Así opera cartel de abogados que pone en riesgo $1 billón del sistema de salud
La Procuraduría evidenció que en varios departamentos del país hay abogados que, mediante asesorías ilícitas, habrían embargado cuentas de EPS por más de $1 billón. La Fiscalía y la Policía ya investigan, mientras que el Ministerio Público advierte sobre el “riesgo inminente de paralización de la operación del sistema de salud” por estos embargos.
En la Fiscalía ya avanza una investigación que busca establecer si, de manera ilegal, jueces y abogados embargaron ilegalmente recursos públicos que tenían que ser invertidos en el sistema de salud del país.
La Policía ya tiene también las primeras evidencias de este caso, que fue liderado por la Procuraduría. Según su investigación, a través de asesorías jurídicas ilícitas, los abogados habrían conseguido embargar más de $1 billón en cobros coactivos.
Lo que explicó el Ministerio Público es que un cartel de abogados, asesorando a Empresas Sociales del Estado (ESES), hacían cobros a varias EPS del país para cobrar facturas de servicios de médicos que no eran claros o ni siquiera estaban autorizados para realizarse.
En otras palabras, las ESES estarían cobrando dinero, de manera ilegal, a empresa prestadoras de salud. Como muchos de esos pagos no se realizaban, los abogados, al parecer con la complicidad de jueces, pedían el embargo de las cuentas de las entidades de salud.
Lo anterior, sostiene la Procuraduría, habría sido un procedimiento abiertamente ilegal, pues los bienes del Estado, como el dinero de la salud, no se pueden embargar de esta manera. Pese a la presunta irregularidad, los abogados pedían hasta el 30% de esos recursos, a manera de retribución por sus supuestos servicios legales.
El Ministerio Público explicó que la Corte Constitucional ya emitió un riguroso proceso que debe seguir cualquier entidad o personas que busque este tipo de embargos y, en todo caso, insisten la entidad, los procedimientos no se pueden hacer a través de amenazas.
La situación es crítica. A corte de junio de 2023, la Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud (Adres) tenía 358 solicitudes de embargo sobre recursos de EPS que sumaban un billón cincuenta y seis mil millones de pesos (1.056.688.408.139)
Además, que en contra de la propia entidad Adres, había 11 solicitudes para un total de más $27.988 millones. “Resulta evidente el riesgo inminente de paralización de la operación del sistema de salud por el embargo de los recursos que la financian”, alertó la Procuraduría.
La Procuraduría bautizó el caso como el cartel de los hospitales, “conformado por funcionarios, abogados y jueces que, de formas ilegales, se apropiaban de recursos públicos destinados a la salud”
Los abogados del cartel que habría defraudado al sistema de salud
Durante 2023, la Procuraduría supo de la existencia de estos procedimientos ilegales y emitió una circular para advertir que estaban prohibidos. Aunque aclaró que muchos abogados y ESES suspendieron esas maniobras criminales, el Ministerio Público le envió a la Fiscalía los datos de cuatro casos en los que nada ha cambiado.
El primero es el del Hospital César Uribe Piedrahíta, una ESE ubicada en el municipio de Caucasia (Antioquia). La Procuraduría señala, con nombre propio, que el abogado Humberto Bernal Tobón, en reiteradas ocasiones, ha tomado varias decisiones, aparentemente ilegales, para seguir cobrando dinero a las EPS.
Por ejemplo, el abogado intentó tumbar la resolución de la Procuraduría que prohibía tajantemente el cobro coactivo de servicios médicos a las EPS. Además, Bernal Tobón habría intentado cobrar varias veces por el mismo procedimiento médico a la EPS Salud Total.
El segundo caso es el de la ESE Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Hatonuevo (La Guajira). El Ministerio Público aseguró que la representante legal, Neritza María Terán Solano, “obstinadamente ha adelantado diversas acciones orientadas a mantener los procesos de cobro coactivo”.
Según la documentación que ya estudia la Fiscalía, la abogada habría conseguido embargar $219 millones de la EPS Salud Total en 2022 y, pese a que las autoridades identificaron que este tipo de acciones eran ilegales, Terán Solano no habría revuelto la suma de dinero.
El tercer caso es el de varias ESE en el departamento del Cesar: el Hospital Hernando Quintero Blanco, del municipio de El Paso; el Hospital San Juan Bosco, en el municipio de Bosconia; y el Hospital San Roque, del municipio de El Copey.
Lo que cuenta la Procuraduría es que las empresas habrían contratado al abogado John Smith Garrido Barrios para asesorías de procesos de cobros coactivos, aunque todavía no ha constatado con total certeza si realizó el mismo procedimiento ilegal de los otros colegas y si, además, recibió dinero del sistema de salud de manera irregular.
Y el cuarto caso ocurrió en el Centro de Salud con Camas de Montecristo (Bolívar). El Ministerio Público le explicó a la Fiscalía que la gerente de la empresa, Yaniris Méndez Galvis “con desconocimiento del orden legal y constitucional, persiste en adelantar un proceso de cobro coactivo en contra de Mutual Ser EPS.
Además, dice el documento que la Procuraduría le envió al ente investigador, Méndez Galvis también estaría detrás de la petición de medidas de embargo de los recursos de la EPS, en contra vía con la ley.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En la Fiscalía ya avanza una investigación que busca establecer si, de manera ilegal, jueces y abogados embargaron ilegalmente recursos públicos que tenían que ser invertidos en el sistema de salud del país.
La Policía ya tiene también las primeras evidencias de este caso, que fue liderado por la Procuraduría. Según su investigación, a través de asesorías jurídicas ilícitas, los abogados habrían conseguido embargar más de $1 billón en cobros coactivos.
Lo que explicó el Ministerio Público es que un cartel de abogados, asesorando a Empresas Sociales del Estado (ESES), hacían cobros a varias EPS del país para cobrar facturas de servicios de médicos que no eran claros o ni siquiera estaban autorizados para realizarse.
En otras palabras, las ESES estarían cobrando dinero, de manera ilegal, a empresa prestadoras de salud. Como muchos de esos pagos no se realizaban, los abogados, al parecer con la complicidad de jueces, pedían el embargo de las cuentas de las entidades de salud.
Lo anterior, sostiene la Procuraduría, habría sido un procedimiento abiertamente ilegal, pues los bienes del Estado, como el dinero de la salud, no se pueden embargar de esta manera. Pese a la presunta irregularidad, los abogados pedían hasta el 30% de esos recursos, a manera de retribución por sus supuestos servicios legales.
El Ministerio Público explicó que la Corte Constitucional ya emitió un riguroso proceso que debe seguir cualquier entidad o personas que busque este tipo de embargos y, en todo caso, insisten la entidad, los procedimientos no se pueden hacer a través de amenazas.
La situación es crítica. A corte de junio de 2023, la Administradora de los Recursos de la Seguridad Social en Salud (Adres) tenía 358 solicitudes de embargo sobre recursos de EPS que sumaban un billón cincuenta y seis mil millones de pesos (1.056.688.408.139)
Además, que en contra de la propia entidad Adres, había 11 solicitudes para un total de más $27.988 millones. “Resulta evidente el riesgo inminente de paralización de la operación del sistema de salud por el embargo de los recursos que la financian”, alertó la Procuraduría.
La Procuraduría bautizó el caso como el cartel de los hospitales, “conformado por funcionarios, abogados y jueces que, de formas ilegales, se apropiaban de recursos públicos destinados a la salud”
Los abogados del cartel que habría defraudado al sistema de salud
Durante 2023, la Procuraduría supo de la existencia de estos procedimientos ilegales y emitió una circular para advertir que estaban prohibidos. Aunque aclaró que muchos abogados y ESES suspendieron esas maniobras criminales, el Ministerio Público le envió a la Fiscalía los datos de cuatro casos en los que nada ha cambiado.
El primero es el del Hospital César Uribe Piedrahíta, una ESE ubicada en el municipio de Caucasia (Antioquia). La Procuraduría señala, con nombre propio, que el abogado Humberto Bernal Tobón, en reiteradas ocasiones, ha tomado varias decisiones, aparentemente ilegales, para seguir cobrando dinero a las EPS.
Por ejemplo, el abogado intentó tumbar la resolución de la Procuraduría que prohibía tajantemente el cobro coactivo de servicios médicos a las EPS. Además, Bernal Tobón habría intentado cobrar varias veces por el mismo procedimiento médico a la EPS Salud Total.
El segundo caso es el de la ESE Nuestra Señora del Carmen en el municipio de Hatonuevo (La Guajira). El Ministerio Público aseguró que la representante legal, Neritza María Terán Solano, “obstinadamente ha adelantado diversas acciones orientadas a mantener los procesos de cobro coactivo”.
Según la documentación que ya estudia la Fiscalía, la abogada habría conseguido embargar $219 millones de la EPS Salud Total en 2022 y, pese a que las autoridades identificaron que este tipo de acciones eran ilegales, Terán Solano no habría revuelto la suma de dinero.
El tercer caso es el de varias ESE en el departamento del Cesar: el Hospital Hernando Quintero Blanco, del municipio de El Paso; el Hospital San Juan Bosco, en el municipio de Bosconia; y el Hospital San Roque, del municipio de El Copey.
Lo que cuenta la Procuraduría es que las empresas habrían contratado al abogado John Smith Garrido Barrios para asesorías de procesos de cobros coactivos, aunque todavía no ha constatado con total certeza si realizó el mismo procedimiento ilegal de los otros colegas y si, además, recibió dinero del sistema de salud de manera irregular.
Y el cuarto caso ocurrió en el Centro de Salud con Camas de Montecristo (Bolívar). El Ministerio Público le explicó a la Fiscalía que la gerente de la empresa, Yaniris Méndez Galvis “con desconocimiento del orden legal y constitucional, persiste en adelantar un proceso de cobro coactivo en contra de Mutual Ser EPS.
Además, dice el documento que la Procuraduría le envió al ente investigador, Méndez Galvis también estaría detrás de la petición de medidas de embargo de los recursos de la EPS, en contra vía con la ley.
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