Así fue el plan criminal en el gobierno Uribe para chuzar a la Corte Suprema

César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa de la Casa de Nariño, y Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quedaron plenamente condenados por concierto para delinquir. Ya no hay vuelta atrás, pues la Corte Suprema de Justicia, en una decisión que no admite recursos y que representa el final de un expediente que duró años en resolverse, mantuvo en firme la sentencia condenatoria que el Tribunal Superior de Bogotá determinó contra ambos en 2021.

César Mauricio Velásquez, exsecretario de prensa de la Casa de Nariño, y Edmundo del Castillo, exsecretario jurídico del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quedaron plenamente condenados por concierto para delinquir. Ya no hay vuelta atrás, pues la Corte Suprema de Justicia, en una decisión que no admite recursos y que representa el final de un expediente que duró años en resolverse, mantuvo en firme la sentencia condenatoria que el Tribunal Superior de Bogotá determinó contra ambos en 2021.

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La tesis de la justicia es clara y quedará para la historia: Velásquez y del Castillo, en una asociación que contó con apoyo del extinto DAS y altos funcionarios, maquinaron y gestaron un plan de desprestigio a favor de los intereses del gobierno Uribe. En concreto, contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que para 2007 iniciaba con sus primeras pesquisas sobre la parapolítica. Y contra la excongresista Yidis Medina, quien públicamente había aceptado, en ese momento, haber recibido sobornos para dar el voto desequilibrante en el Congreso que le permitió a Uribe reelegirse en 2006.

“Se probo que tanto Velásquez como del Castillo integraron una asociación delictiva con vocación de permanencia, dirigida a ejecutar un plan para deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia y desacreditar a los opositores del gobierno. La Sala subrayó que los actos aislados de los acusados, como recibir documentos o asistir a reuniones, no pueden desvincularse del contexto global del impacto criminal”, concluyó la magistrada Rosa Elena Suárez, quien leyó la resolución del recurso de, en términos jurídicos, doble conformidad de los sentenciados.

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Al final, Velásquez y del Castillo fueron condenados a 63 meses de prisión (poco más de cinco años). El primero irá a la cárcel, mientras el segundo obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria. El origen de sus condenas está en el Club Metropolitan, en Bogotá, cuando en 2007 se realizó un desayuno en el cual Bernardo Moreno —condenado—, antiguo director del Departamento Administrativo De La Presidencia (Dapre), le comunicó a María del Pilar Hurtado —condenada—, exdirectora del DAS, que la mismísima Presidencia tenía un requerimiento para recopilar información de la Corte Suprema. Ahí inició el “plan criminal”, dijo la magistrada.

La Corte Suprema encontró probado que, de esa reunión inicial, se desprendieron funciones para otras cabezas de entidades de gobierno. César Mauricio Velásquez, como secretario de prensa, solicitó información al DAS que corroborara supuestos vínculos entre magistrados de la Corte y narcotráfico. Esto derivó en la entrega de documentos confidenciales por parte del DAS, lo cual fue utilizado como insumo para desprestigiar públicamente a los operadores de la justicia. Entre ellos el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien entonces era magistrado auxiliar.

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Tal era la necesidad de persecución de los funcionarios de gobierno, que basaron su petición de seguimiento ilegal en un viaje que realizaron los magistrados a Neiva, en 2006, que solo fue un homenaje al exmagistrado Yesid Ramírez Bastidas. Y ahí es cuando entró en escena del Castillo, quien aprovechó la información recopilada para filtrarla a los medios de comunicación. De hecho, para ello utilizó a una subalterna, a quien le entregaron información que luego se convertiría en el texto “El Mecenas de la Justicia” de la Revista Semana, que reportó información falsa sobre los magistrados y por lo cual el medio tuvo que rectificar.

Al mismo tiempo, en 2008, Colombia conoció las revelaciones de Yidis Medina en Canal Uno, en las que se mostró una entrevista de 2004 en la cual la excongresista detalló la manera en la que el gobierno Uribe le ofreció prebendas a cambio de su voto. Que Sabas Pretelt de La Vega, entonces ministro del Interior, negoció con ella puestos en el Sena regional, en el Seguro Social y en la Red de Solidaridad. E incluso, hasta un consulado presuntamente ofrecido por el mismo expresidente Uribe.

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Con esa papa caliente en los medios de comunicación, señala el expediente, César Mauricio Velásquez utilizó información recopilada por el DAS para desprestigiar a la excongresista Medina, quien fue retratada como auxiliadora de la guerrilla. De hecho, del Castillo “facilitó la presentación de un testigo preparado por el DAS quien rindió una declaración falsa en contra de Yidis Medina, además, gestionó que la Fiscalía recibiera al testigo”, explicó la magistrada Rosa Elena Suárez.

Al tiempo, la Corte Suprema de Justicia valoró otras alegaciones de los sentenciados, como que el caso estaba prescrito o que la Fiscalía no había cumplido con su deber de entregar una teoría del caso clara y específica con respecto a ambos. Ninguna resultó. La alta corte resolvió el recurso de doble conformidad, teniendo en cuenta que, aunque el Tribunal había condenado a Velásquez y del Castillo en 2021, meses antes un juzgado capitalino los había declarado inocente. La justicia dio la vuelta completa en ambos casos.

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En entrevista con Edmundo del Castillo, en 2021, el exfuncionario le dijo a El Espectador que, con respecto al testigo preparado por el DAS, no cometió ningún delito. “Es la obligación de todo ciudadano colombiano poner en conocimiento de la autoridad competente cuando se presenta la presunta comisión de un delito, y por ello se dirigió a esa persona ante la autoridad competente”, explicó.

Y agregó: “Nunca esperé un trato privilegiado ni diferenciado, pero sí una decisión en el campo estricto de lo jurídico y no de lo político, pues una justicia vindicativa y politizada dirigida a aniquilar moral, mediática y socialmente a una persona solo por el hecho de haber pertenecido como funcionario de un gobierno, no tiene sentido y flaco favor le hace a la institucionalidad”. Aun así, ya son dos instancias en las que la justicia dictamina todo lo contrario y, ahora, deberá pagar con su libertad su papel en el plan criminal desarrollado durante el gobierno Uribe.

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