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Una de las “papas calientes” que tiene el gobierno de Iván Duque, además del estallido social que generó el reciente paro nacional, es la difícil situación de orden público en varias zonas del país que sigue cobrando la vida de indígenas, líderes sociales y excombatientes de las Farc. Cauca, el Catatumbo, Nariño, Arauca y Bajo Cauca antioqueño tienen a miles de colombianos en medio de las balas del Eln, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). A este panorama se suma la crisis humanitaria y de violencia que vive desde hace décadas Chocó y que, lastimosamente, se volvió paisaje para el resto del país.
El último campanazo de alerta en Chocó lo dieron los familiares de las víctimas de la masacre de Bojayá —cometida en 2002 por parte de las Farc—, quienes hace algunos días recibieron los más de cien cuerpos de sus seres queridos. “Hoy, delante de nuestros muertos que nos guiarán desde el cielo, les decimos a los actores armados que no los queremos en el territorio. No los necesitamos para nuestro desarrollo libre y autónomo. Exigimos al Estado que no nos sigan matando. Exigimos verdaderas garantías de no repetición. Exigimos que su presencia no sea solo militar, sino a través de una gran oferta social, con garantías preventivas y reparadoras”, señaló líder chocoano Yuber Palacios, hace dos semanas.
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El Espectador se contactó con algunos funcionarios de la región que siguen de cerca la situación de orden público del departamento para conocer de fondo cuál es el escenario de violencia de la región, en la cual el 50 % de su población, alrededor de 245.000 personas, viven en condiciones de pobreza extrema. Como sucedió en varias regiones del país, desde que las Farc se desarmaron, en 2017, el Eln y las Agc (también conocidas como el Clan del Golfo) se consolidaron en esos territorios. Fuentes de inteligencia de la Armada le contaron a este diario que desde entonces el Frente de Guerra Occidental (Fgo), al mando de alias Uriel, es el grupo ilegal con más influencia en Chocó.
En el primer semestre de este año, el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, alertó en varias oportunidades que cerca de 8.000 chocoanos se encuentran confinados, quienes hacen parte de cuarenta comunidades negras, indígenas y campesinas. En septiembre pasado, la ONU alertó que los enfrentamientos entre Fuerza Pública y el Eln en Medio San Juan e Istmina dejaron confinadas a cerca de 4.000 personas. En octubre pasado, hace tan solo dos semanas, las gobernaciones de Chocó y Antioquia señalaron que otras 3.000 quedaron en la misma situación en Murindó a raíz del fuego cruzado de los grupos armados.
El Eln tiene una importante presencia en los municipios de Medio Atrato, Litoral de San Juan, Carmen del Darién, Juradó, Riosucio y Bojayá. En este último, según la Defensoría del Pueblo, la población civil está en riesgo por la presencia del Frente Resistencia Cimarrón del Eln y las Agc en los territorios de comunidades indígenas y negras, ubicados en las cuencas de los ríos Opogadó, Napipí y Bojayá. En febrero pasado, los dos grupos se enfrentaron en el sector de Playita Vieja, cuenca del río Opogadó y frecuentemente realizan incursiones en los resguardos y consejos comunitarios del municipio.
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El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, encargada de combatir a los grupos armados en el departamento, señaló que se persigue a los elenos con 3.200 hombres de las Fuerzas Militares. De acuerdo con el alto oficial, de los más de 500 guerrilleros en Chocó, 38 fueron capturados durante 2019 y, actualmente, persiguen a los miembros de las cinco comisiones del Eln: la Manuel Hernández (que hace presencia en Lloró y Quibdó); la Cimarrón (opera en Nuquí, Alto Baudó y zona rural de Quibdó); la Néstor Tulio Durán en el Carmen del Darién; la Cacique Calarcá (delinque en Tadó e Istmina), la Ernesto Che Guevara (Bajo Baudó, Medio San Juan, Istmina y San Juan del Palmar) y la Omar Salgado en Litoral de San Juan.
La ubicación y las condiciones topográficas de Bojayá han hecho que históricamente sea un municipio estratégico para los grupos armados y narcotraficantes. Los caminos ancestrales y las cuencas hidrográficas poco transitadas, como las mencionadas, se convierten en importantes corredores ilegales por donde es posible acceder a la subregión del Bajo Atrato y a la costa Pacífica. Durante los últimos años, las Agc y el Eln (en su momento las Farc) usaron este pasillo para movilizarse, así como para el tránsito y tráfico de armas, insumos, pasta de coca y cocaína desde y hacia las subregiones del Bajo Atrato, Alto Atrato, Urabá y suroeste antioqueño.
Según la Policía, la dinámica de las Agc en los epicentros urbanos se ha fortalecido en los municipios limítrofes entre Chocó y Antioquia, y en el litoral Pacífico, donde se expanden hacia las áreas rurales de esos territorios y adquieren el control de las rutas internacionales para el tráfico y la comercialización de cocaína hacia Centroamérica y Asia. Esta ruta recorre los municipios de Juradó, Bahía Solano, Nuquí y Bojayá (Chocó), Murindó, Vigía del Fuerte, el Valle de Aburrá y las subregiones de occidente y suroeste de Antioquia en municipios como Urrao y Frontino.
Un funcionario del despacho de la Secretaría del Interior de la Gobernación de Chocó, quien pidió anonimato, le contó a este diario que los grupos criminales también se financian de la venta de recursos maderables y “operan con cierta tranquilidad por la escasa presencia institucional en las zonas rurales del territorio”. Y añadió que las Agc, que tienen el corazón de sus operaciones en el Urabá antioqueño y chocoano, también se expanden por el Bajo Atrato (Riosucio y Carmen del Darién) y algunos sectores de la subregión del Alto Atrato como Quibdó, Lloró y Río Quito.
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El general Ramírez contó que en el norte del departamento, en el Carmen del Darién y Riosucio, hacen presencia dos subestructuras del Clan del Golfo: la Roberto Vargas Gutiérrez y la Pablo José Montalvo. Mientras que en la capital del departamento está la subestructura Héroes de Jesús Carretera. El general aseguró que en 2019 la Fuerza de Tarea Titán ha capturado a 89 hombres de Otoniel y aseguró que los uniformados tienen un gran componente de Ejército y de Armada que navega por los ríos por donde las Agc y el Eln transitan. “En Chocó, quien los controle (los ríos) domina territorialmente el departamento. Por eso las labores se concentran en los ríos Atrato, Baudó y San Juan. La economía de la región se mueve alrededor de los ríos”, dijo Ramírez.
La Fuerza Pública (Ejército y Armada) reforzó su presencia en Quibdó, Atrato Medio y Lloró por el avance de ese grupo armado ilegal desde los cascos urbanos de esos municipios hacia las zonas rurales, donde extorsionan a comerciantes y transportadores fluviales. La Armada le dijo a este diario que el Eln, como suele hacerlo, instala minas antipersonales con el propósito de contener el avance de los uniformados. Sin embargo, no se descarta que estos artefactos también sean colocados por la organización de alias Otoniel. El Ejército encontró en mayo pasado que la subestructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo fabrica minas en el municipio chocoano de Riosucio.
Esta tragedia humanitaria ha desencadenado que, por ejemplo, luego de los choques armados se impongan restricciones en el tránsito de los alimentos del Programa de Alimentación Escolar en Bojayá, Atrato Medio y Litoral de San Juan. Asimismo, dice un funcionario del Ministerio Público, quien pidió no revelar su nombre, que esta problemática ha vulnerado el derecho a la salud de las comunidades indígenas, pues las restricciones a la movilidad afectan la recolección de plantas para el ejercicio de la “medicina ancestral”. Paralelamente, tampoco las comunidades negras puedan acudir a la “poca oferta institucional de salud”, señaló el funcionario.
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A este escenario en el que sobrevive la población en donde hacen presencia estos grupos criminales se suma “la imposición de normas de comportamiento, horarios de circulación, así como presiones frecuentes en contra de autoridades y organizaciones étnico-territoriales y de funcionarios públicos que deben adelantar sus actividades en el territorio”, señaló una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo de junio de 2019. El mismo reporte indica que los chocoanos se exponen a una dinámica que en el pasado desencadenó decenas de masacres: los señalamientos por parte del Eln y las Agc a la población de ser colaboradores de su grupo enemigo.
Durante los últimos cuatro años la entrada al Cañón de Garrapatas, un paso estratégico para el narcotráfico que está ubicado entre San José del Palmar, Sipí (Chocó) y Dovio (Valle del Cauca), ha permanecido bajo el dominio del Eln. Un alto funcionario de la Gobernación del Valle encargado de los asuntos de seguridad del departamento le contó a este diario que en esta zona, viejo punto de enfrentamientos del conflicto armado, miembros de la estructura Ernesto Che Guevara del Eln mantienen una alianza del narcotráfico con antiguos miembros del cartel del norte del Valle, liderada en su momento por Wilber Antonio Varela, alias “Jabón”.
En la lucha contra las Agc también se sumó el gobierno panameño. En septiembre pasado, el Ejército encontró tres campamentos en Riosucio, donde se calcula que pudieron estar cerca de ochenta miembros y eran usados como hospitales. La operación Agamenón, que cumple casi cinco años persiguiendo a Otoniel, pactó con Panamá que, en caso de persecución, las autoridades de ambos países pueden cruzar la frontera. El general Ramírez, quien dirige la mayor parte del tiempo desde el Puesto de Mando desde Curvaradó, Carmen del Darién, señaló que “falta mucho por hacer”, pero que la labor ha sido “ardua” para frenar la expansión de los grupos armados en este nuevo escenario de guerra que sufre Chocó.
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