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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras múltiples peticiones de organizaciones sociales, cumplió su primer día en Colombia documentando la violencia desatada durante el paro nacional, en manifestaciones que comenzaron el pasado 28 de abril contra la fallida reforma tributaria. La organización internacional Human Rights Watch será una de las voces que escuchará la Comisión en su paso por el país. Lo hará a través de un informe de 21 páginas, cuyo contenido conoció El Espectador y que documenta, hasta con análisis de las necropsias, por lo menos 16 asesinatos de manifestantes con arma de fuego, en hechos atribuibles a la Policía.
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De acuerdo con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, “se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada”. La ONG entrevistó a más de 150 personas de 25 ciudades de Colombia, incluidas víctimas, abogados, testigos, funcionarios judiciales, de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones defensoras. Además, hubo contacto con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas; el fiscal Francisco Barbosa y el director de la Justicia Penal Militar, Fabio Espitia.
Entre los documentos aportados está un dictamen pericial del Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Torturas, que examinó las necropsias de varios de los muertos que ha dejado el paro nacional. El pasado 3 de junio, luego de examinar evidencias de abusos, el grupo encontró que la Policía está utilizando munición real y que miembros de la institución han causado la muerte de manifestantes o transeúntes, quienes resultaron con heridas de bala. Además, las armas de control de multitudes, como el gas lacrimógeno, se están usando indebidamente.
Por ejemplo, sobre Santiago Murillo, joven de 17 años baleado el pasado 1° de mayo en Ibagué, el informe confirmó el hallazgo de una herida de bala en el lado izquierdo del tórax. Es muy probable que Murillo haya muerto por daños en el corazón, pulmones y vasos sanguíneos. Asimismo, el grupo forense internacional encontró que Brayan Fernando Niño, el joven de 24 años de Madrid (Cundinamarca), murió tras recibir un impacto en el ojo derecho con un bote de gas lacrimógeno, el pasado 4 de mayo. “En estos casos, la muerte puede ocurrir por lesión cerebral causada por impacto y posibles partes de un cráneo fracturado”, explicó los peritos del Grupo.
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Human Rights Watch ha recibido denuncias por 68 muertes en el paro nacional. Luego de corroborar los incidentes, a través de registros policiales, necropsias y material documental, se constató que 34 muertes ocurrieron en el contexto de las protestas. A su vez, “obtuvo evidencias creíbles que indican que la Policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego. En la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual, según aseguraron autoridades judiciales, es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar”, agregó la ONG.
En esa cifra están contabilizados también los casos del capitán Jesús Alberto Solano y el patrullero Juan Sebastián Bríñez. Solano, comandante de la Sijín de Soacha, fue apuñalado el 28 de abril. Bríñez, de 21 años, fue baleado en el sector de Calipso, en Cali, el pasado 22 de mayo. En cuanto a manifestantes y transeúntes, la ONG explicó que cuenta con material que probaría que 16 personas murieron a manos de la Policía y otras cinco por civiles armados.
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Human Rights Watch encontró que las autoridades colombianas incurren en una dispersión arbitraria de las protestas. La ONG explicó que, en diferentes casos documentados, el Esmad irrumpió en manifestaciones que se sostenían de manera pacífica y, además, que se usó la fuerza de manera excesiva. En una respuesta al organismo internacional, la Policía explicó que la institución no usa armas letales durante las manifestaciones, sin embargo, eso no es lo que se constata en las evidencias. Por ejemplo, el 30 de abril murió baleado en Cali el técnico de gas Edwin Villa, quien preparaba un sancocho para otros manifestantes en el barrio El Diamante.
En otras ocasiones, miembros de la Policía habrían disparado gases lacrimógenos de forma imprudente y peligrosa. La organización precisó que esos proyectiles deberían ser utilizados de forma parabólica, para reducir su velocidad de trayectoria, sin embargo, incluso el dispositivo Venom del Esmad dispara algunas ráfagas desde un ángulo de apenas 10°. La ONG denuncia tres muertes y las heridas en siete personas por impactos de cartuchos de gas, entre ellos Juan Pablo Fonseca de 25 años, el joven que habló en el Senado en la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, a quien le destrozaron su ojo derecho el pasado 1° de mayo en Bogotá.
La Policía le aseguró a Human Rights Watch que ya no está usando las escopetas calibre 12 con munición tipo bean bag, la misma que usaba el capitán Manuel Cubillos cuando resultó herido el estudiante Dilan Cruz en noviembre de 2019. Según la Fuerza Pública, están usando “fusiles antidisturbios” para disparar cartuchos que contienen entre 12 y 24 bolas que, según dijeron, son de plástico. La ONG, sin embargo, pudo constatar que, en ciertos casos, miembros de la Fuerza Pública dispararon su arma desde cerca, pues denunciantes presentaron más de una herida en su cuerpo, cuando se supone que los proyectiles se dispersan a medida que se alejan.
Según el informe, más de 1.100 manifestantes y transeúntes han sufrido lesiones desde el 28 de abril. La ONG tiene entre sus cuentas 17 golpizas, entre ellas la sufrida por Elvis Vivas, quien duró seis días en coma tras, presuntamente, ser atacado por miembros de la Policía en una estación de Madrid (Cundinamarca). Vivas murió el 7 de mayo. “Los agentes lo arrastraron de pies y brazos hasta una estación de policía cercana, conforme se ve en los videos”, dice el informe. También hay dos casos por presunta violencia sexual. Uno de ellos, denunciado por María Alejandra Aguilar, de 18 años, quien aseguró haber sufrido tocamientos por parte de un policía en Palmira (Valle).
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Sobre las detenciones y capturas, la organización aseguró que “los fiscales han realizado imputaciones desproporcionadas por cargos de ‘terrorismo’ en contra de algunos manifestantes que presuntamente participaron en hechos de vandalismo. Mientras la pena por daño en bien ajeno es de entre 16 y 90 meses de prisión, las penas por terrorismo son de hasta 22 años y medio”, denunció la ONG. Agregó que los policías se ampararon en la figura de “traslado por protección” para retener abusivamente a más de 5.500 manifestantes. Por otro lado, Human Rights Watch alertó que miembros de la Policía no reaccionaron cuando personas de civil dispararon contra manifestantes.
Tras entregar sus cifras, Human Rights Watch recomendó al presidente Iván Duque y al general Jorge Luis Vargas que presenten una disculpa, a nombre del Estado, por los abusos policiales cometidos durante las protestas. También, garantías para que todos los funcionarios del Gobierno eviten utilizar lenguaje estigmatizante hacia los manifestantes, brindar reparaciones a las víctimas y convocar un comité que verifique los denominados “traslados por protección”. Al Congreso, la ONG le recomendó transferir la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, con el objetivo de asegurar que las funciones policiales estén separadas de las militares.