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En el interrogatorio que rindió el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, hace un mes en la Fiscalía, y que fue revelado por El Espectador el domingo pasado, quedó en evidencia un dato desconocido hasta el momento: Cecilia Álvarez, exministra de Transporte y de Industria y Comercio, estuvo al frente del primer convenio que se gestionó para construir la vía Ocaña-Gamarra, proyecto que hoy está enredado en el escándalo de Odebrecht y por el cual fue denunciada. Andrade explicó que, antes de que se definiera que este proyecto sería adicionado al contrato de la Ruta del Sol sector 2, en 2011 la ANI firmó un convenio con el recién creado Fondo de Adaptación para el mantenimiento, la reconstrucción y la adecuación del corredor Ocaña-Gamarra. La directora del Fondo en ese momento era Álvarez. ("Roberto Prieto tenía interés especial en Ocaña-Gamarra: presidente de la ANI")
En su interrogatorio, Andrade explicó cómo la vía Ocaña-Gamarra terminó en manos de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., de la cual Odebrecht era el máximo accionista. El presidente de la ANI entregó a la Fiscalía un documento de 19 páginas en el que detalló las razones y el procedimiento que se realizó para determinar que ese tramo del corredor que une a Cúcuta con el centro del país sería construido por la firma brasileña. Según Andrade, se trataba de una obra priorizada dentro de la red vial nacional para “incentivar el transporte multimodal en la zona portuaria de Gamarra (Cesar)” y que en varios Conpes de años atrás se había destacado su importancia.
Cecilia ÁLvarez y el contrato Ocaña-Gamarra
La Fiscalía le preguntó sobre el rol que desempeñó el Fondo de Adaptación en la adición del contrato Ocaña-Gamarra, por la cual hoy el organismo investiga si Odebrecht pagó un soborno de US$4,6 millones. Andrade respondió que la ANI y el Fondo, creado en diciembre de 2010 para manejar los recursos destinados a recuperar las zonas más afectadas por el fenómeno de La Niña, decidieron en diciembre de 2011 firmar un convenio para reparar los daños que dejó en esa vía la ola invernal y destinar recursos en la estructuración del proyecto. Inmediatamente, los investigadores de la Fiscalía indagaron sobre quién era el director del Fondo de Adaptación de ese momento, a lo que Andrade respondió: “La doctora Cecilia Álvarez. Cuando retiraron el convenio del tramo ya no era la directora. En su lugar estaba Carmen Arévalo”.La Fiscalía fue insistente en preguntar por los funcionarios que participaron en la firma y la posterior cancelación del convenio, en especial por los ministros de Transporte. Andrade sostuvo que cuando se firmó el contrato entre la ANI y el Fondo de Adaptación estaba Germán Cardona y que, luego de decidir que se cancelaba porque se financiaría el proyecto Ocaña-Gamarra a través de una adición a la Ruta del Sol 2, estaba Cecilia Álvarez. “Sin embargo, cuando decidimos ir por el camino de la adición, retiramos del alcance del convenio este tramo, ya que no sería necesario hacer una estructuración para una licitación pública”, declaró Andrade en su interrogatorio del pasado 21 de febrero.
El presidente de la ANI manifestó en esa misma diligencia que desde 2011 se consideró que la vía Ocaña-Gamarra haría parte de las autopistas de cuarta generación, pues se trataba de un tramo de gran importancia para el país. Pero en 2012, luego de haber firmado el convenio con el Fondo de Adaptación, se vio la posibilidad de financiar el proyecto a través de la adición al contrato con la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., con la creación de dos peajes más y el adelanto de vigencias futuras. Agregó que fue una decisión que pasó por la aprobación de la interventoría del proyecto, el Comité Contractual de la ANI, tres ministros de Transporte, el Conpes y el Confis. “Nunca nadie se opuso en los dos años y medio que tomó el proceso de aprobación”, dijo Andrade.
“No conozco otra adición en la ANI que haya pasado por más procesos de discusión (…) Nunca hubo favorecimiento a Ruta del Sol o sus accionistas, en particular la cuestionada firma Odebrecht”, aseguró Andrade. Además, detalló que esta decisión respecto a la vía Ocaña-Gamarra le generó “grandes ahorros” al Estado, pues de $1,2 billones que costaría la obra, la adición terminó siendo de $670.000 millones. Según Andrade, todo porque no se tuvo que estructurar la licitación, para lo que se tenía destinada la plata del Fondo de Adaptación. Cabe recordar que Cecilia Álvarez llegó al Ministerio de Transporte en 2012, por la misma época en que se gestionó la adición del corredor Ocaña-Gamarra, y estuvo hasta mediados de 2014, cuando pasó al Ministerio de Industria y Comercio, época en la que faltaban algunos trámites para desembolsar el dinero al consorcio del que Odebrecht formaba parte.
Álvarez fue denunciada el pasado 26 de enero por nueve congresistas del Centro Democrático, supuestamente por tráfico de influencias. El argumento es que ella, junto con su pareja sentimental, Gina Parody, no se declararon impedidas en el consejo de ministros que aprobó el Conpes con el que se adicionó en 2014 la vía Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol sector 2. Para esa época, dicen, ellas conocían de los intereses económicos de la familia de Parody, socia de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, que desde enero de 2013 venía construyendo un puerto seco en Gamarra.
La exministra Cecilia Álvarez ya rindió entrevista a inicios de febrero por este tema. A este diario le dijo que explicó cómo funcionaba el Fondo de Adaptación y que las decisiones de inversión se tomaban luego de que los ministros hicieran las solicitudes. Asimismo, que esto nada tiene que ver con su relación personal con Gina Parody y que las acusaciones en su contra vienen de las múltiples mentiras que ha dicho el Centro Democrático, como lo consignó en su denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Además, que ella no tuvo nada que ver con la cancelación de ese contrato cuando llegó al Ministerio de Transporte, pues era un asunto de exclusividad de la ANI.