Así está el panorama en el Bajo Cauca por el paro armado del Clan del Golfo
La población tiene miedo de hablar del tema, mientras que los personeros de la zona reportan hasta la imposibilidad de transportar los muertos.
El Bajo Cauca antioqueño es un de las zonas más afectadas por el paro armado de las AGC, denominados Clan del Golfo por parte del gobierno nacional. Esta es una de las zonas de mayor presencia de este grupo de autodefensa y la población ha respondido en consonancia con esta realidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Son pocos los que quieren hablar del tema, no es solo el tema del paro de cuatro días decretado por las AGC, sino que esto se combina con las elecciones, que están a menos de un mes. Conocedores de la zona aseguran que hay una gran zozobra y tensión entre el paro armado y el panorama electoral.
El Bajo Cauca es una de las zonas en las que se ha reportado quema de vehículos que se movilizaban por las vías de la región. Sin embargo, entre lo poco que se comenta se habla de total quietud en la zona. La población, ante el miedo, ha preferido resguardarse en sus hogares.
Los pocos que se han manifestado son los personeros que ejercen en los municipios del Bajo Cauca antioqueño. Estos, a través de un comunicado denunciaron que la acción armada “ha obligado a nuestra comunidad a estar totalmente encerrados sin la posibilidad de abastecer sus necesidades básicas”.
Puede ver: Despliegan 1.900 uniformados más en Antioquia por paro armado de las AGC
Los personeros reportaron que en la zona hay “desabastecimiento de alimentos, suspensión de los servicios públicos de salud y educación”. En este mismo sentido, los personeros señalaron que la situación en las vías ha impedido que se transporte oxigeno para los centros asistenciales, víveres para la manutención de los pobladores y hasta se ha impedido el transporte de los cadáveres.
También se denuncia que las personas que necesitan atención médica no se ha podido movilizar y hasta se reporta la imposibilidad de que las ambulancias realicen su labor en la región debido a que no hay venta de combustibles. La representación del Ministerio Público en los territorios añadió que la situación es grave para los comerciantes que no han podido vender sus productos.
Es ante este panorama que pidieron que la institucionalidad “restablezca el orden y garantice el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos”. Entre las respuestas que ha dado el gobierno hasta el momento es el fortalecimiento del pie de fuerza en la región con el despliegue de más de 1.900 uniformados.
El Bajo Cauca antioqueño es un de las zonas más afectadas por el paro armado de las AGC, denominados Clan del Golfo por parte del gobierno nacional. Esta es una de las zonas de mayor presencia de este grupo de autodefensa y la población ha respondido en consonancia con esta realidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Son pocos los que quieren hablar del tema, no es solo el tema del paro de cuatro días decretado por las AGC, sino que esto se combina con las elecciones, que están a menos de un mes. Conocedores de la zona aseguran que hay una gran zozobra y tensión entre el paro armado y el panorama electoral.
El Bajo Cauca es una de las zonas en las que se ha reportado quema de vehículos que se movilizaban por las vías de la región. Sin embargo, entre lo poco que se comenta se habla de total quietud en la zona. La población, ante el miedo, ha preferido resguardarse en sus hogares.
Los pocos que se han manifestado son los personeros que ejercen en los municipios del Bajo Cauca antioqueño. Estos, a través de un comunicado denunciaron que la acción armada “ha obligado a nuestra comunidad a estar totalmente encerrados sin la posibilidad de abastecer sus necesidades básicas”.
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Los personeros reportaron que en la zona hay “desabastecimiento de alimentos, suspensión de los servicios públicos de salud y educación”. En este mismo sentido, los personeros señalaron que la situación en las vías ha impedido que se transporte oxigeno para los centros asistenciales, víveres para la manutención de los pobladores y hasta se ha impedido el transporte de los cadáveres.
También se denuncia que las personas que necesitan atención médica no se ha podido movilizar y hasta se reporta la imposibilidad de que las ambulancias realicen su labor en la región debido a que no hay venta de combustibles. La representación del Ministerio Público en los territorios añadió que la situación es grave para los comerciantes que no han podido vender sus productos.
Es ante este panorama que pidieron que la institucionalidad “restablezca el orden y garantice el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos”. Entre las respuestas que ha dado el gobierno hasta el momento es el fortalecimiento del pie de fuerza en la región con el despliegue de más de 1.900 uniformados.