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La razón de ser del Instituto Financiero de Desarrollo de Santander (Idesan) es otorgar millonarios créditos a programas de desarrollo en la región, que hagan del departamento un lugar con mayores garantías de educación, vivienda, o salud. Sin embargo, en la administración del gerente Gilberto Mendoza, entre 2016 y 2019, la entidad habría estado al servicio de particulares con otras intenciones que, aparte, presuntamente estafaron hasta 1.454 familias que tenían el sueño de tener un hogar propio.
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Las conductas del gerente Mendoza son seguidas de cerca por la Fiscalía, la cual lo capturó hace unos días, y por la Procuraduría, que acaba de llamarlo a juicio disciplinario por faltas consideradas graves, que podrían terminar con una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Ambos órganos de control reprochan a la directiva del Idesan y a su comité de crédito, desviar, al parecer, recursos a favor de particulares que ni siquiera cumplían con los requisitos de ley para acceder a las ayudas del gobierno departamental. Los créditos suman $6.450 millones.
Los investigados son, desde lo disciplinario, el exgerente Mendoza y los miembros del comité de crédito del Idesan, Andrés Solano Aguilar, Claudia Hernández Buitrago, Hermes Rico Charry y Jairo Duarte Hernández. Para empezar, todos participaron en la autorización del crédito por $2.500 millones a Impresiones Greas en 2018. Aunque el fin de la entidad es fomentar el desarrollo en Santander, la sociedad pidió el dinero para adecuar un condominio de nombre Hotel Palmazul en Cundinamarca.
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Además, la sociedad Impresiones Greas se constituyó en mayo de 2017, por lo cual no cumplía el requisito de presentar los estados financieros de al menos dos vigencias cerradas, auditadas y aprobadas. Luego, las irregularidades serían palpables con la autorización, también en 2018, de alrededor de $3.800 millones a Proyectos y Construcciones Santander (Procosan), cuyo objeto del crédito era acondicionar terrenos para las urbanizaciones Juan David I, Juan David II, Bosques del Carrizal, Rosales y Ciudad Jardín, en Girón y Floridablanca.
Como lo imputó un fiscal adscrito a la seccional de Santander, aparte, los proyectos en Girón y Floridablanca no cumplían con las licencias de construcción, registro enajenador, permiso de venta y otros requisitos legales. Tal sería la afectación que 1.454 familias se quedaron sin hogar, dado que las urbanizaciones jamás fueron finalizadas y entregadas. La pérdida económica se estima en $32.00 millones.
Los cabos sueltos
Las denuncias contra los directivos del Idesan llegaron a la Procuraduría por parte del medio de comunicación Vanguardia y un correo firmado por parte de “Ciudadanos Santandereanos Preocupados”. En las quejas, se establece que, además, entre 2016 y 2019 se habría otorgado créditos que ahora presentan mora y que la entidad ha omitido cobrar. Incluso, que se habrían entregado recursos públicos en favor de familiares de diputados. “Los créditos no generan beneficios para el departamento”, se explica en el documento de la Procuraduría.
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La respuesta de los funcionarios
El exgerente Gilberto Mendoza no presentó argumentos en su favor durante el desarrollo del expediente. Por su parte, Andrés Solano, quien analizó y encomendó la aprobación de los créditos al entonces gerente, aseguró que existían vacíos legales dentro de la entidad. Por ejemplo, sobre el caso de Impresiones Greas, señaló que no hay procedimiento para reportar cuando una empresa es de reciente creación y no cuenta con los estados de vigencia que son necesarios, como lo evidenció la Procuraduría.
Claudia Hernández, por su parte, señaló que ella únicamente cumplía las funciones de secretaria, en el entendido de elaborar y custodiar las actas que se expiden en el comité del crédito del Idesan. En su defensa, aseguró que verificar que los créditos llegaran a buenas manos correspondía al Grupo de Gestión Financiera y al Área Jurídica de la entidad. Todos enfrentarán un juicio disciplinario, pero solo el exgerente Mendoza es investigado por la Fiscalía.
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Contra quienes las pesquisas van más avanzadas son los antiguos integrantes de Procosan, quienes fueron imputados el año pasado por estafa agravada, urbanización ilegal agravada y concierto para delinquir. Gerardo Sánchez, Bernardo Celis, Carlos Almeida, Martha Mantilla, Constantino Sánchez y Graciliano Gómez, son procesados por, presuntamente, ofrecer vivienda a miles de familias, con dinero que estaba destinado a proyectos sociales y que no debería estar a disposición para ser multiplicado en una inversión particular.
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