Así Chiquita Brands financiaba paramilitares y obtenía ventajas comerciales

Los aportes de las empresas bananeras y el accionar paramilitar

Los aportes de las empresas bananeras y el accionar paramilitar

Comprender los aportes de los empresarios bananeros a las AUC implica recapitular brevemente la historia de la United Fruit Company (UFC) en el Urabá antioqueño. Hacia la década de los sesenta la UFC hizo presencia en el Urabá bajo su filial local, la comercializadora Frutera Sevilla. Como respuesta al control de los precios y de la producción por la UFC, los empresarios bananeros se agrupan en la Unión de Bananeros de Colombia (Uniban) y Bananeros de Colombia (Banacol), de donde también surgieron la Promotora de Banano (Proban) y la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) (Nieto y Sudarsky, 2007, p. 31; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2016, p. 15). En 1989 la UFC pasó de llamarse United Brands a Chiquita Brands, luego de volver a reenfocar su negocio mercantil en la comercialización de frutas, específicamente de banano en el caso de Colombia, bajo su filial Banadex (Bucheli, 2005).

En 2007 la justicia de Estados Unidos condenó a la multinacional al comprobarse que desde 1997 hasta 2002 financió a las Autodefensas Unidas de Colombia en el departamento del Magdalena y en el centro del Urabá antioqueño (Verdad Abierta, 28 de abril de 2009). La sentencia se dio en el marco de que EE. UU. catalogara a las AUC como grupo terrorista y prohibiera cualquier tipo de apoyo de ciudadanos y empresas de ese país a organizaciones calificadas bajo ese rótulo, que rigió a partir de 2001. En 2003 ejecutivos de Chiquita Brands en Estados Unidos confesaron a la justicia los pagos que realizaron a las AUC desde 1997 (Nieto y Sudarsky, 2007, p. 9). Según la Fiscalía General de la Nación la compañía realizó más de cien pagos por un valor de 1,7 millones de dólares a las AUC durante el periodo antes mencionado (FGN, 2012, p. 30).

La forma como Chiquita Brands aportó a las AUC – al igual que Proban, Uniban, Banacol, otras comercializadoras de fruta y dueños de fincas bananeras de la región central del Urabá antioqueño– fue por medio de una comisión con destino al grupo paramilitar de tres centavos de dólar por caja de banano exportada (Alcaraz y Jiménez, 2018). Estos pagos fueron hechos por medio de las Convivir, especialmente la Convivir Papagayo, en Carepa, que sirvieron como fachada legal para la recolección de los aportes para las AUC.

En el proceso 12563 adelantado por la Fiscalía General de la Nación en 2012 se evidencia cómo los aportes de Banadex a las AUC se dieron de manera sistemática y voluntaria:

Está demostrado que la compañía Banadex, en su condición de filial de Chiquita Brands Inc. hizo pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia, de manera directa, para el año 1997, los que realizaron conforme a un pacto al que llegaron con la organización armada ilegal. (...) De esta circunstancia cuenta no solo Hasbún Mendoza, sino también los mismos directivos de Banadex en sus indagatorias (...). A pesar de que la naturaleza de los pagos realizados a las Convivir oscila entre la legalidad e ilegalidad, conforme la discusión planteada en este momento aparece prueba que evidencia claramente la ilegalidad de los mismos, como la voluntariedad de los mismos (...). A partir del 2001 era claro que estaban pagando dineros en favor de una organización armada ilegal (...) circunstancia que se acredita en forma suficiente ante la evidencia de la condición de paramilitar del señor Hasbún Mendoza y la necesidad de dividir los pagos, una porción en favor del bloque ubicado en Santa Marta y la otra que continúa en cabeza de las Convivir Papagayo [del Frente Árlex Hurtado]. (FGN, 2012, p. 66)

La cabeza detrás de este esquema de financiación fue Raúl Hasbún Mendoza, el jefe del Frente Árlex Hurtado, también conocido en sus inicios como el Grupo de Pedro Bonito o Pedro Ponte. Ese frente se formó en 1996 cuando Vicente y Carlos Castaño encomendaron a Hasbún su comandancia para operar desde Turbo hasta Mutatá. Hasbún, como lo declaró a la revista Semana, había acudido donde los hermanos Castaño como representante de los bananeros y ganaderos para pedir la intervención del grupo paramilitar debido a la presencia de la guerrilla y de “los sindicatos porque [según sus palabras] nos tenían secos” (declaraciones de Raúl Hasbún, en: revista Semana, 31 de marzo de 2012).

En esta misma entrevista el excomandante del Frente Árlex Hurtado y miembro de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), aseguró que bajo la regla de los tres centavos de dólar por caja de banano exportada la estructura llegó a recibir 400 millones de pesos al mes. Esta suma, más los aportes del sector de la ganadería, los recaudos de extorsiones y el cobro al comercio llegó a ascender a los 7.200 millones de pesos al año. Según él, los aportes de las bananeras fueron voluntarios y no coercitivos: “¿Dónde hay una denuncia de que nosotros extorsionábamos a los bananeros? No pueden decir que los extorsionábamos porque cuando pensamos traer a las autodefensas yo ni siquiera tenía poder militar ni nada de eso” (declaraciones de Raúl Hasbún, en: revista Semana, 30 de marzo de 2012).

En un principio los pagos de las empresas bananeras a las AUC se dieron en efectivo y, por medio de tulas, se transportaron clandestinamente de la ciudad de Medellín hasta el eje bananero. Con la implementación de las Convivir entre 1994 y 1996, Hasbún y los hermanos Castaño instrumentalizaron esa figura para poder facilitar los giros de los bananeros por medio del sistema bancario y, así, darles una apariencia legal. Según las declaraciones de Raúl Hasbún a la revista Semana, él se reunió con Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno del departamento de Antioquia del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez, para concretar la conformación de la Convivir. En las declaraciones del exjefe paramilitar a Semana, aseguró:

A mí me preguntaron en el caso de Chiquita [Brands], “¿usted concertó con los bananeros para montar las Convivir?” “No, concerté con Vicente Castaño, con Maicol y con Doblecero para el tema de las Convivir”. Luego fui a la gobernación [de Antioquia] y me reuní con Pedro Juan Moreno, Rodrigo Cardona y un doctor Naranjo (...). Yo fui a montar una Convivir y me dijeron, “vea hombre, hay unos 14 montañeritos que tienen la misma idea suya, no tienen un peso, ¿usted por qué no se apodera de esas?”. (Revista Semana, 2012, 30 de marzo)22

Las Convivir en el Urabá fueron entonces un medio para centralizar los recursos provenientes de aportes voluntarios dados por las empresas comercializadoras de banano. De este modo, los paramilitares funcionaron bajo un doble registro financiero, militar y político que les permitió legitimar gran parte de sus acciones, sacando provecho de una medida excepcional que abrió una ambigüedad entre lo legal y lo ilegal. Por lo menos esto es lo que parece deprenderse de las versiones libres de Raúl Hasbún y Hebert Veloza, ambos comandantes del Bloque Bananero:

En Urabá las convivir se crearon como un apéndice de las ACCU, como lo reconoció Raúl Emilio Hasbún, comandante del Frente Arlex Hurtado del bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia. Incluso, se realizó una reunión para su coordinación y administración centralizada. En ésta se les informó que iban a ser apoyadas por las compañías bananeras e iban a recibir ingentes recursos, lo que no sólo exigía un manejo centralizado, sino que tales fondos ingresarían a los bancos a través de las cuentas de las convivir para que apareciera como un aporte legal, aunque su destino eran las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. (Justicia y Paz, Tribunal Superior del Distrito, 24 de septiembre de 2015, pp. 59-60)

En la sentencia de Justicia y Paz del exparamilitar José Barney Veloza García también se relata el encuentro entre Raúl Hasbún y Pedro Juan Moreno. Retomando la Versión Libre del exjefe del Bloque Árlex Hurtado, la sentencia afirma: “(...) según lo dicho por este desmovilizado, fue atendido por Pedro Juan Moreno, quien al escuchar la idea que expuso sobre la creación de una Convivir para la región de Urabá, fue replicado con una propuesta de crear doce” (Sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Bogotá, 16 de diciembre de 2011, p. 176).

También, en la sentencia contra Hebert Veloza, alias HH, con respecto a la función de la Convivir dentro del bloque y de las AUC, se establece que:

(...) las convivir en el Urabá antioqueño, desde su conformación estuvieron al servicio de las ACCU, siendo encargado Raúl Hasbún, quien las creó para legalizar dineros que entraban a las autodefensas por los aportes de sectores de la economía legal de la región. Es así como las Convivir fueron el motor para el sostenimiento y crecimiento de las autodefensas. (Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 30 de octubre de 2013 p. 224)

Sin embargo, según lo declarado por Raúl Hasbún a la revista Semana, y por Hebert Veloza, las AUC no fueron las únicas en beneficiarse de la relación con las bananeras, sino que estas, en contraprestación, se favorecieron del accionar militar del Bloque Bananero para contener los conflictos obrero-patronales.

Así lo señala el ex jefe paramilitar del Frente Turbo, Hebert Veloza, en declaraciones recogidas por la Sentencia de Justicia y Paz en su caso:

“Yo lo he denunciado públicamente. He dicho los bananeros son tan o más responsables que nosotros en todo lo que pasó en el Urabá. Porque fuimos de finca en finca prohibiéndoles a los trabajadores a hacer paros armados. Uno iba uniformado y con un cuchillo en la mano, diciéndoles que el que hiciera paro lo matábamos, ¿por qué?, por buscar los beneficios de los empresarios bananeros. Ellos fueron los que se beneficiaron de la guerra. De ellos ninguno está pagando, ninguno está detenido, ninguno está investigado, ninguno ha puesto un peso para la reparación y ellos fueron los que realmente se beneficiaron”. (Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, 30 de octubre de 2013, pp. 224-225)

De la memoria de una desmovilizada del Bloque Bananero que ingresó al grupo armado con 18 años, surgen recuerdos de cómo el accionar militar de los paramilitares sirvió para el despojo, el control del territorio y la resolución violenta de los conflictos obrero-patronales:

Entr.: Entonces esas [bananeras] adscritas a Uniban eran las que básicamente combatieron esos sindicatos. ¿Qué se escuchaba? ¿Que esas fincas mandaban al grupo para que ellos eliminaran esos sindicatos? ¿Financiaban al grupo para que lo hicieran?

Eda.: Sí, estaban pagando era para… y yo lo que en ese tiempo entendía era para que cuidaran, la guerrilla se quería entrar a formar el desorden, ese desorden que ellos estaban formando, pero lo quería formar era la guerrilla, que es lo que siempre (...). Que querían irse apoderando poco a poco de toda esa zona.

Entr.: Además de eso, personas que reclamaban tierras en esa zona de las fincas bananeras, también para que dejaran de pedirles las fincas; fue un ataque contra los sindicatos, pero también se generó desplazamiento y despojo.

Eda.: Sí.

Entr.: ¿Con beneficio a estas fincas bananeras, a los grandes hacendados?

Eda.: Pues ellos se quedaban con las fincas, los jefes, los cabecillas se quedaban con las fincas, porque, que yo recuerde, toda la zona de San Pedro de Urabá, San Pablo, todo eso era de Carlos Castaño, él era muy rico, porque todas esas fincas eran de él, pero también con el tiempo creo que todas esas fincas se les quitaban a campesinos y ellos se apoderaban de todo eso.

Entr.: Aparte de Uniban ¿escuchó otras organizaciones o empresas que apoyaran al grupo? ¿Chiquita?

Eda.: Chiquita era la más mencionada. [Ellos] apoyaban, exactamente.

Entr.: ¿El grupo también le prestaba seguridad a Chiquita?

Eda.: Sí, había algunas a las que se les… es que eso era lo que no entendía, se les prestaba seguridad, pero, entonces, se les asesinaba a los empleados; como le dije, yo solo recuerdo que fue una cosa loca, una época loca. (...) Son ellos los que están pagando para que se haga limpieza. El total es que sí, que se les hizo limpieza.

Entr.: Y que lo que más escuchaba era el apoyo por parte de estos, eran las empresas bananeras hacia el grupo y que beneficiaron la consolidación de ese grupo.

Eda.: Exactamente, a raíz de eso se consolidó el grupo.

Entr.: Sin esas empresas, sin el apoyo de esas empresas…

Eda.: Hubiese sido muy difícil.

Entr.: Que el grupo se hubiera consolidado.

Eda.: Sí.

Entr.: ¿Tal vez lo hubieran logrado de otra forma?

Eda.: Porque todo el mundo ingresaba y más gente, más gente, porque pagan muy bien, pagan muy bueno, pagan tanto; entonces ingresaba, ingresaba gente, y mandaban para tal sector, para Barranquillita ya hay cien personas; que para Currulao se van a mandar, pero era porque entraba dinero para poder pagar.

Entr.: Estas empresas fueron necesarias para la consolidación de esta estructura en la región del Urabá.

Eda.: Claro. (CNMH-DAV, MNJCV, Apartadó, 2015, 16 de octubre)

También, como lo señala un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2012), el accionar de las estructuras de las AUC, en colaboración con las Fuerzas Armadas, permitió el avance de la frontera agrícola y la implementación de cultivos de bananos hacia las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó en el bajo Atrato. El agravante es que estas comunidades que están asentadas en territorios colectivos afrocolombianos y zonas de reserva forestal, por lo que tienen un rango constitucional específico y unas condiciones claras de tenencia de la tierra que distan de la propiedad privada como es entendida en el marco legal común. Es en este contexto que el accionar de las AUC en el bajo Atrato se dirigió contra las comunidades afrocolombianas de esta región, desplazando, despojando e intentando legalizar tierras, por medios fraudulentos, con proyectos productivos de palma, ganadería y banano.

A este dispositivo, que conjuga lo económico, lo político y lo militar, Raúl Hasbún lo llamó “botín de guerra”: La tierra fue un botín de guerra que le arrebataron a aquellos campesinos que supuestamente eran guerrilleros o sus auxiliadores, reconoció el empresario bananero y exjefe paramilitar Raúl Hasbún Mendoza, alías “Pedro Bonito”, en audiencia de versión libre ante una fiscal de Justicia y Paz, realizada en Medellín (...). (Verdad Abierta, 31 de enero de 2011)

Bajo esta lógica de “botín de guerra” muchas tierras fueron expropiadas y pasaron a engordar no solo las propiedades de los jefes paramilitares, sino también activos de empresas y de ganaderos que usufructuaron de los procesos de despojo. Es el caso de Banacol, quien adquirió predios en Curvaradó y Jiguamiandó para la producción de banano, piña y plátano, después de la operación militar “Septiembre Negro”, llevada a cabo en 2000 por la Décima Séptima Brigada del Ejército con apoyo de paramilitares (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2012, p. 7).

Según esta misma organización en 2004 Banadex, filial de Chiquita Brands en Colombia, es comprada por Banacol, del Grupo Invesmar, luego del escándalo por los pagos a las AUC. Sin embargo, advierte la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2016, p. 40), Chiquita Brands tendría participación en Invesmar. De este modo, se podría concluir que la participación de Chiquita Brands y, en general de los empresarios del banano, con el paramilitarismo iba más allá de la simple financiación de estructuras armadas ilegales, buscando, a partir del accionar militar de estos grupos armados, obtener ventajas que redundaran en una mejor posición para el negocio agroindustrial del banano.