Así fue el juicio reservado en EE. UU. contra la bananera Chiquita Brands

En Colombia, miles de campesinos, ganaderos y pobladores del Magdalena Medio y el Urabá antioqueño llevan casi 20 años esperando una buena noticia de la justicia estadounidense. Una en la que quede demostrado que la multinacional bananera Chiquita Brands habría compartido responsabilidad por los crímenes más atroces cometidos por los grupos paramilitares en esa región, durante los años noventa y principios de los 2000. Para ello, desde 2007, han enviado decenas de demandas al Tribunal del Distrito Sur de la Florida, argumentando que, dado que Chiquita Brands financió con al menos US$1,7 millones a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también tendría culpa en esa carrera criminal por apoderarse del territorio. La respuesta está cerca.

En Colombia, miles de campesinos, ganaderos y pobladores del Magdalena Medio y el Urabá antioqueño llevan casi 20 años esperando una buena noticia de la justicia estadounidense. Una en la que quede demostrado que la multinacional bananera Chiquita Brands habría compartido responsabilidad por los crímenes más atroces cometidos por los grupos paramilitares en esa región, durante los años noventa y principios de los 2000. Para ello, desde 2007, han enviado decenas de demandas al Tribunal del Distrito Sur de la Florida, argumentando que, dado que Chiquita Brands financió con al menos US$1,7 millones a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también tendría culpa en esa carrera criminal por apoderarse del territorio. La respuesta está cerca.

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La fase probatoria del juicio contra Chiquita Brands por crímenes en Colombia acaba de terminar. Se trata de un macroexpediente en el que participan miles de víctimas y en el que el tribunal eligió nueve de los casos más representativos para evaluar la conducta de Chiquita Brands. Las víctimas solicitan una indemnización, pues reclaman que la millonaria financiación a las AUC, probada por el Departamento de Justicia estadounidense en 2007, y aceptada por la misma empresa, significó una cantera económica para cometer homicidios, masacres, desplazamientos y despojos. El Tribunal ya recogió la prueba testimonial y documental, así como los alegatos de conclusión, y prepara su decisión final en los próximos días.

Desde el primer momento, los representantes de Chiquita Brands reconocieron pagos entre 1997 y 2004, los cuales fueron gestionados por su filial en Colombia: Banadex. Señalaron que el dinero se filtró a través de las Convivir, grupos de seguridad privada avalados por el Estado colombiano, pero que sirvieron como fachada del paramilitarismo. No obstante, precisaron que el financiamiento se hizo bajo amenaza, y que lo hicieron para a proteger sus operaciones y a sus empleados. Que, aunque uno de sus directivos se reunió en 1997 en la finca Montecasino en Medellín, de Carlos Castaño, para pactar las entregas de dinero, los pagos se ejecutaron por extorsión y amenazas, por lo cual serían tan víctimas como los campesinos del Magdalena y del Urabá. La supuesta coerción fue reconocida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en una sentencia de 2007.

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El pasado 1 de mayo, el jurado escuchó el testimonio de Fernando Aguirre, director ejecutivo de Chiquita Brands en 2004, quien aseguró que ordenó detener los pagos una vez se enteró de ellos. Desde 2001, el gobierno estadounidense había catalogado a las AUC, el proyecto paramilitar de los hermanos Castaño, como una organización terrorista extranjera, por lo cual cualquier financiación era abiertamente ilegal. Luego, testificó Charles Keiser, quien dirigió las operaciones de Chiquita en Colombia entre 1987 y 2000, y quien reconoció que la compañía aprovechó la inestabilidad que provocaban los enfrentamientos entre grupos armados para comprar fincas en la región. Aun así, aclaró que sus empleados también fueron víctimas de la violencia y que su infraestructura sufrió daños millonarios durante la guerra.

El 3 de mayo fue escuchado Ever Veloza García, alias HH, excomandante del Bloque Bananero paramilitar y quien recientemente recobró la libertad. En entrevista con Caracol TV, en 2023, sobre los representantes legales de las multinacionales que financiaron la guerra en el Urabá, respondió: “Deberían de pagar cárcel como todos nosotros. Ellos fueron los que financiaron todos esos muertos”. Al tribunal de Florida, según representantes de víctimas, alias HH dijo que recibió órdenes para controlar las zonas bananeras, prohibir las huelgas de trabajadores y perseguir sindicalistas, para proteger a las multinacionales. Recalcó el papel que jugaron las Convivir para camuflar el dinero.

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A su turno, el jurado conoció el testimonio de Ovidio Núñez Cabrales, alias El Indio, un extrabajador de seguridad de Chiquita que con el tiempo se unió a los paramilitares y ha sido clave en procesos de Justicia y Paz en Colombia. Su testimonio detalló que la multinacional bananera, incluso, habría entregado armas y gasolina a los dirigidos por Carlos Castaño, y habría planeado asesinatos selectivos de la mano de los criminales. También aseguró que el propio Keiser, otro de los testigos, recibió seguridad directa de las AUC. Hasta el pasado 8 de mayo, además, se expusieron, con ayuda de traductores, los dolores de familias lugareñas y campesinas, quienes rememoraron el paso criminal de las AUC por su tierra.

Los días siguientes en el juicio permitieron conocer más testimonios de ambas orillas. Por ejemplo, Hermes Hernández, quien fuera jefe de seguridad de Chiquita en Urabá y Santa Marta, detalló la actividad criminal contra la bananera por parte de las FARC, el EPL y el ELN, y que los empleados de Banadex eran obligados a participar en rifas por parte de los paramilitares, con dinero que era descontado de sus salarios. Luego, los abogados de víctimas leyeron una declaración tomada previamente a Raúl Hasbún, alias Pedro Bonito y antiguo comandante paramilitar del Bloque Bananero. Este señaló que los ejecutivos de Chiquita se reunían periódicamente con líderes de las AUC para discutir cuestiones financieras y de seguridad. Aun así, aclaró que no hubo extorsión: “Nunca les obligué a aportarnos nada”, concluyó.

En la última semana, el jurado del Tribunal del Distrito Sur de Florida escuchó la presentación del caso por parte de Chiquita Brands, el cual fue refutado por los abogados de víctimas. Además, ambas partes presentaron sus alegatos finales, para dar paso a la deliberación final. Si bien este tipo de casos tiende a resolverse en semanas, fuentes consultadas por El Espectador coinciden en que el deseo del tribunal y de los jurados es terminar cuanto antes posible el expediente. De ser declarada responsable Chiquita Brands, deberá indemnizar a este primer grupo de colombianos que la demandaron y que buscaron probar que la multinacional estadounidense financió la barbarie paramilitar de los Castaño en Colombia. En todo caso, este expediente será registrado como antecedente histórico y servirá para resolver las miles de demandas que vienen en camino.

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