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La génesis de la atrocidad paramilitar en el Magdalena Medio ha sido documentada casi toda por las voces de las miles de víctimas que dejó su estela criminal desde mediados de los años 70. Sin embargo, hace menos de un mes, la Fiscalía convocó a los máximos comandantes de las autodefensas en esa región para reconstruir colectivamente la barbarie que protagonizaron sus ejércitos privados, las alianzas con el narcotráfico, el proyecto político que gestaron desde Puerto Boyacá para posesionar su discurso y detallar su repertorio de violencia.
Ramón Isaza Arango, Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez), Arnubio Triana Mahecha (Botalón) y Luis Eduardo Cifuentes (El Águila) se sentaron en una misma sala durante una semana para desandar sus crímenes y explicar los orígenes del paramilitarismo en Colombia, al que se le atribuye en las últimas tres décadas casi el 60% de las masacres. Como resultado, la Fiscalía elaboró un detallado documento que condensa desde la primera estructura de los llamados ‘Los Escopeteros’, que empezaron a operar en 1977, hasta la multiplicación de sus frentes de batalla y presencia en Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.
Según el informe, conocido por El Espectador, en respuesta a los secuestros, extorsiones, boleteos y homicidios de las Farc en la región, Ramón Isaza solicitó a ganaderos como Evelio Monsalve, Ignacio Ríos, Alberto Villegas, John Yepes Lada y Carlos Salazar su apoyo para crear un grupo de autodefensas en 1977. Ese mismo año se entregó el primer millón de pesos para financiar la compra de ocho escopetas al primer grupo de ocho “contrarrevolucionarios”. Entre septiembre de ese año y febrero de 1978 ‘Los Escopeteros’ asesinaron a diez insurgentes en Puerto Triunfo (Antioquia). Para ese momento ya eran 25 los integrantes de la organización de Ramón Isaza.
Pronto, ganaderos de la región entregaron armas adicionales, luego de trámites irregulares ante el Ejército. Cada una con 500 cartuchos de munición. El primer combate con miembros del cuarto frente de las Farc se dio el 22 de febrero de 1978, cuando la guerrilla intentó tomarse el corregimiento de Las Mercedes, en Puerto Triunfo, para secuestrar a Evelio Monsalve, socio de Ramón Isaza. El resultado fueron cuatro guerrilleros muertos y tres heridos, “fecha que desde entonces se enarbola como el día nacional de las autodefensas”. A la par de las emboscadas a las Farc, ‘Los Escopeteros’ iban copando su zona de influencia.
Entre 1978 y hasta 1984 su único propósito era combatir a la insurgencia. Pero ese año se fusionaron con otra estructura de Puerto Boyacá (Boyacá) y comenzaron a variar sus tácticas de guerra. Antes dejaban los cuerpos en el mismo lugar de su ejecución, pero desde 1984 comenzaron a botarlos al río Magdalena y a desmembrarlos. Al mismo tiempo, “por los clamores de la comunidad”, incluyeron a ladrones, violadores, expendedores de droga, secuestradores y extorsionistas en su lista de objetivos militares, lo que constituye la primera expresión de política de limpieza social del paramilitarismo.
Paralelamente, con el liderazgo del excongresista Pablo Emilio Guarín y los ganaderos Carlos Loaiza, Luis Suárez y Gonzalo de Jesús Pérez, se crearon alianzas con oficiales de mando del batallón Bárbula del Ejército en Puerto Boyacá para continuar la expansión del brazo paramilitar de Ramón Isaza. Se entregaron armas a la población civil y se creó, el 22 de junio de 1984, la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), que se constituyó como fachada para el tránsito de dineros, logística, pago de sueldos, armas y municiones.
La Gobernación de Boyacá le reconoció la personería jurídica a una asociación que se presentaba como una entidad sin ánimo de lucro, que tenía servicios de urgencia, droguería, tiendas comunales, asesoría legal, artes gráficas y hasta escuelas rurales. Entre abril, mayo y junio de 1989 Iván Roberto Duque ofició como secretario de Acdegam. De hecho, había sido concejal de Puerto Boyacá y su último cargo público fue como secretario de la Gobernación de Boyacá en enero de 1994, cuando fue capturado por homicidio. De vuelta a los años 80, en 1983, la guerrilla secuestró a Gonzalo de Jesús Pérez, alias El Viejo. Su hijo Henry acudió a Ramón Isaza para rescatarlo. Se volvieron aliados.
Ya entonces el imperio del narcotráfico de Gonzalo Rodríguez Gacha se había interesado por el grupo paramilitar de Henry Pérez. En ese momento se cruzaron los destinos de las autodefensas de Puerto Boyacá y el cartel del Medellín. Ramiro Cuco Vanoy contactó a John Yepes Lada, un enlace de Pablo Escobar, para organizar el impuesto de gramaje, transporte y vigilancia de los cultivos y laboratorios del cartel. Henry Pérez se entendía directamente con Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano. Tales alianzas derivaron en las llamadas escuelas de formación y sicariato financiadas por el narcotráfico, que comenzaron en 1984.
Las primeras se llamaban ‘Cero Uno’, ‘El Cincuenta’, ‘El Tecal’, ‘La Corcovada’ y ‘Galaxias’. A estos cursos asistieron Alonso de Jesús Baquero, alias El Negro Vladimir, y un sujeto conocido como Jaime Rueda Rocha, el mismo que cinco años después, un 18 de agosto, asesinó al candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Los miembros del ejército israelí Yair Klein, Melkin Ferry, Izahack Shoshani Meraiot, Avraam Tzedaka, Arik Piccioto Afek y los británicos Peter Stuart McAlesse, Brian Tomkins, Dean Anthony Shelley, John Richard Owen, Andrew Jibson y Terrence Tagney llegaron a Colombia en 1988 para entrenar estos ejércitos privados. El Mexicano financió estas escuelas. La más conocida, la Isla de la Fantasía.
De allí salieron los Macetos, los Tiznados, los Grillos y Maicopa, grupos sicariales que atendían órdenes del cartel de Medellín y los ‘paras’ de Henry Pérez. Su primera misión consistía en atacar el campamento madre de las Farc, denominado Casa Verde. Según el documento de la Fiscalía, Pablo Escobar creó otra escuela de sicarios paralela, liderada por el instructor israelí Isaac Guttman Estembergef, asesinado en Medellín en agosto de 1986. De allí salieron los grupos los Pricos y los Quesitos, pero su proyecto se canceló luego de un intento fallido de asesinato a Rodrigo Lara Bonilla (ejecutado por otros sicarios el 30 de abril de 1984).
Poco después del magnicidio del ministro Lara, y cuando ‘Los Extraditables’ le habían declarado la guerra al Estado con sus asesinos a sueldo en motos de alto cilindraje y bombazos, Ramón Isaza se subordinó a Henry Pérez, quien le reconoció mando en la zona de Antioquia. Desde entonces, el grupo de Isaza comenzó a recibir un sueldo mensual de $17.000 y uniformes y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares. El excongresista Pablo Emilio Guarín quedó como cabeza del ala política paramilitar, mientras Gonzalo y Henry Pérez, así como Isaza, se encargaron de la expansión paramilitar.
Lo siguiente fue repartir frentes de batalla y generar alianzas. Al Negro Vladimir le dieron el sur de Santander, el sur de Bolívar y parte de Puerto Berrío. Otros más se encargaron de La Dorada (Caldas) y de la región de Urabá, mientras Enilse López, alias La Gata, se quedó con un grupo de seguridad en Magangué (Bolívar) y los hermanos Fidel y Carlos Castaño, con otro en Córdoba. Las ramificaciones de las autodefensas se extendieron a Caldas, Tolima, Caquetá y Putumayo antes de finalizar los años 80, una década de magnicidios, atentados, bombazos y el exterminio de la Unión Patriótica. Muchos crímenes los ejecutaron los sicarios que mandó a entrenar Gonzalo Rodríguez, El Mexicano.
De acuerdo con los relatos de los desmovilizados jefes paramilitares, Pablo Escobar tuvo en algún momento la intención de hacer de Antioquia una república independiente, propuesta rechazada por casi todos menos por Henry Pérez. No obstante, poco después este último también entró en guerra con los ejércitos del cartel de Medellín. El capo declaró objetivo militar a sus exsocios de Puerto Boyacá y el 20 de julio de 1991 asesinó a Henry Pérez en las fiestas del Virgen del Carmen de Puerto Boyacá. Dos años atrás, en 1989, había caído abatido El Mexicano y su poder fue copado por las autodefensas.
Luis Eduardo Meneses, más conocido como Ariel Otero, reemplazó a Henry Pérez. Con el Gobierno pactó un acuerdo para desmovilizar a sus hombres, y en ese 1991 se entregaron 700. Otero fue acusado de traición por los paramilitares por su decisión inconsulta y por haber aprovechado para negociar con capos del Valle la venta clandestina de armas y municiones que no reportaron sus combatientes. El 9 de enero de 1992 fue asesinado en Cali. En ese momento, Pablo Escobar estaba tras las rejas.
A su muerte, el 2 de diciembre de 1993, Ramón Isaza se independizó de las autodefensas de Puerto Boyacá y su lugar fue ocupado por Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, a quien le asignaron Cundinamarca. Sus bastiones, Pacho y Yacopí, territorio que compartió con Luis Eduardo Cifuentes, alias El Águila. Entre 1994 y 2000, Isaza desdobló sus frentes que varios de sus hijos heredaron, con la particularidad de que tenían algunos nombres de otros hijos suyos que habían sido asesinados por la guerrilla o muerto en accidentes automovilísticos. Ya en ese momento había una comandancia unificada, liderada por Carlos Castaño.
El amo y señor del Magdalena Medio, Ramón Isaza, siguió manteniendo sus ejércitos mientras atendía las directrices que desde el Nudo de Paramillo fijaban los hermanos Vicente y Carlos Castaño, Mancuso y el propio Ernesto Báez, quien en otras épocas plantó las bases del paramilitarismo en Puerto Boyacá, la autodenominada capital antisubversiva de Colombia. Las memorias de los excomandantes paramilitares Ramón Isaza, Ernesto Báez, Botalón y El Águila reconstruyeron el pasado turbulento de sus frentes de guerra hasta su desmovilización, en el año 2006.
Su historia rememora 30 años de atrocidades, fusiles, homicidios, masacres, desapariciones y violencia generalizada. Según el informe del Grupo de Memoria Histórica, lanzado el miércoles 24 de julio, cuatro de cada diez asesinatos selectivos de los 23.154 documentados entre 1981 y 2012 fueron perpetrados por las autodefensas. El germen de la sevicia que el país conoció en masacres como El Salado, Chengue o San José de Apartadó puede rastrearse a los orígenes de estas escuelas de tortura y sicariato que los mercenarios entrenados en el Magdalena Medio y pagados por Rodríguez Gacha desarrollaron décadas atrás.
Lo valioso de esta reconstrucción histórica que hizo la Fiscalía es el intento de elaborar el conjunto de circunstancias que facilitaron el surgimiento y la expansión del paramilitarismo en el Magdalena Medio, más allá de conocer hechos puntuales desde la voz de los victimarios, como se ha visto en tantas versiones libres de Justicia y Paz. Además, es inédito también que tantos exjefes de las autodefensas se reúnan para detallarle a la justicia el contexto en el que estos grupos armados aparecieron. Como bien recordó el valioso informe de Memoria Histórica, que resumió en 431 páginas cinco años de investigación, “Colombia apenas comienza a esclarecer las dimensiones de su propia tragedia”.
Las escalofriantes cifras de la guerra
El pasado miércoles el Grupo de Memoria Histórica reveló el más completo informe sobre las atroces cifras que ha dejado el conflicto armado en Colombia, en el que los paramilitares desempeñaron un papel preponderante al realizar masivas desapariciones, homicidios, masacres y desplazamientos. Según el documento, de 431 páginas, en el país se han asesinado a 220 mil personas en el marco de medio siglo que ha durado el conflicto, de las cuales ocho de cada diez eran civiles. En cuanto al tema de masacres, en Colombia se cometieron 1.982 masacres entre 1980 y 2012, en las que murieron 11.751 personas. Los paramilitares fueron responsables del 58% de estos hechos y, además, se concluyó que de los 23.154 asesinatos selectivos que se hicieron entre 1981 y 2012, las autodefensas son responsables del 38% de éstos. Las cifras reflejan la triste realidad de un país que ha vivido en medio de la guerra que ha dejado a 50.891 personas desaparecidas y a más de 4 millones de desplazados.