Así fue el exterminio de los Turbay por el que Luis Almario irá a juicio en la JEP

La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene lista la primera acusación de su historia. Y no es de cualquier tema o personaje. Su director, Giovanni Álvarez Santoyo, anunció que el excongresista Luis Fernando Almario será llevado a juicio por más de 30 hechos de lesa humanidad, ocurridos en alianza con las Farc. Según la decisión, hay pruebas para asegurar que el excongresista participó en el exterminio del clan político Turbay Cote en Caquetá a comienzos de este siglo. Se trata de la primera persona que irá a juicio ante la Sección con Ausencia de Reconocimiento del Tribunal de Paz, luego de haber negado por décadas su participación en estos hechos violentos y representativos de la violencia en Colombia.

La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene lista la primera acusación de su historia. Y no es de cualquier tema o personaje. Su director, Giovanni Álvarez Santoyo, anunció que el excongresista Luis Fernando Almario será llevado a juicio por más de 30 hechos de lesa humanidad, ocurridos en alianza con las Farc. Según la decisión, hay pruebas para asegurar que el excongresista participó en el exterminio del clan político Turbay Cote en Caquetá a comienzos de este siglo. Se trata de la primera persona que irá a juicio ante la Sección con Ausencia de Reconocimiento del Tribunal de Paz, luego de haber negado por décadas su participación en estos hechos violentos y representativos de la violencia en Colombia.

Lo que logró evidenciar la Unidad de Investigación, más conocida como la Fiscalía de la JEP, es la participación de Almario en un entramado criminal para acabar con el movimiento liberal más importante de Caquetá. El atentado más fuerte ocurrió en 2000. Era el 29 de diciembre, cuando la comitiva del entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Diego Turbay Cote, fue interceptada por la columna móvil Teófilo Forero de las Farc, en el sitio La Gallera, cerca del municipio de Puerto Rico (Caquetá). El momento quedó encuadrado en las fotografías de la masacre como prueba irrefutable del horror de la guerra: cuerpos sin vida y con disparos de fusil regados por el piso, frente a la camioneta verde en que se transportaban.

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Allí estaba Diego Turbay, junto a su madre, Inés Cote de Turbay. En ese atentado también fueron asesinados el arquitecto Jaime Peña Cabrera, el conductor Rafael Ocasiones Llanos, y los escoltas Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez y Dagoberto Samboní. No obstante, la situación de violencia en contra de la familia Turbay Cote comenzó mucho antes. El 16 de junio de 1995, un comando de las Farc secuestró a Rodrigo Turbay Cotem hermano de Diego, en Paujil (Caquetá). Él era el primer hijo en seguir los pasos políticos de sus padres, Hernando Turbay (de la misma familia del expresidente Julio César Turbay) e Inés Cote.

En aquellos años, mientras la guerra se expandió por el departamento, Hernando Turbay representó el liderazgo liberal con vocería permanente en el Congreso y un muro de contención a la expansión de las Farc. Tras su retiro, entró a la escena política su hijo, Rodrigo Turbay Cote, quien llegó a posicionarse como director nacional del partido liberal. En medio del secuestro de Rodrigo Turbay, en 1995, se conoció una carta de su puño y letra dirigida a su madre. Dos años más tarde, lo encontraron muerto en un río de Caquetá, el 3 de mayo de 1997. Al año siguiente, 1988, en Florencia, fueron también asesinados los periodistas de la emisora Voz de la Selva, propiedad de la familia Turbay, José Libardo Méndez y Carlos Julio Rodríguez.

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Los pasos en la política del Caquetá de los Turbay los siguió Diego Turbay. Fue el presidente de la Comisión de la Cámara que dialogaba en el frustrado proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc. Tanto que su magnicidio representó uno de los momentos más complejos durante las negociaciones que iniciaron en 1997 y culminaron sin avances significativos en 2002. Por estos y otros 30 crímenes que llevaron al exterminio de la familia Turbay Cote, el excongresista Luis Fernando Almario será la primera persona en ir a juicio en la JEP. Por el exterminio en contra de esta familia solamente había sido condenado, en 2008, Jassir Hidimir Caicedo, un guerrillero de las Farc, a 40 años de cárcel, por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y rebelión.

Las evidencias contra Almario existen desde 2007

A finales de 2007, el entonces senador y actual presidente Gustavo Petro lideró un debate en el Congreso en el que reveló la existencia de alianzas entre políticos, narcotraficantes y grupos armados ilegales, señalando al expresentante Almario como uno de los posibles involucrados en esas relacionas ilegales. Ese fue el momento en que se comenzó a hablar de vínculos criminales entre las Farc y políticos. En ese debate, se conocieron unos testimonios de exguerrilleros que mencionaron que Almario fue quién ordenó atacar a la familia Turbay. Según estas versiones, Almario convenció a las Farc sobre supuestos vínculos entre los Turbay y paramilitares en la región.

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Después de las revelaciones de Petro y de que la justicia empezara a hacer lo suyo, en febrero de 2008 fue emitida la primera orden de captura por la Corte Suprema de Justicia en contra de Almario. Inmediatamente supo de la existencia del documento, Almario renunció a su curul en el Congreso. El caso pasó entonces a manos de la Fiscalía, que confirmó que Almario debía seguir preso mientras continuaba la investigación en su contra. Sin embargo, el excongresista recuperó su libertad en mayo de 2009. En agosto de ese año, la Fiscalía insistió con la hipótesis de que Almario había participado en la muerte de los Turbay, y lo llamó a indagatoria.

En esa ocasión, el ente investigador contaba con los testimonios de los exguerrilleros Fernando Bahamón Céspedes y Gerardo Aguirre Ballesteros, quienes declararon en contra del cacique conservador del Caquetá ante la Corte Suprema de Justicia. Según la versión de Bahamón, durante la época de los diálogos en el Caguán, fue testigo de una reunión entre jefes guerrilleros, como Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, y Luis Fernando Almario, en la que hablaron de la posibilidad de pactar una alianza para fortalecer la influencia de las Farc en el Caquetá. Ese objetivo se lograría, dijo el exguerrillero, si se eliminaban a los Turbay.

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Además de sus presuntos vínculos con las Farc, Almario Rojas también tuvo otro proceso ante la Corte Suprema, que lo investigó por parapolítica. En contraste, ese expediente sí avanzó y en 2016 fue condenado a 10 años de prisión por nexos con el paramilitarismo; respondiendo al delito de concierto para delinquir, por promover al Bloque Central Bolívar. Según la decisión de la Corte Suprema, quien tuvo en cuenta los testimonios de exmilitantes de los grupos de autodefensas, Luis Fernando Almario se aprovechó de los paramilitares para convertirse en unos de los líderes más fuertes de la política en el Caquetá y en la región sur del país. Las reuniones entre el político y los miembros de las AUC, resultaron, según la Corte, en una alianza efectiva.

Los antecedentes judiciales del excongresista no son menores. Por eso, hace ya tres años pidió pista en la JEP. Lo hizo, en el marco del caso 01 que tiene que ver con los secuestros dentro del conflicto armado. La vinculación del expolítico se dio por su presunta participación en el secuestro de Rodrigo Turbay Cote, perpetrado por los frentes 14 y 15 de las Farc en 1995; y por los homicidios de la misma familia en el 2000. La Sala de Reconocimiento de la JEP indagó la presunta responsabilidad del compareciente luego de conocer un video público de 2011, en el que exguerrilleros lo acusaron de ser el responsable de estos hechos.

En el video, Mauricio Gareca y Rubén Polanco afirmaron que el entonces representante les había dado una información clave para perpetrar los asesinatos. “Almario nos informó que la familia (Turbay) se iba a desplazar hacia Puerto Rico (Caquetá)”, y agregaron que, con ese atentado, se logró la derrota del turbayismo en el departamento. De acuerdo con estos testimonios que vincularon a Almario con el asesinato de las siete personas, el excongresista habría pactado con miembros de las Farc el exterminio del clan Turbay Cote, sus máximos contrincantes políticos en ese territorio.

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En contraste con la evidencia, el excongresista ha dicho en varias ocasiones que es víctima de un cartel de testigos falsos y mentirosos que se han encargado de manchar su nombre. Incluso, durante su proceso en la justicia transicional, no aceptó responsabilidad por el crimen, por lo que la Sala de Reconocimiento envió su expediente, en 2021, a la UIA para que iniciara un proceso adversarial que hoy tuvo su primer resultado al enviarlo a juicio. Giovanni Álvarez Santoyo, el director de la UIA, fue quien anunció que el excongresista Almario irá a juicio por más de 30 hechos de lesa humanidad en alianza con las antiguas Farc.

“El señor es acusado en calidad de coautor, puesto que con exmiembros de la extinta guerrilla de las Farc, desarrollaron un plan criminal que tenía como finalidad apropiarse del poder político en el Caquetá”, dijo el magistrado Álvarez Santoyo y añadió que no solo se le acusa a Almario por el secuestro y homicidio de la familia, sino porque identificaron una serie de conductas, cometidas entre 1993 y 2022, que afectaron a 30 personas del grupo político turbayista en ese departamento. “Es grave para la democracia, es grave para el país”, concluyó Álvarez Santoyo sobre los hechos. Así las cosas, el único camino que le queda a Almario es defenderse en un juicio, que lleva décadas en veremos y bajo un manto de total impunidad.

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