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Este 14 de diciembre comenzó la primera de dos audiencias sobre el descubrimiento del galeón San José, ante un tribunal de arbitramento internacional. Esta situación tiene en disputa al el Estado colombiano con la empresa Sea Search Armada, quienes reclaman haber descubierto el naufragio de esta embarcación en los ochenta y por eso solicitan una indemnización al Estado colombiano ante la Corte Permanente de Arbitraje. Según la compañía, la Nación se habría apropiado de los tesoros descubiertos por ellos, sin embargo, Colombia argumenta que todo lo relacionado con el San José le pertenecen.
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El Estado solicitó dos cuestiones al tribunal. La primera de ellas fue negar la pretensión de la empresa de hacerse con derechos que nunca le fueron reconocidos. La segunda es que dicho inversionista no instrumentalice estancias jurídicas a su favor para que el Estado colombiano se vea en la obligación de continuar en el proceso, en el que solicitan hasta $40 billones de pesos colombianos. Para demostrar estos puntos, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ofreció al tribunal una serie de pruebas que se remontan hasta el año 1982.
Lo primero que destaca la Agencia, en representación del Estado, es que en ningún momento se le reconoció a Gloca Morra Company (predecesora de Sea Search Armada) un derecho económico sobre el galeón. Se remontan a los ochenta, cuando esta compañía solicitó a la Dirección General Marítima (Dimar), permiso para explorar con fines investigativos las aguas de la Costa Caribe, haciendo énfasis en que estos nunca especificaron que se encontraban particularmente en búsqueda del Galeón. En un informe confidencial de la compañía del año 1982, confirmaron que habían encontrado naufragios, sin nombrar al San José directamente. El Estado, entonces, argumentó que era poco probable que un hallazgo de tal importancia no fuera mencionado con nombre propio en el informe confidencial de la empresa.
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Posteriormente, en 1994, el Estado firmó un contrato con la empresa Columbus Exploration para buscar el Galeón en las coordenadas citadas por la empresa Gloca Morra. Según la defensa del Estado, esta área es bastante amplia, pues equivaldría a 18 veces Cartagena o una vez Nueva York. Finalmente, ese año se anunció que no se encontró el naufragio en cuestión en la zona, aclarando que estudiaron una zona más amplia que la descrita en el informe confidencial para evitar errores.
Si bien el Estado reconoció que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de 2007, le concedió a la compañía el 50% de los derechos sobre los tesoros encontrados, entre estos nunca se especificó que estuviera el Galeón San José. Además, la defensa del Estado hizo énfasis en que los monumentos históricos y arqueológicos no pueden ser considerados como tesoros para reclamar derechos sobre ellos. Afirmaron que al cazatesoros nunca se le otorgó derechos sobre lo que Colombia considera patrimonio cultural sumergido. ro.
El origen de este pleito está en el reconocimiento de quién descubrió la embarcación, Sea Search alega que Gloca Morra Company, nombre que recibía antes la compañía descubrió el naufragio en los años 80. Sin embargo, el Estado solo reconoció su hallazgo hasta el año 2015 y no por medio de información suministrada o perteneciente a dicha compañía. Asimismo, en 2020, el gobierno de Colombia declaró a este Galeón como “Bien de Interés Cultural”, por lo que no podría estar en manos de empresas o inversionistas.
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A su turno, los representantes judiciales de Sea Search Armada, la firma Gibson Dunn, dieron a conocer la historia investigada del Galeón San José desde su construcción en 1698 y su caída en 1708. Como abrebocas, la firma presentó una nota de prensa de Infobae, de 2018, en la cual el medio de comunicación daba a conocer las supuestas coordenadas del galeón, tres años después de que le gobierno colombiano diera a conocer su propio hallazgo. Según las coordenadas del medio de comunicación y de Sea Search Armada, la diferencia entre el hallazgo hecho por su empresa predecesora y el hallazgo del gobierno colombiano es de tres millas náuticas, por lo que se trataría de la misma embarcación.
Seguido de ello, la defensa judicial de Sea Search Armada presentó una serie de convenios, documentos y decisiones judiciales para respaldar su presunta pertenencia sobre el galeón y los tesoros que guarda dentro de sí desde hace tres décadas. Entre esas pruebas, la misma sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2007, la cual le concedió el 50% de los derechos sobre los tesoros encontrados. Sea Search Armada reprocha las estrategias de Colombia para declarar el galeón y su contenido como “Bien de Interés Cultural”, zanjando así, al menos de manera legal, las órdenes planteadas por la Corte Suprema de Justicia hace década y media. La audiencia continua este viernes 15 de diciembre.
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