Así se ha gastado la plata la gobernación del Cesar para atender la pandemia
La Gobernación ha firmado 41 contratos en medio de la emergencia por el COVID-19, todos por contratación directa. De esos, 38 fueron firmados el mismo día, el 26 de marzo pasado. Algunos se les otorgaron a comercios al por menor (tiendas de barrio) cuyos patrimonios registrados son mucho menores a los valores de los contratos, por lo que no es claro, si incumplen, cómo responderían.
Andrés Molina Araújo/ Radio Guatapurí
A raíz de la denuncia realizada por el diputado Ricardo Quintero Baute sobre presuntos sobrecostos en los mercados de la gobernación del Cesar, por fin el ente departamental procedió a publicar parcialmente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) los contratos a través de los cuales adquirió dichos mercados. Una exhaustiva revisión de 41 contratos publicados arrojó que la gobernación invirtió en total la suma de $17.054.434.968, principalmente en mercados y otros insumos para atender la pandemia en el departamento.
La firma más rápida del Oeste
Todos los contratos analizados fueron firmados por la Secretaria General de la gobernación, Lorena Paola Hernández Dangond, una joven abogada, especializada en derecho administrativo, que está vinculada al ente departamental desde 2014. De los 41 contratos bajo análisis, 38 fueron firmados el mismo día, el 26 de marzo de 2020.Sin embargo, aunque firma, ella no es el verdadero poder en la Secretaría General, pues quien realmente sigue moviendo los hilos en dicha dependencia –con el beneplácito del gobernador Monsalvo– es el doctor Jaime Luis Fuentes Pumarejo, exsecretario general de la Gobernación desde la primera administración de Monsalvo y durante el mandato de Franco Ovalle, quien dejó el cargo cuando fue sancionado, en segunda instancia, por la Contraloría General de la República en un fallo de responsabilidad fiscal por $1.723 millones por sobrecostos en el programa de alimentación escolar (PAE) y favorecimiento al consorcio contratista Alimentando un Cesar más Educado, integrado por la fundación Kábala; la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y la Corporación Corazón País.
Por esos mismos hechos, Fuentes Pumarejo fue capturado por la Fiscalía General de la Nación en noviembre pasado, junto a Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez, exsecretario de Educación de la Gobernación, e Ivis del Carmen Rosado Robles, representante legal del Consorcio Alimentando Un Cesar más educado, aunque posteriormente los tres fueron dejado en libertad.
Tres fuentes al interior de la Gobernación le confirmaron a Radio Guatapurí que Fuentes Pumarejo –quien es el actual compañero sentimental de Hernández Dangond y convive con ella– llegaba (antes de la pandemia) todos los días a la Secretaría General, en donde tiene asignado un escritorio y constantemente imparte órdenes e instrucciones que son luego refrendadas por la titular de la cartera. “Jaime Luis ingresa al edificio de la gobernación antes que llegue Lorena y mantiene los privilegios de ingreso de funcionarios aunque no lo es”, aseguró una de las fuentes que pidió reserva de su nombre.
¿Fraccionamiento de contrato?
La primera observación que cabe hacer a la contratación realizada por la gobernación es el interrogante de por qué en vez de celebrar uno o pocos contratos con un gran proveedor de víveres como una gran superficie o un distribuidor mayorista, optó por celebrar 41 contratos con diversos proveedores tan disímiles como personas naturales, fundaciones y empresas sin experiencia en el suministro de alimentos.Haber contratado con un único proveedor o con pocos proveedores mayoristas, le hubiese permitido a la gobernación crear economía de escala, negociar mejores precios individuales de cada artículo y adquirir muchos más mercados de los 100.000 mercados adquiridos.
Lo anterior sugiere que efectivamente la gobernación del Cesar realizó una operación organizada para fraccionar el contrato porque al revisar los objetos de los 41 contratos el mismo objeto (adquisición de mercados) se repite en 31 ocasiones.
Cabe recordar que, según la ex consejera de Estado y abogada cesarense Olguita Valle de De La Hoz, “el fraccionamiento de contratos consisten en la celebración de varios contratos que por la estrecha relación entre sus objetos, bien podrían haber hecho parte de un único acuerdo, y comúnmente es utilizada para eludir los procedimientos de selección de contratistas. En otras palabras, el fraccionamiento se presenta cuando se quebranta y se divide la unidad natural del objeto, con desconocimiento de que desde la óptica económica sería más eficiente para la Entidad la celebración de un solo contrato”. (Fuente: Consejo de Estado. Sección Tercera. Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00867-01(17767). Sentencia del 31 de enero de 2011. Consejera Ponente: Olga Melida Valle De La Hoz).
Listado de los 41 contratos celebrados
Contratos con fundaciones
De otra parte, del total de los $17.054 millones contratados, $2.645 millones los contrató con cuatro fundaciones, a saber:Revisados los objetos contractuales de las cuatro fundaciones disponibles en sus certificados de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Valledupar, ninguna de ellas tiene dentro de sus actividades el suministro de alimentos, víveres, mercados ni mercancía en general. Y mucho menos en las cantidades contratadas por la gobernación.
Como puede apreciarse en las gráficas relacionadas, los objetos sociales de estas fundaciones son genéricos y difusos, enfocados más a actividades afines a la defensa de los derechos humanos que a actividades propias del comercio de víveres y, de manera particular, a la compraventa o suministro de alimentos. ¿Podía la gobernación celebrar con estas fundaciones los anteriores contratos? Es la pregunta que deberán resolver los entes de control
Subsiste, entonces, la pregunta ¿por qué contratar con 4 fundaciones cuyo objeto no incluye el suministro de alimentos cuando podía adquirir los mercados con un distribuidor mayorista?
Contratos con personas naturales: ¿a dedo y al por menor?
Llama la atención el gran número de contratos celebrados con personas naturales, dado que de los 41 contratos analizados, 18 fueron con personas naturales, que en algunos casos representan a pequeños y medianos establecimientos de comercio como bodegas, graneros y depósitos, los cuales, en principio, no tendrían la idoneidad para contratar este tipo de elementos ni la capacidad financiera para responder ante un eventual incumplimiento del contrato. ¿Con qué criterios se seleccionaron los contratistas?En total la gobernación contrató con personas naturales la suma de tres mil cuatrocientos cincuenta millones novecientos cinco mil quinientos ochenta y cinco pesos ($3.459.905.585), suma que vuelve a levantar las dudas sobre un posible fraccionamiento de contratos.
De esos 18 contratos destacamos los siguientes:
Darwin Mannsbach Palomino (C.C. 72.257.577) firmó un contrato por $ 253.200.000, para adquirir 2.000 mercados. Este ciudadano tiene tres (3) pequeños establecimientos de comercio registrados a su nombre, uno denominado Autoservicio Mannsbach, ubicado en la dirección carrera 20 No. 9A -47 de Valledupar, otro de nombre Super Tiendas Mannsbach Mirador de la Sierra 2, localizado en el conjunto residencial homónimo (Mirador de la Sierra) y un tercer local denominado Super Tiendas Mannsbach Villa Ligia IV en el conjunto Villa Ligia IV.
Según la información registrada en la Cámara de Comercio de Valledupar, los tres establecimientos se dedican al comercio al por menor de alimentos y bebidas, y el valor total de los tres locales comerciales no supera los $45.000.000. ¿Cómo pudo, entonces, esta persona natural celebrar un contrato estatal que supera en cinco veces el patrimonio registrado? ¿Cómo respondería ante un eventual incumplimiento?
Autoservicio Mannsbach, local comercial.
Un caso similar ocurre con el contrato suscrito con el ciudadano Rodrigo Muñoz Peñaloza (C.C. 15.174.401), quien posee un pequeño establecimiento llamado “Minimarket El Poder”, que se dedica al comercio al por menor de víveres y abarrotes. Muñoz Peñaloza firmó un contrato por valor de $50.640.000, para adquirir 400 kits de mercados. El valor registrado en la Cámara de Comercio de su establecimiento es de $5.000.000.
Finalizamos, este acápite con el caso de Pueblo Bello. En dicho municipio la gobernación del Cesar celebró el contrato con el ciudadano Jaime Rangel Toscano (C.C. 15.171.701), propietario de la bodega Nuevo Amigo, un local comercial de menor tamaño, dedicado a la venta, al por menor, de abarrotes, víveres y bebidas, cuyo avalúo en Cámara de Comercio es de $15.500.000. Lo anterior no fue óbice para suscribir el contrato No. 2020-09-03 por $ 291.180.000 para adquirir 2.300 kits de mercados.
Bodega Nuevo Amigo de Pueblo Bello, Cesar.
Según dos habitantes de ese municipio consultados por este medio, ese local no tendría capacidad para proveer esa cantidad de mercados, so pena de quedar desabastecido por un largo tiempo.
Este patrón de conducta se repite en los 18 contratos celebrados con personas naturales por la gobernación del Cesar.
Contratos con personas jurídicas
Finalmente, la gobernación del Cesar suscribió 27 contratos con igual número de personas jurídicas, cuya sumatoria da $10.948.583.383.Las principales observaciones que se encuentran este grupo de contratos es la falta de idoneidad de varias entidades seleccionadas como contratistas y la incoherencia entre el objeto social de dichas empresa con el objeto de la contratación.
A título de ejemplo, se resalta el caso de la empresa COINSTOR SAS (NIT 900352229-4) con domicilio social en Bucaramanga, la cual fue seleccionada por la gobernación para suministrar 3.400 kits de mercado, por valor de $430.440.000, y en su objeto social reza que la empresa se dedica a la fábrica de colchones.
¿Por qué celebrar dos contratos con la misma empresa y con el mismo objeto en vez de celebrar uno solo?
Observaciones generales
A manera de conclusión de esta revisión de la contratación realizada por la gobernación, pueden obtenerse las siguientes observaciones:No publicidad, no transparencia
- La Gobernación ha fallado en cumplir con los principios de transparencia y publicidad de la contratación estatal. ¿Cómo se explica que más de 40 contratos celebrados el 26 de marzo de este año sólo hayan sido publicados parcialmente en el SECOP diez y quince días después de firmados?
- Tampoco estaría cumpliendo el ente departamental con el principio de economía que rige la adquisición de bienes y servicios del Estado, toda vez que resulta más costo-eficiente comprar de uno o pocos distribuidores mayoristas los kits de mercados que de cerca de 30 proveedores diferentes, ubicados en distintas partes del país (Bucaramanga, Girón, Aguachica, La Jagua, Valledupar, Pueblo Bello, entre otras). La gobernación desperdició la oportunidad de maximizar los recursos invertidos ($17.054.434.968), reduciendo el costo individual de cada mercado, y de esta manera, adquirir mucho más mercados que los efectivamente adquiridos e impactar a un mayor número de familias.
- Como quedó demostrado en esta investigación periodística, la gobernación contrató con personas y entidades que no cumplen el requisito de idoneidad.
- Ninguno de los contratos celebrados por el ente departamental tienen supervisión ni interventoría. Falla la entidad contratante en garantizar que los bienes adquiridos cumplan con los requisitos establecidos en el contrato y sus anexos, como también falla en no publicar si los contratistas entregaron efectivamente los bienes contratados en las cantidades y calidades fijadas en la minuta.
- No hay vigilancia que en la práctica la entrega de los mercados corresponda a lo realmente contratado. Existen indicios que los kits de mercados entregados a los beneficiarios es muy inferior en cantidad a lo establecido en las minutas de los contratos.
- Mucho más grave la gobernación no ha explicado qué mecanismos ha implementado para garantizar el éxito de la distribución de los mercados y, en particular, para evitar duplicidades (que una familia reciba varios mercados), segregación, comercialización o acaparamiento de estas ayudas.
A raíz de la denuncia realizada por el diputado Ricardo Quintero Baute sobre presuntos sobrecostos en los mercados de la gobernación del Cesar, por fin el ente departamental procedió a publicar parcialmente en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) los contratos a través de los cuales adquirió dichos mercados. Una exhaustiva revisión de 41 contratos publicados arrojó que la gobernación invirtió en total la suma de $17.054.434.968, principalmente en mercados y otros insumos para atender la pandemia en el departamento.
La firma más rápida del Oeste
Todos los contratos analizados fueron firmados por la Secretaria General de la gobernación, Lorena Paola Hernández Dangond, una joven abogada, especializada en derecho administrativo, que está vinculada al ente departamental desde 2014. De los 41 contratos bajo análisis, 38 fueron firmados el mismo día, el 26 de marzo de 2020.Sin embargo, aunque firma, ella no es el verdadero poder en la Secretaría General, pues quien realmente sigue moviendo los hilos en dicha dependencia –con el beneplácito del gobernador Monsalvo– es el doctor Jaime Luis Fuentes Pumarejo, exsecretario general de la Gobernación desde la primera administración de Monsalvo y durante el mandato de Franco Ovalle, quien dejó el cargo cuando fue sancionado, en segunda instancia, por la Contraloría General de la República en un fallo de responsabilidad fiscal por $1.723 millones por sobrecostos en el programa de alimentación escolar (PAE) y favorecimiento al consorcio contratista Alimentando un Cesar más Educado, integrado por la fundación Kábala; la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar y la Corporación Corazón País.
Por esos mismos hechos, Fuentes Pumarejo fue capturado por la Fiscalía General de la Nación en noviembre pasado, junto a Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez, exsecretario de Educación de la Gobernación, e Ivis del Carmen Rosado Robles, representante legal del Consorcio Alimentando Un Cesar más educado, aunque posteriormente los tres fueron dejado en libertad.
Tres fuentes al interior de la Gobernación le confirmaron a Radio Guatapurí que Fuentes Pumarejo –quien es el actual compañero sentimental de Hernández Dangond y convive con ella– llegaba (antes de la pandemia) todos los días a la Secretaría General, en donde tiene asignado un escritorio y constantemente imparte órdenes e instrucciones que son luego refrendadas por la titular de la cartera. “Jaime Luis ingresa al edificio de la gobernación antes que llegue Lorena y mantiene los privilegios de ingreso de funcionarios aunque no lo es”, aseguró una de las fuentes que pidió reserva de su nombre.
¿Fraccionamiento de contrato?
La primera observación que cabe hacer a la contratación realizada por la gobernación es el interrogante de por qué en vez de celebrar uno o pocos contratos con un gran proveedor de víveres como una gran superficie o un distribuidor mayorista, optó por celebrar 41 contratos con diversos proveedores tan disímiles como personas naturales, fundaciones y empresas sin experiencia en el suministro de alimentos.Haber contratado con un único proveedor o con pocos proveedores mayoristas, le hubiese permitido a la gobernación crear economía de escala, negociar mejores precios individuales de cada artículo y adquirir muchos más mercados de los 100.000 mercados adquiridos.
Lo anterior sugiere que efectivamente la gobernación del Cesar realizó una operación organizada para fraccionar el contrato porque al revisar los objetos de los 41 contratos el mismo objeto (adquisición de mercados) se repite en 31 ocasiones.
Cabe recordar que, según la ex consejera de Estado y abogada cesarense Olguita Valle de De La Hoz, “el fraccionamiento de contratos consisten en la celebración de varios contratos que por la estrecha relación entre sus objetos, bien podrían haber hecho parte de un único acuerdo, y comúnmente es utilizada para eludir los procedimientos de selección de contratistas. En otras palabras, el fraccionamiento se presenta cuando se quebranta y se divide la unidad natural del objeto, con desconocimiento de que desde la óptica económica sería más eficiente para la Entidad la celebración de un solo contrato”. (Fuente: Consejo de Estado. Sección Tercera. Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00867-01(17767). Sentencia del 31 de enero de 2011. Consejera Ponente: Olga Melida Valle De La Hoz).
Listado de los 41 contratos celebrados
Contratos con fundaciones
De otra parte, del total de los $17.054 millones contratados, $2.645 millones los contrató con cuatro fundaciones, a saber:Revisados los objetos contractuales de las cuatro fundaciones disponibles en sus certificados de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Valledupar, ninguna de ellas tiene dentro de sus actividades el suministro de alimentos, víveres, mercados ni mercancía en general. Y mucho menos en las cantidades contratadas por la gobernación.
Como puede apreciarse en las gráficas relacionadas, los objetos sociales de estas fundaciones son genéricos y difusos, enfocados más a actividades afines a la defensa de los derechos humanos que a actividades propias del comercio de víveres y, de manera particular, a la compraventa o suministro de alimentos. ¿Podía la gobernación celebrar con estas fundaciones los anteriores contratos? Es la pregunta que deberán resolver los entes de control
Subsiste, entonces, la pregunta ¿por qué contratar con 4 fundaciones cuyo objeto no incluye el suministro de alimentos cuando podía adquirir los mercados con un distribuidor mayorista?
Contratos con personas naturales: ¿a dedo y al por menor?
Llama la atención el gran número de contratos celebrados con personas naturales, dado que de los 41 contratos analizados, 18 fueron con personas naturales, que en algunos casos representan a pequeños y medianos establecimientos de comercio como bodegas, graneros y depósitos, los cuales, en principio, no tendrían la idoneidad para contratar este tipo de elementos ni la capacidad financiera para responder ante un eventual incumplimiento del contrato. ¿Con qué criterios se seleccionaron los contratistas?En total la gobernación contrató con personas naturales la suma de tres mil cuatrocientos cincuenta millones novecientos cinco mil quinientos ochenta y cinco pesos ($3.459.905.585), suma que vuelve a levantar las dudas sobre un posible fraccionamiento de contratos.
De esos 18 contratos destacamos los siguientes:
Darwin Mannsbach Palomino (C.C. 72.257.577) firmó un contrato por $ 253.200.000, para adquirir 2.000 mercados. Este ciudadano tiene tres (3) pequeños establecimientos de comercio registrados a su nombre, uno denominado Autoservicio Mannsbach, ubicado en la dirección carrera 20 No. 9A -47 de Valledupar, otro de nombre Super Tiendas Mannsbach Mirador de la Sierra 2, localizado en el conjunto residencial homónimo (Mirador de la Sierra) y un tercer local denominado Super Tiendas Mannsbach Villa Ligia IV en el conjunto Villa Ligia IV.
Según la información registrada en la Cámara de Comercio de Valledupar, los tres establecimientos se dedican al comercio al por menor de alimentos y bebidas, y el valor total de los tres locales comerciales no supera los $45.000.000. ¿Cómo pudo, entonces, esta persona natural celebrar un contrato estatal que supera en cinco veces el patrimonio registrado? ¿Cómo respondería ante un eventual incumplimiento?
Autoservicio Mannsbach, local comercial.
Un caso similar ocurre con el contrato suscrito con el ciudadano Rodrigo Muñoz Peñaloza (C.C. 15.174.401), quien posee un pequeño establecimiento llamado “Minimarket El Poder”, que se dedica al comercio al por menor de víveres y abarrotes. Muñoz Peñaloza firmó un contrato por valor de $50.640.000, para adquirir 400 kits de mercados. El valor registrado en la Cámara de Comercio de su establecimiento es de $5.000.000.
Finalizamos, este acápite con el caso de Pueblo Bello. En dicho municipio la gobernación del Cesar celebró el contrato con el ciudadano Jaime Rangel Toscano (C.C. 15.171.701), propietario de la bodega Nuevo Amigo, un local comercial de menor tamaño, dedicado a la venta, al por menor, de abarrotes, víveres y bebidas, cuyo avalúo en Cámara de Comercio es de $15.500.000. Lo anterior no fue óbice para suscribir el contrato No. 2020-09-03 por $ 291.180.000 para adquirir 2.300 kits de mercados.
Bodega Nuevo Amigo de Pueblo Bello, Cesar.
Según dos habitantes de ese municipio consultados por este medio, ese local no tendría capacidad para proveer esa cantidad de mercados, so pena de quedar desabastecido por un largo tiempo.
Este patrón de conducta se repite en los 18 contratos celebrados con personas naturales por la gobernación del Cesar.
Contratos con personas jurídicas
Finalmente, la gobernación del Cesar suscribió 27 contratos con igual número de personas jurídicas, cuya sumatoria da $10.948.583.383.Las principales observaciones que se encuentran este grupo de contratos es la falta de idoneidad de varias entidades seleccionadas como contratistas y la incoherencia entre el objeto social de dichas empresa con el objeto de la contratación.
A título de ejemplo, se resalta el caso de la empresa COINSTOR SAS (NIT 900352229-4) con domicilio social en Bucaramanga, la cual fue seleccionada por la gobernación para suministrar 3.400 kits de mercado, por valor de $430.440.000, y en su objeto social reza que la empresa se dedica a la fábrica de colchones.
¿Por qué celebrar dos contratos con la misma empresa y con el mismo objeto en vez de celebrar uno solo?
Observaciones generales
A manera de conclusión de esta revisión de la contratación realizada por la gobernación, pueden obtenerse las siguientes observaciones:No publicidad, no transparencia
- La Gobernación ha fallado en cumplir con los principios de transparencia y publicidad de la contratación estatal. ¿Cómo se explica que más de 40 contratos celebrados el 26 de marzo de este año sólo hayan sido publicados parcialmente en el SECOP diez y quince días después de firmados?
- Tampoco estaría cumpliendo el ente departamental con el principio de economía que rige la adquisición de bienes y servicios del Estado, toda vez que resulta más costo-eficiente comprar de uno o pocos distribuidores mayoristas los kits de mercados que de cerca de 30 proveedores diferentes, ubicados en distintas partes del país (Bucaramanga, Girón, Aguachica, La Jagua, Valledupar, Pueblo Bello, entre otras). La gobernación desperdició la oportunidad de maximizar los recursos invertidos ($17.054.434.968), reduciendo el costo individual de cada mercado, y de esta manera, adquirir mucho más mercados que los efectivamente adquiridos e impactar a un mayor número de familias.
- Como quedó demostrado en esta investigación periodística, la gobernación contrató con personas y entidades que no cumplen el requisito de idoneidad.
- Ninguno de los contratos celebrados por el ente departamental tienen supervisión ni interventoría. Falla la entidad contratante en garantizar que los bienes adquiridos cumplan con los requisitos establecidos en el contrato y sus anexos, como también falla en no publicar si los contratistas entregaron efectivamente los bienes contratados en las cantidades y calidades fijadas en la minuta.
- No hay vigilancia que en la práctica la entrega de los mercados corresponda a lo realmente contratado. Existen indicios que los kits de mercados entregados a los beneficiarios es muy inferior en cantidad a lo establecido en las minutas de los contratos.
- Mucho más grave la gobernación no ha explicado qué mecanismos ha implementado para garantizar el éxito de la distribución de los mercados y, en particular, para evitar duplicidades (que una familia reciba varios mercados), segregación, comercialización o acaparamiento de estas ayudas.