La Fiscalía habría puesto al descubierto un modelo de corrupción inédito. Se trata del presunto cartel de las licencias de maternidad, al cual le fueron capturados ocho de sus miembros y contra quienes iniciará una investigación por estafa, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
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Tres familias habrían constituido 19 sociedades ficticias que figuraban como inmobiliarias, empresas de servicios generales o de asesorías, entre otras. Estos supuestos miembros del cartel se habrían hecho pasar como representantes de ONG’s y funcionarios públicos, recorriendo varias ciudades y recopilando información de mujeres embarazas de escasos recursos.
Al parecer, acopiaban la información personal de mujeres que estaban entre el cuarto y quinto mes de gestación, en municipios de Vichada, Meta, Cundinamarca, Huila, Casanare, Boyacá y Atlántico. Habrían afiliado a un total de 428 mujeres al sistema de salud, haciéndolas pasar como empleadas de las empresas fachada.
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Inicialmente, según la investigación de la Fiscalía, la organización reportó que las supuestas trabajadoras recibían una remuneración del salario mínimo. Sin embargo, cuando faltaba un mes para que dieran a luz, informaron que como por arte de magia devengaban un salario de ocho millones. Y este último dato es el que el Sistema de Seguridad Social tiene en cuenta para pagar la licencia, la cual puede extenderse hasta por 18 semanas.
“Con estas maniobras, los señalados integrantes de la organización delincuencial habrían solicitado el pago de licencias de maternidad, las cuales fueron pagadas con base en el último salario reportado por el empleador. De esta manera, defraudaron en cerca de 9.000 millones de pesos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, agregó la Fiscalía.
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Según el ente investigador, el cual omitió los nombres de los imputados, seis de los ocho capturados recibieron medida de aseguramiento. Asimismo, inició un proceso de extinción de dominio sobre los bienes que supuestamente resultaron del entramado de corrupción: un predio rural, tres predios urbanos, ocho vehículos y, justamente, las sociedades ubicadas en Meta, Huila y Bogotá.
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