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En mayo de 2017 la Fiscalía creó la Unidad Especial de Investigación (UEI) como un compromiso que se había adquirido con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc. La Unidad, que fue pensada en los acuerdos de la Habana (Cuba) para poner punto final a los grupos herederos del paramilitarismo ha tenido, en sus cuatro años de funcionamiento, el paso de tres directores, por lo que se hay quienes han dicho que su trabajo ha sido insuficiente. Este es el balance de su trabajo que le entregaron a El Espectador.
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¿Cómo trabaja la UEI?
La Fiscalía dice que a la fecha la unidad cuenta con tres equipos territoriales a nivel nacional distribuidos en Cauca y Nariño; y siete “equipos itinerantes” ubicados en el Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Putumayo, Huila, Tolima, Chocó, Meta y Caquetá. Adicionalmente, la UEI tiene un grupo de investigación formado por el CTI y el Cuerpo Élite de la Policía, así como un equipo de análisis conformado por el grupo de caracterización victimológica y el grupo de análisis y contexto.
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El ente investigador dice que la UEI dentro de su estrategia para la investigación y judicialización, cuenta con equipos multidisciplinarios formados por psicólogos, politólogos, geógrafos y sociólogos, que aportan “en la caracterización de víctimas y análisis con vocación probatoria para entender el antes, durante y después, así como el territorio y las víctimas”. Esta estrategia, dice la Fiscalía, también cuenta con enfoque territorial y diferencial.
¿Qué ha hecho la UEI en estos años?
Según dijo el ente investigador, esta unidad, desde 2018, “diseñó e inició el proceso de implementación del modelo investigativo para contribuir con el desmantelamiento de organizaciones criminales, desde la acción penal”. Así mismo, la Fiscalía sostiene que a diario ellos avanzan con procesos penales para “quienes representan el principal obstáculo para avanzar en la construcción de paz en Colombia, las organizaciones criminales”.
De igual manera, el ente investigador asegura que desde el Acuerdo, han aplicado una metodología de priorización en los casos, en conjunto con el partido Comunes (exFarc) y con la Misión de Verificación de la ONU, en las que establecieron que su primera línea de investigación serán los casos de homicidios, tentativas de homicidio y desaparición forzada de las personas en proceso de reincorporación de las Farc, certificados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y sus familiares.
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Continuando con sus líneas de investigación, la UEI creó una estrategia para el abordaje de amenazas en contra de reincorporados de las Farc que hubiesen sido certificados como tal. Asimismo, dice el ente investigador, la UEI apoya la estrategia de investigación y judicialización de homicidios en contra de defensores de derechos humanos que está liderada por la vicefiscal, Martha Mancera, y apoyada por diferentes dependencias del organismo, como la Delegada para la Seguridad Ciudadana y la Delegada contra la Criminalidad Organizada.
Para el ente investigador, la idea de estas acciones es “impactar a los responsables de los hechos, sin importar el lugar que ocupen al interior de las organizaciones criminales”. La UEI enfoca su actuar contra “las tres dimensiones del fenómeno delictivo”: estructura armada, financiera y mecanismos de control de la población. Con esto, se protege, en concordancia con el Acuerdo de Paz, principalmente a los reincorporados, familiares y defensores de derechos humanos.
¿Cómo ha operado la UEI en los casos de asesinatos de líderes sociales y excombatientes?
Actualmente la Unidad cuenta con 13 proyectos de investigación en distintas zonas del país. Según dice el ente investigador, se investigan 311 afectaciones en contra de defensores de derechos humanos, reincorporados Farc, sus familiares familiares y otras poblaciones. En estos casos, de acuerdo con las cifras de las Fiscalía, hay vinculadas 573 víctimas: 90 son defensores de derechos humanos, 145 son excombatientes de las Farc y sus familias familiares, 314 personas de la comunidad y 24 funcionarios públicos, de los cuales 20 hacen parte de las fuerzas armadas.
Para el 31 de octubre de 2021, la Fiscalía asegura que los avances investigativos de los proyectos señalan que 77 de ellos están en “ejecución de penas con sentencia condenatoria, 105 en etapa de juicio, 187 en etapa de investigación, 165 en etapa de indagación con orden de captura y 8 preclusiones por muerte del indiciado”.
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