía para el levantamiento de cadáveres y pasar un informe para el pago de recompensa. Los dineros eran legalizados por Ramos y un mayor, y con estos se les pagaban a los miembros de autodefensas, ya que ellos suministraban víctimas”.

Para la Fiscalía, otro de los testimonios fundamentales es el del soldado Wílder Alfonso Higuita Valle, quien el 3 de febrero de este año aseguró que había una abogada de nombre María Teresa Vélez, quien intervenía en las investigaciones para que sus declaraciones no afectaran a los comandantes del batallón, entre los que se encontraba Churio. “Mentir para cubrirles la espalda”, precisó Higuita. “Los soldados Higuita Valle y Ruiz Arenas y el suboficial Guerrero encontraron reparos en la actuación de sus comandantes, pues no es gratuito que digan que se les preparaba para mentir a la justicia con base en favorecer a quienes lideraban las operaciones militares”, puntualizó el ente investigador.

Mientras que el sargento Ramos decidió no musitar palabras durante los interrogatorios de la Fiscalía, el coronel Churio Marcucci argumentó que todo se trataba de un montaje de parte de unos soldados con los que tenía enemistad y que sus colaboradores, especialmente Ramos, lo habían engañado. “(Churio Marcucci) cuando se declara inocente no tiene ninguna lógica ni amerita credibilidad, puesto que esa ajenidad a los hechos la desvirtúan las pruebas (…) Se ejecutó a una persona en un acto cobarde, con el propósito de dar resultados operacionales y acrecentar estadísticas (…) La responsabilidad del oficial resulta seria y gravemente comprometida”, fueron las palabras de la Fiscalía para arrestar al oficial.

Este no es el único caso por el cual ha sido cuestionado el coronel Churio, ya que también fue investigado por la muerte de Julio Arol Martínez, un campesino de Pauna (Boyacá) que murió producto de una explosión ocasionada por un comando del Ejército en 1995. En ese entonces, Churio era uno de los líderes de la tropa. Asimismo, la Unidad de Derechos Humanos tiene en el radar a este polémico oficial por declaraciones de otros uniformados que lo han relacionado con más casos de ejecuciones extrajudiciales.

smartinezg@elespectador.com

@santsmartinez

En una reciente decisión de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía se ordenó dictar medida de aseguramiento contra el teniente coronel Félix Gabriel Churio Marcucci, un oficial del Ejército que fue señalado por sus propios soldados de ser responsable de una ejecución extrajudicial en el barrio París del municipio de Bello (Antioquia) en 2006. Junto a él, también fue recluido en una cárcel el sargento (r) Luis Bernardo Ramos Descanse, quien, según el ente investigador, trabajaba en inteligencia y era el encargado de organizar los falsos operativos para dar de bajas a civiles y presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

La historia que hoy enreda a Churio Marcucci y a Ramos Descanse ocurrió en plena época decembrina hace poco más de ocho años. El 26 de diciembre de 2006, un grupo de antiguerrilla del Batallón General Pedro Justo Berrío del Ejército en Bello, comandando por el subteniente Gerson Castillo Galvis, consignó en un informe que en la noche de ese día se había presentado un enfrentamiento con miembros de las Farc que planeaban un atentado terrorista. Asimismo, registraron que, supuestamente, uno de los subversivos, identificado como Rigoberto Mesa Cardona, había sido ultimado.

En un principio los únicos que denunciaron que todo se trataba de un homicidio fueron el hermano y la pareja sentimental de la víctima. Sin embargo, el caso empezó a tomar forma hace dos años, luego de que la Fiscalía iniciara sus pesquisas y les tomara declaraciones a los soldados que esa noche estuvieron cumpliendo con una orden emitida desde el comando central —el segundo al mando era el coronel Churio—, quienes advirtieron que todo se trataba de una ejecución de un civil y no de un operativo militar que buscaba enfrentar a cinco miembros de las Farc.

La operación ‘Élite’ de la misión táctica ‘Dinastía’ —esos fueron los nombres claves que le dio Churio Marcucci al operativo— se basó en una información de inteligencia que había entregado el sargento (r) Ramos Descanse. Según este último, una facción de las Farc intentaría destruir una torre de energía, por lo que se ordenó enviar una patrulla al sector. Sin embargo, todo resultó ser un falso operativo que montó este hombre con el fin de demostrar resultados operacionales. Así lo han venido denunciando tres soldados profesionales y dos suboficiales que han colaborado con la justicia desde septiembre de 2013.

Los primeros en declarar fueron los soldados profesionales Eliber Chalarca y Sergio Alejandro Ruiz Arenas. Ambos participaron en el crimen de Rigoberto Mesa y manifestaron que el coronel Churio tenía conocimiento preciso de todos los movimientos que realizaba la unidad, ya que era el jefe de operaciones del Batallón. El suboficial Juan Andrés Álvarez Guerrero ratificó la versión de los uniformados y agregó que Churio Marcucci firmaba las órdenes de operaciones y que solicitaba únicamente resultados, sin importar de qué manera los consiguieran. Este último militar agregó que tanto Ruiz como Chalarca eran muy cercanos con los comandantes.

Álvarez Guerrero también contó el 26 de septiembre de 2013 que “el sargento Ramos era conocedor de cómo y dónde salían las informaciones y de cómo se obtenían resultados, así como las funciones que cumplían en el momento de perpetrar los hechos, que consistían en llamar a la Fiscalía para el levantamiento de cadáveres y pasar un informe para el pago de recompensa. Los dineros eran legalizados por Ramos y un mayor, y con estos se les pagaban a los miembros de autodefensas, ya que ellos suministraban víctimas”.

Para la Fiscalía, otro de los testimonios fundamentales es el del soldado Wílder Alfonso Higuita Valle, quien el 3 de febrero de este año aseguró que había una abogada de nombre María Teresa Vélez, quien intervenía en las investigaciones para que sus declaraciones no afectaran a los comandantes del batallón, entre los que se encontraba Churio. “Mentir para cubrirles la espalda”, precisó Higuita. “Los soldados Higuita Valle y Ruiz Arenas y el suboficial Guerrero encontraron reparos en la actuación de sus comandantes, pues no es gratuito que digan que se les preparaba para mentir a la justicia con base en favorecer a quienes lideraban las operaciones militares”, puntualizó el ente investigador.

Mientras que el sargento Ramos decidió no musitar palabras durante los interrogatorios de la Fiscalía, el coronel Churio Marcucci argumentó que todo se trataba de un montaje de parte de unos soldados con los que tenía enemistad y que sus colaboradores, especialmente Ramos, lo habían engañado. “(Churio Marcucci) cuando se declara inocente no tiene ninguna lógica ni amerita credibilidad, puesto que esa ajenidad a los hechos la desvirtúan las pruebas (…) Se ejecutó a una persona en un acto cobarde, con el propósito de dar resultados operacionales y acrecentar estadísticas (…) La responsabilidad del oficial resulta seria y gravemente comprometida”, fueron las palabras de la Fiscalía para arrestar al oficial.

Este no es el único caso por el cual ha sido cuestionado el coronel Churio, ya que también fue investigado por la muerte de Julio Arol Martínez, un campesino de Pauna (Boyacá) que murió producto de una explosión ocasionada por un comando del Ejército en 1995. En ese entonces, Churio era uno de los líderes de la tropa. Asimismo, la Unidad de Derechos Humanos tiene en el radar a este polémico oficial por declaraciones de otros uniformados que lo han relacionado con más casos de ejecuciones extrajudiciales.

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@santsmartinez