Así es como el gobierno busca frenar el reclutamiento de mercenarios en Colombia

La nueva iniciativa del Ministerio de Defensa es que en Colombia se extinga el negocio de los mercenarios o denominados popularmente asesinos a sueldo. La cartera dirigida por Iván Velásquez radicó un proyecto de ley ante el Congreso para que el país adopte la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilizamiento, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios.

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Se trata de una convención aprobada y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1989, que representa el compromiso de centenares de países para erradicar el mercenarismo y sus graves consecuencias. Para Iván Velásquez, con la adopción de la convención se buscará evitar graves violaciones de derechos humanos y la participación de nacionales en múltiples conflictos armados.

Un reportaje de The New York Times, de diciembre de 2023, dio a conocer cómo militares colombianos retirados, motivados por aspiraciones económicas, han viajado para combatir en Ucrania, en donde ese país libra una guerra contra la invasión rusa desde hace más de tres años. Los nacionales reciben sueldos de hasta US$3.000 (unos $12 millones al cambio).

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Según explicó el Ministerio de Defensa, “los uniformados colombianos, reconocidos mundialmente por su experiencia militar, han sido víctimas de este tipo de delitos, siendo reclutados en diversas regiones para participar en actividades ilícitas”. Otro de los casos conocidos es el de los militares retirados presos e investigados por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021.

Estos son los puntos clave del proyecto de ley:

1. Tipificación de Delitos: El proyecto de ley busca que Colombia adopte medidas legislativas para tipificar como delitos el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Esto permitirá a las autoridades judiciales y a las Fuerzas Militares actuar de manera efectiva contra estas prácticas.

2. Prevención y Protección: Se pretende prevenir la preparación y ejecución de actividades mercenarias en el territorio colombiano, protegiendo a los ciudadanos y, según la cartera, salvaguardando la reputación de las Fuerzas Militares.

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3. Cooperación Internacional: Colombia se comprometerá a cooperar con otros Estados en la investigación y enjuiciamiento de actividades mercenarias, facilitando la extradición o el juzgamiento de mercenarios que se encuentren en su territorio. Asimismo, se promoverá el intercambio de información relevante para combatir estas actividades a nivel global.

4. Protección de la Imagen de las Fuerzas Militares: Al establecer un marco legal robusto contra el mercenarismo, se protegerá la imagen y reputación de los militares colombianos retirados, evitando que sean involucrados en conflictos armados o actividades ilícitas en el extranjero.

El informe del Comando General de las Fuerzas Militares conocido por este diario revela una cifra alarmante sobre la masiva salida de uniformados. Una detallada tabla da cuenta de que, entre 2012 y 2017, 1.061 militares (entre oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina) salieron del país. El 2012 fue el más crítico, con 450 uniformados que pidieron la baja y salieron del país a engrosar las filas de ejércitos privados.

“Con la aprobación de esta Convención, el Congreso de la República dotará a Colombia de un marco legal esencial para combatir el mercenarismo, fortaleciendo la seguridad nacional y la estabilidad regional. Esta legislación no solo prevendrá la participación de actores no estatales en hostilidades, sino que también asegurará el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, concluyó el Ministerio de Defensa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La nueva iniciativa del Ministerio de Defensa es que en Colombia se extinga el negocio de los mercenarios o denominados popularmente asesinos a sueldo. La cartera dirigida por Iván Velásquez radicó un proyecto de ley ante el Congreso para que el país adopte la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Utilizamiento, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios.

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Se trata de una convención aprobada y adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 1989, que representa el compromiso de centenares de países para erradicar el mercenarismo y sus graves consecuencias. Para Iván Velásquez, con la adopción de la convención se buscará evitar graves violaciones de derechos humanos y la participación de nacionales en múltiples conflictos armados.

Un reportaje de The New York Times, de diciembre de 2023, dio a conocer cómo militares colombianos retirados, motivados por aspiraciones económicas, han viajado para combatir en Ucrania, en donde ese país libra una guerra contra la invasión rusa desde hace más de tres años. Los nacionales reciben sueldos de hasta US$3.000 (unos $12 millones al cambio).

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Según explicó el Ministerio de Defensa, “los uniformados colombianos, reconocidos mundialmente por su experiencia militar, han sido víctimas de este tipo de delitos, siendo reclutados en diversas regiones para participar en actividades ilícitas”. Otro de los casos conocidos es el de los militares retirados presos e investigados por el magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021.

Estos son los puntos clave del proyecto de ley:

1. Tipificación de Delitos: El proyecto de ley busca que Colombia adopte medidas legislativas para tipificar como delitos el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Esto permitirá a las autoridades judiciales y a las Fuerzas Militares actuar de manera efectiva contra estas prácticas.

2. Prevención y Protección: Se pretende prevenir la preparación y ejecución de actividades mercenarias en el territorio colombiano, protegiendo a los ciudadanos y, según la cartera, salvaguardando la reputación de las Fuerzas Militares.

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3. Cooperación Internacional: Colombia se comprometerá a cooperar con otros Estados en la investigación y enjuiciamiento de actividades mercenarias, facilitando la extradición o el juzgamiento de mercenarios que se encuentren en su territorio. Asimismo, se promoverá el intercambio de información relevante para combatir estas actividades a nivel global.

4. Protección de la Imagen de las Fuerzas Militares: Al establecer un marco legal robusto contra el mercenarismo, se protegerá la imagen y reputación de los militares colombianos retirados, evitando que sean involucrados en conflictos armados o actividades ilícitas en el extranjero.

El informe del Comando General de las Fuerzas Militares conocido por este diario revela una cifra alarmante sobre la masiva salida de uniformados. Una detallada tabla da cuenta de que, entre 2012 y 2017, 1.061 militares (entre oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina) salieron del país. El 2012 fue el más crítico, con 450 uniformados que pidieron la baja y salieron del país a engrosar las filas de ejércitos privados.

“Con la aprobación de esta Convención, el Congreso de la República dotará a Colombia de un marco legal esencial para combatir el mercenarismo, fortaleciendo la seguridad nacional y la estabilidad regional. Esta legislación no solo prevendrá la participación de actores no estatales en hostilidades, sino que también asegurará el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, concluyó el Ministerio de Defensa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.