Así recuperan bienes de fraude a la DIAN

La Fiscalía ha estado rastreando cuentas bancarias, declaraciones de renta y propiedades de los, hasta ahora, 59 implicados en el desfalco a la Dian por las devoluciones ilegales de IVA, para recuperar los casi $3 billones que se perdieron. Dos nuevas decisiones del ente investigador, que fueron emitidas el 19 y 25 de noviembre, buscan embargar los bienes de cinco exfuncionarios de la DIAN, cinco particulares y Sandra Liliana Rojas, la mano derecha de Blahca Jazmín Becerra.

La primera orden de extinción de dominio se da contra cuatro de los primeros 13 procesados por este caso. Se trata de los tres exfuncionarios de la DIAN, Hervin Enrique Martínez Calvera, Antonio Ramón Angulo y Raúl Vargas, quienes pertenecían al Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Devoluciones; y de Sandra Rojas, quien fue la encargada de hacer los enlaces entre la sociedad Consultores y Asesores R&R y los funcionarios públicos. Esta mujer ya fue condenada el 5 de octubre de 2012 a 25 años de prisión.

Las maniobras irregulares en las que se falsificaron facturas de exportación y se crearon empresas fachada, comenzaron en 2008 y finalizaron en julio de 2011, cuando María Eugenia Torres, la entonces directora seccional de la DIAN Bogotá, destapó el escándalo. Según estableció la Fiscalía, el primer funcionario en aceptar los sobornos de Blahca Jazmín y Sandra Rojas fue Martínez Calvera, quien después persuadió a sus otros dos compañeros para que ocultar la información fraudulenta.

Fueron las interceptaciones telefónicas y las declaraciones de Jose Norbey Garzón —representante legal de Continental de Chatarras, empresa que creaba las facturas ficticias de exportación— las que permitieron a las autoridades entender la mecánica de cómo desde R&B tramitaba las devoluciones ilegales del IVA. Estos pagos se realizaban a empresas ficticias que se crearon en diferentes ciudades del país. De esta manera, la Fiscalía logró evidenciar, a través de declaraciones de renta, que los implicados “obtuvieron un incremento patrimonial exagerado”.

El pasado 19 de noviembre la Fiscalía ordenó el embargo de más de $717 millones que estaban en manos de Rojas García y los tres exfuncionarios. A Hervin Martínez Calvera, le extinguieron cinco apartamentos, un lote en Guavatá (Santander) y un carro. Todas estas propiedades, que tienen un valor de $332 millones, estaban a nombre de sus seis hermanos, su madre y su esposa. A Antonio Angulo, el ente investigador le quitó dos vehículos que tenía a su nombre y están avaluados en $44 millones. Raúl Vargas, al parecer, logró comprar con los recursos públicos un apartamento de $212 millones y un carro avaluado en $30 millones.

A Sandra Rojas, le embargaron dos vehículos. El primero una cuatrimoto que tiene un valor de $15 millones y un campero de $84 millones. Esta mujer fue una de las fuentes que le permitió desmantelar la red que operaba en Barranquilla, y que, según las cuentas de las autoridades, devolvió ilegalmente $9.950 millones.

Por estos hechos hoy están siendo procesados: el exdirector de GIT de Devoluciones de la DIAN Barranquilla, Franklin Sánchez Toro; su madre, Delfilia Toro; José Alfredo Mindiola, un exfuncionario de la DIAN que había sido destituido hace un mes de la entidad por otro proceso de corrupción; Erickson Rodríguez, representante legal de la Comercializadora Internacional Mundo Comtex; Jorge Andrés Ortíz y Carolina del Carmen Ayala, representante legal y revisora fiscal del Continental de Chatarras (empresa a la que, al parecer, se le giraron el mayor número de devoluciones ilegales); y Anayiber Castañeda, representante legal de otras tres firmas.

Según contó Sandra Rojas, ella era la encargada de viajar hasta Barranquilla a pagar las comisiones del 10%, 20% o 30% personalmente. Agregó que esos pagos se realizaban en efectivo y en la casa de la madre de Franklin Sánchez, quien, supuestamente, tuvo el mayor incremento patrimonial injustificado. Según sus registros, después de 66 años de trabajo y de tener una pensión con salario mínimo, en 2007 presentaba un patrimonio bruto de $116 millones y en 2010 ascendió a $319 millones.

Mientras los particulares aceptaron cargos, los exfuncionarios públicos y Delfilia negaron su participación. El pasado 25 de noviembre la Fiscalía ordenó la extinción de dominio de bienes, inmuebles y cuentas bancarias que suman $1.491 millones. A la familia de Franklin y a su madre les quitaron más de $1.000 millones que estaban invertidos en cuatro apartamentos, una casa, un carro y dos camiones. A Mindiola, que tenía la mayoría de bienes a nombre de su esposa, le embargaron alrededor de $400 millones que estaban representados en dos apartamentos, un carro y 10 taxis.

En otros procedimientos que buscan recuperar los dineros perdidos, las autoridades le han incautado al Blahca Jazmín 15 bienes, entre los que se encuentran tres oficinas y 12 parqueaderos que en total suman más de $5.000 millones. Igualmente, la Fiscalía ha adelantado extinción de dominio en ciudades como Medellín, Pereira y Cúcuta, en donde ha recuperado bodegas, inmuebles y hasta una mina de caliza, que en total representan más de $50.000 millones. Aún se buscan propiedades en el extranjero y a lo largo y ancho del país.

smartinezh@elespectador.com

@santsmartinez

La Fiscalía ha estado rastreando cuentas bancarias, declaraciones de renta y propiedades de los, hasta ahora, 59 implicados en el desfalco a la Dian por las devoluciones ilegales de IVA, para recuperar los casi $3 billones que se perdieron. Dos nuevas decisiones del ente investigador, que fueron emitidas el 19 y 25 de noviembre, buscan embargar los bienes de cinco exfuncionarios de la DIAN, cinco particulares y Sandra Liliana Rojas, la mano derecha de Blahca Jazmín Becerra.

La primera orden de extinción de dominio se da contra cuatro de los primeros 13 procesados por este caso. Se trata de los tres exfuncionarios de la DIAN, Hervin Enrique Martínez Calvera, Antonio Ramón Angulo y Raúl Vargas, quienes pertenecían al Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Devoluciones; y de Sandra Rojas, quien fue la encargada de hacer los enlaces entre la sociedad Consultores y Asesores R&R y los funcionarios públicos. Esta mujer ya fue condenada el 5 de octubre de 2012 a 25 años de prisión.

Las maniobras irregulares en las que se falsificaron facturas de exportación y se crearon empresas fachada, comenzaron en 2008 y finalizaron en julio de 2011, cuando María Eugenia Torres, la entonces directora seccional de la DIAN Bogotá, destapó el escándalo. Según estableció la Fiscalía, el primer funcionario en aceptar los sobornos de Blahca Jazmín y Sandra Rojas fue Martínez Calvera, quien después persuadió a sus otros dos compañeros para que ocultar la información fraudulenta.

Fueron las interceptaciones telefónicas y las declaraciones de Jose Norbey Garzón —representante legal de Continental de Chatarras, empresa que creaba las facturas ficticias de exportación— las que permitieron a las autoridades entender la mecánica de cómo desde R&B tramitaba las devoluciones ilegales del IVA. Estos pagos se realizaban a empresas ficticias que se crearon en diferentes ciudades del país. De esta manera, la Fiscalía logró evidenciar, a través de declaraciones de renta, que los implicados “obtuvieron un incremento patrimonial exagerado”.

El pasado 19 de noviembre la Fiscalía ordenó el embargo de más de $717 millones que estaban en manos de Rojas García y los tres exfuncionarios. A Hervin Martínez Calvera, le extinguieron cinco apartamentos, un lote en Guavatá (Santander) y un carro. Todas estas propiedades, que tienen un valor de $332 millones, estaban a nombre de sus seis hermanos, su madre y su esposa. A Antonio Angulo, el ente investigador le quitó dos vehículos que tenía a su nombre y están avaluados en $44 millones. Raúl Vargas, al parecer, logró comprar con los recursos públicos un apartamento de $212 millones y un carro avaluado en $30 millones.

A Sandra Rojas, le embargaron dos vehículos. El primero una cuatrimoto que tiene un valor de $15 millones y un campero de $84 millones. Esta mujer fue una de las fuentes que le permitió desmantelar la red que operaba en Barranquilla, y que, según las cuentas de las autoridades, devolvió ilegalmente $9.950 millones.

Por estos hechos hoy están siendo procesados: el exdirector de GIT de Devoluciones de la DIAN Barranquilla, Franklin Sánchez Toro; su madre, Delfilia Toro; José Alfredo Mindiola, un exfuncionario de la DIAN que había sido destituido hace un mes de la entidad por otro proceso de corrupción; Erickson Rodríguez, representante legal de la Comercializadora Internacional Mundo Comtex; Jorge Andrés Ortíz y Carolina del Carmen Ayala, representante legal y revisora fiscal del Continental de Chatarras (empresa a la que, al parecer, se le giraron el mayor número de devoluciones ilegales); y Anayiber Castañeda, representante legal de otras tres firmas.

Según contó Sandra Rojas, ella era la encargada de viajar hasta Barranquilla a pagar las comisiones del 10%, 20% o 30% personalmente. Agregó que esos pagos se realizaban en efectivo y en la casa de la madre de Franklin Sánchez, quien, supuestamente, tuvo el mayor incremento patrimonial injustificado. Según sus registros, después de 66 años de trabajo y de tener una pensión con salario mínimo, en 2007 presentaba un patrimonio bruto de $116 millones y en 2010 ascendió a $319 millones.

Mientras los particulares aceptaron cargos, los exfuncionarios públicos y Delfilia negaron su participación. El pasado 25 de noviembre la Fiscalía ordenó la extinción de dominio de bienes, inmuebles y cuentas bancarias que suman $1.491 millones. A la familia de Franklin y a su madre les quitaron más de $1.000 millones que estaban invertidos en cuatro apartamentos, una casa, un carro y dos camiones. A Mindiola, que tenía la mayoría de bienes a nombre de su esposa, le embargaron alrededor de $400 millones que estaban representados en dos apartamentos, un carro y 10 taxis.

En otros procedimientos que buscan recuperar los dineros perdidos, las autoridades le han incautado al Blahca Jazmín 15 bienes, entre los que se encuentran tres oficinas y 12 parqueaderos que en total suman más de $5.000 millones. Igualmente, la Fiscalía ha adelantado extinción de dominio en ciudades como Medellín, Pereira y Cúcuta, en donde ha recuperado bodegas, inmuebles y hasta una mina de caliza, que en total representan más de $50.000 millones. Aún se buscan propiedades en el extranjero y a lo largo y ancho del país.

smartinezh@elespectador.com

@santsmartinez