Así cambiará el sistema penitenciario con el proyecto de ley del gobierno Petro

El ministerio de Justicia tiene listo el borrador de su proyecto de ley “por medio del cual se humaniza la política criminal y penitenciaria, para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional”. Se trata de un articulado, presentado a expertos en derecho penal y penitenciario, y que luego será deliberado por el Congreso, con el cual se espera reformar el Código Penal y mejorar el contexto de derechos humanos al interior de los centros de reclusión del país.

En contexto: Así se llegó a la masiva violación de derechos en centros de detención transitoria

En un documento de 46 páginas, la cartera de gobierno dio a conocer los cambios que planeó para el Código Penitenciario y Carcelario. El primero de ellos, establecer una oficina de Derechos Humanos en cada establecimiento de reclusión, cuya misión será monitorear y hacer seguimiento a las garantías de los 98.000 privados de la libertad intramuros. Además, agregó que cada condena que se emita en Colombia, desde lo penal, tendrá una función restaurativa a favor de la sociedad.

Se espera, asimismo, que al sistema nacional penitenciario entren a ejercer funciones los Ministerios de Educación y del Trabajo, así como el Sena y la Agencia para la Reincorporación y Normalización, cuyo norte es la inclusión en sociedad de los excombatientes guerrilleros. Las cárceles ya no serán catalogadas como de máxima, mediana o mínima seguridad. Serían, si se aprueba el proyecto de ley, divididas en cuatro niveles que corresponden a distintas fases de “preparación para la libertad”.

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En cuanto al fortalecimiento de la justicia restaurativa, el Ministerio de Justicia busca que, en el futuro, investigados por delitos que tengan como mínimo ocho años de prisión puedan ser someterse a un proceso de solución, en el cual se dialogue con la víctima posibles reparaciones. En la actualidad, el margen está en los delitos que se castigan con un mínimo de cinco años. No obstante, no podrán negociar con sus víctimas o familiares de víctimas quienes sean procesados o hubiesen sido condenados previamente por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como el genocidio.

Siguiendo con esa idea, podría aprobarse la adición de un artículo que les permita a condenados la redención de pena por participación en programas restaurativos. Tendrían derecho al reconocimiento de seis horas de participación, que se computarán como si fuesen un día de estudio. De la ejecución de los programas se encargarán los nuevos Consejos de Tratamiento y Atención Social Penitenciarios, que estarán en cada cárcel, los cuales deberán diseñar los planes teniendo en cuenta el daño causado por el recluso con la comisión del delito.

Antecedentes: Corte declara estado de cosas inconstitucional en centros de detención transitoria

Como novedad, por otro lado, se propuso la creación de un bono de redención por educación a favor de todo el privado de la libertad que se certifique en programas de educación formal y no formal. El beneficio será de ocho días por cada mes que el interno participe en las actividades. El Ministerio de Comercio, también, creará un esquema de formación para el trabajo independiente y la comercialización de productos manufacturados en la cárcel. El Ministerio de Educación podría estar a cargo de impulsar alianzas con universidades y colegios.

Entre los beneficios previstos está que los condenados accedan un permiso de 72 horas mensuales una vez cumplan el 25% de la pena. En la actualidad, la ayuda aplica cuando se cumple 33% del tiempo que pasará en prisión. Para materializar el beneficio, el interno deberá acreditar que participó en los programas de justicia restaurativa. En el caso de las mujeres condenadas que tengan hijos menores de edad, cumpliendo con los requisitos, podrán llegar al permiso de 72 horas mensual una vez hayan descontado el 15% de la pena en su contra.

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Para acceder al beneficio de libertad los fines de semana, se espera, los internos deberán haber cumplido el 40% de la pena en su contra. En la actualidad, el requisito está en el 80%. No obstante, entre las condiciones está que dentro del centro de reclusión se haya observado buena conducta, haber disfrutado del beneficio de las 72horas mensuales sin reportar problema alguno, no tener ordenes de captura en contra, no registrar intentos de fuga y, por supuesto, haber contribuido con los programas de estudio, trabajo y de justicia restaurativa.

También se pensó en un pequeño cambio en las sanciones por incumplir a los subrogados, como el permiso de 72 horas y por fines de semana. Según las normas vigentes, cuando el recluso falla, jamás puede volver a solicitar un beneficio. Pero con la reforma, el interno que haya incumplido será sancionado por un periodo de tres a seis meses y luego podrá volver a realizar la solicitud. Y, por último, se le pedirá a la Policía Nacional deberá abstenerse de presentar los antecedentes judiciales de toda persona que haya cumplido su pena, que solo haya sido sentenciado a multa o que se encuentre en libertad condicional.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El ministerio de Justicia tiene listo el borrador de su proyecto de ley “por medio del cual se humaniza la política criminal y penitenciaria, para contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional”. Se trata de un articulado, presentado a expertos en derecho penal y penitenciario, y que luego será deliberado por el Congreso, con el cual se espera reformar el Código Penal y mejorar el contexto de derechos humanos al interior de los centros de reclusión del país.

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En un documento de 46 páginas, la cartera de gobierno dio a conocer los cambios que planeó para el Código Penitenciario y Carcelario. El primero de ellos, establecer una oficina de Derechos Humanos en cada establecimiento de reclusión, cuya misión será monitorear y hacer seguimiento a las garantías de los 98.000 privados de la libertad intramuros. Además, agregó que cada condena que se emita en Colombia, desde lo penal, tendrá una función restaurativa a favor de la sociedad.

Se espera, asimismo, que al sistema nacional penitenciario entren a ejercer funciones los Ministerios de Educación y del Trabajo, así como el Sena y la Agencia para la Reincorporación y Normalización, cuyo norte es la inclusión en sociedad de los excombatientes guerrilleros. Las cárceles ya no serán catalogadas como de máxima, mediana o mínima seguridad. Serían, si se aprueba el proyecto de ley, divididas en cuatro niveles que corresponden a distintas fases de “preparación para la libertad”.

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En cuanto al fortalecimiento de la justicia restaurativa, el Ministerio de Justicia busca que, en el futuro, investigados por delitos que tengan como mínimo ocho años de prisión puedan ser someterse a un proceso de solución, en el cual se dialogue con la víctima posibles reparaciones. En la actualidad, el margen está en los delitos que se castigan con un mínimo de cinco años. No obstante, no podrán negociar con sus víctimas o familiares de víctimas quienes sean procesados o hubiesen sido condenados previamente por crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como el genocidio.

Siguiendo con esa idea, podría aprobarse la adición de un artículo que les permita a condenados la redención de pena por participación en programas restaurativos. Tendrían derecho al reconocimiento de seis horas de participación, que se computarán como si fuesen un día de estudio. De la ejecución de los programas se encargarán los nuevos Consejos de Tratamiento y Atención Social Penitenciarios, que estarán en cada cárcel, los cuales deberán diseñar los planes teniendo en cuenta el daño causado por el recluso con la comisión del delito.

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Como novedad, por otro lado, se propuso la creación de un bono de redención por educación a favor de todo el privado de la libertad que se certifique en programas de educación formal y no formal. El beneficio será de ocho días por cada mes que el interno participe en las actividades. El Ministerio de Comercio, también, creará un esquema de formación para el trabajo independiente y la comercialización de productos manufacturados en la cárcel. El Ministerio de Educación podría estar a cargo de impulsar alianzas con universidades y colegios.

Entre los beneficios previstos está que los condenados accedan un permiso de 72 horas mensuales una vez cumplan el 25% de la pena. En la actualidad, la ayuda aplica cuando se cumple 33% del tiempo que pasará en prisión. Para materializar el beneficio, el interno deberá acreditar que participó en los programas de justicia restaurativa. En el caso de las mujeres condenadas que tengan hijos menores de edad, cumpliendo con los requisitos, podrán llegar al permiso de 72 horas mensual una vez hayan descontado el 15% de la pena en su contra.

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Para acceder al beneficio de libertad los fines de semana, se espera, los internos deberán haber cumplido el 40% de la pena en su contra. En la actualidad, el requisito está en el 80%. No obstante, entre las condiciones está que dentro del centro de reclusión se haya observado buena conducta, haber disfrutado del beneficio de las 72horas mensuales sin reportar problema alguno, no tener ordenes de captura en contra, no registrar intentos de fuga y, por supuesto, haber contribuido con los programas de estudio, trabajo y de justicia restaurativa.

También se pensó en un pequeño cambio en las sanciones por incumplir a los subrogados, como el permiso de 72 horas y por fines de semana. Según las normas vigentes, cuando el recluso falla, jamás puede volver a solicitar un beneficio. Pero con la reforma, el interno que haya incumplido será sancionado por un periodo de tres a seis meses y luego podrá volver a realizar la solicitud. Y, por último, se le pedirá a la Policía Nacional deberá abstenerse de presentar los antecedentes judiciales de toda persona que haya cumplido su pena, que solo haya sido sentenciado a multa o que se encuentre en libertad condicional.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.