Así se repartieron a Caldas

Si Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, diseñó una sofisticada estrategia en 2002 para infiltrar la política en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira –en donde asignó distritos electorales en los que fueron apoyados candidatos apadrinados por las autodefensas–, lo propio hizo en Caldas para los comicios parlamentarios de 2006 el desmovilizado jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Así lo consignó la justicia en reciente sentencia que fue conocida por El Espectador.

Los tentáculos de los paramilitares tardaron en copar los espacios políticos en Caldas. Contrario a lo ocurrido en otras regiones, tan sólo en 2003 el frente Cacique Pipintá, comandado por Báez y Alberto Guerrero, empezó a influir en forma directa en la conformación de concejos municipales y alcaldías, dominio que se consolidó con las elecciones al Congreso de 2006, donde algunos candidatos se reunieron con jefes de las Auc para formalizar su alianza y repartirse el monopolio electoral.

La investigación constató, a partir de las confesiones de la comandante política Eurídice Cortés Velasco, alias Diana, y los ‘paras’ Luis Ariolfo, alias Cony, y Carlos Vélez, alias el Comandante Víctor, cómo Ernesto Báez ordenó que en los municipios del norte de Caldas debía votarse por el hoy condenado ex senador Enrique Emilio Ángel y que al detenido congresista Dixon Ferney Tapasco le corresponderían los municipios de Riosucio, Supía, Marmato, Chinchiná y Manizales.

Esa orden se dio en el marco de una reunión en el municipio de La Merced, en el sitio conocido como El Tambor, a la que concurrieron Dixon Ferney Tapasco –hace poco acusado por la Corte por sus nexos con los ‘paras’– y Enrique Emilio Ángel y en la que se habló además de la constitución de una organización de estudiantes de las universidades llamada Fipaz, en donde posteriormente fue elegido un representante de los estudiantes que resultó siendo sobrino de Samuel Arturo Sánchez, abogado de Báez.

Según Diana, se convino en ese encuentro que las Auc financiarían la campaña de Enrique Emilio Ángel y lo comprometieron “a que si salía elegido debía darle unos tres meses al estudiante para que asistiera a la Cámara”. Como resultado de esa alianza, los paramilitares se adueñaron de la alcaldía de Palestina luego de que se concertara una nueva reunión entre Báez, Alberto Guerrero y Enrique Emilio Ángel. La confesión de la comandante política de las autodefensas en Caldas develó cómo se sustrajeron enemigos electorales de los apadrinados por Báez y cómo se constreñía a la ciudadanía.

La justicia comprobó cosas insólitas, como que debido a la influencia de Ángel “devolvía favores a las Auc a través de la Alcaldía de Salamina”, como que 20 miembros del frente Cacique Pipintá que manejaba el comandante Fernando, fueron beneficiados con la entrega de subsidios del Sisbén. Asimismo, se comprobó que Ángel les brindaba colaboración a los paramilitares en los municipios de Salamina y Aranzazu, “les mandaba detalles como reses y comida y esto se repartía en las contraguerrillas al mando de alias Dragón, quien le prestaba seguridad cuando se iba a movilizar en el departamento”.

En la sentencia también se habla de que en uno de los múltiples encuentros de la cúpula de las autodefensas en Caldas con los políticos de la región participó Ferney Tapasco, “un ganadero de la región que es muy allegado a la organización”, quien es padre del hoy acusado representante a la Cámara Dixon Ferney Tapasco. Lo curioso es que desde hace varios años la Procuraduría le ha insistido a la Fiscalía que vincule a Ferney Tapasco, un ex diputado de Caldas, a la investigación que adelanta el ente acusador por el homicidio del subdirector del diario La Patria Orlando Sierra, ocurrido en enero de 2002.

De acuerdo con la investigación, las autodefensas se referían a Enrique Emilio Ángel como “el intenso”, porque pedía muchos favores. Incluso, Alberto Guerrero en tono burlón decía que el apodo “era porque güevoniaba mucho, que era más celoso que novia boba”, pero que les servía mucho a la organización. Alias Cony también le confesó a la justicia que Ángel era un político de confianza de la organización, que se entendía con Ernesto Báez y que se movía como pez en el agua en zonas “infestadas por las autodefensas” en el norte de Caldas, en las cuales sólo podía hacer campaña quien tuviera la aquiescencia de las Auc.

Se desprende del proceso judicial la cercanía reconocida por el propio Báez con el asesinado ex parlamentario Óscar González Grisales, de quien tomó las banderas políticas Enrique Emilio Ángel. En síntesis, el proceso judicial destapó la alianza de los paramilitares y por lo menos dos parlamentarios elegidos en 2006: Ángel y Tapasco, ambos en prisión. De otra parte, la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en relación con los posibles nexos de la senadora Adriana Gutiérrez con las Auc todavía está en etapa preliminar.

Si Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, diseñó una sofisticada estrategia en 2002 para infiltrar la política en los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira –en donde asignó distritos electorales en los que fueron apoyados candidatos apadrinados por las autodefensas–, lo propio hizo en Caldas para los comicios parlamentarios de 2006 el desmovilizado jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. Así lo consignó la justicia en reciente sentencia que fue conocida por El Espectador.

Los tentáculos de los paramilitares tardaron en copar los espacios políticos en Caldas. Contrario a lo ocurrido en otras regiones, tan sólo en 2003 el frente Cacique Pipintá, comandado por Báez y Alberto Guerrero, empezó a influir en forma directa en la conformación de concejos municipales y alcaldías, dominio que se consolidó con las elecciones al Congreso de 2006, donde algunos candidatos se reunieron con jefes de las Auc para formalizar su alianza y repartirse el monopolio electoral.

La investigación constató, a partir de las confesiones de la comandante política Eurídice Cortés Velasco, alias Diana, y los ‘paras’ Luis Ariolfo, alias Cony, y Carlos Vélez, alias el Comandante Víctor, cómo Ernesto Báez ordenó que en los municipios del norte de Caldas debía votarse por el hoy condenado ex senador Enrique Emilio Ángel y que al detenido congresista Dixon Ferney Tapasco le corresponderían los municipios de Riosucio, Supía, Marmato, Chinchiná y Manizales.

Esa orden se dio en el marco de una reunión en el municipio de La Merced, en el sitio conocido como El Tambor, a la que concurrieron Dixon Ferney Tapasco –hace poco acusado por la Corte por sus nexos con los ‘paras’– y Enrique Emilio Ángel y en la que se habló además de la constitución de una organización de estudiantes de las universidades llamada Fipaz, en donde posteriormente fue elegido un representante de los estudiantes que resultó siendo sobrino de Samuel Arturo Sánchez, abogado de Báez.

Según Diana, se convino en ese encuentro que las Auc financiarían la campaña de Enrique Emilio Ángel y lo comprometieron “a que si salía elegido debía darle unos tres meses al estudiante para que asistiera a la Cámara”. Como resultado de esa alianza, los paramilitares se adueñaron de la alcaldía de Palestina luego de que se concertara una nueva reunión entre Báez, Alberto Guerrero y Enrique Emilio Ángel. La confesión de la comandante política de las autodefensas en Caldas develó cómo se sustrajeron enemigos electorales de los apadrinados por Báez y cómo se constreñía a la ciudadanía.

La justicia comprobó cosas insólitas, como que debido a la influencia de Ángel “devolvía favores a las Auc a través de la Alcaldía de Salamina”, como que 20 miembros del frente Cacique Pipintá que manejaba el comandante Fernando, fueron beneficiados con la entrega de subsidios del Sisbén. Asimismo, se comprobó que Ángel les brindaba colaboración a los paramilitares en los municipios de Salamina y Aranzazu, “les mandaba detalles como reses y comida y esto se repartía en las contraguerrillas al mando de alias Dragón, quien le prestaba seguridad cuando se iba a movilizar en el departamento”.

En la sentencia también se habla de que en uno de los múltiples encuentros de la cúpula de las autodefensas en Caldas con los políticos de la región participó Ferney Tapasco, “un ganadero de la región que es muy allegado a la organización”, quien es padre del hoy acusado representante a la Cámara Dixon Ferney Tapasco. Lo curioso es que desde hace varios años la Procuraduría le ha insistido a la Fiscalía que vincule a Ferney Tapasco, un ex diputado de Caldas, a la investigación que adelanta el ente acusador por el homicidio del subdirector del diario La Patria Orlando Sierra, ocurrido en enero de 2002.

De acuerdo con la investigación, las autodefensas se referían a Enrique Emilio Ángel como “el intenso”, porque pedía muchos favores. Incluso, Alberto Guerrero en tono burlón decía que el apodo “era porque güevoniaba mucho, que era más celoso que novia boba”, pero que les servía mucho a la organización. Alias Cony también le confesó a la justicia que Ángel era un político de confianza de la organización, que se entendía con Ernesto Báez y que se movía como pez en el agua en zonas “infestadas por las autodefensas” en el norte de Caldas, en las cuales sólo podía hacer campaña quien tuviera la aquiescencia de las Auc.

Se desprende del proceso judicial la cercanía reconocida por el propio Báez con el asesinado ex parlamentario Óscar González Grisales, de quien tomó las banderas políticas Enrique Emilio Ángel. En síntesis, el proceso judicial destapó la alianza de los paramilitares y por lo menos dos parlamentarios elegidos en 2006: Ángel y Tapasco, ambos en prisión. De otra parte, la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en relación con los posibles nexos de la senadora Adriana Gutiérrez con las Auc todavía está en etapa preliminar.