Así se robaron la plata del cartel de la hemofilia en Córdoba

Hacia 2013, en Córdoba, fueron varios los pacientes señalados de tener un raro trastorno llamado hemofilia que hacía que su sangre no se coagulara normalmente. Aunque no causó la muerte de ninguna persona, logró desangrar económicamente a todo el departamento. La razón: la supuesta “alianza criminal” creada por Alejandro Lyons y los hermanos Musa y Edwin Besaile para apropiarse ilícitamente de los recursos destinados a la salud de los más pobres, según explicó la Fiscalía en un escrito de acusación de 87 páginas contra el gobernador Edwin Besaile que El Espectador conoció.

Entre falsos diagnósticos, resultados de laboratorio fraudulentos e incremento injustificado de pacientes hemofílicos en Córdoba, la Contraloría empezó a sospechar que algo no muy santo se estaba gestando en la Gobernación. Y no era para menos. Lo que se estaba construyendo era un entramado de corrupción entre el gobernador de la época, Alejandro Lyons, y el senador Musa Besaile, indicó la Fiscalía. Su objetivo: “obtener beneficios económicos ilegales a partir de recursos que ingresaban al departamento, entre otros aspectos, por concepto de regalías y salud”.

(Lea: Contraloría identificó Cartel de la Hemofilia en Caquetá y Bolívar)

Durante la administración de Lyons todo fue viento en popa, pero al aproximarse el final del mandato se concluyó que era necesario garantizar que la gallina de los huevos de oro siguiera poniendo a su favor. Para ello, un “aliado estratégico en la administración departamental” no cayó mal, y el más adecuado para este trabajo fue el gobernador entrante, Edwin José Besaile Fayad, hermano del congresista Musa Besaile. El pacto resultó simple: Besaile tendría que colaborar con Lyons y su hermano a cambio de apoyo económico para su campaña a la Gobernación, que iba a desarrollarse entre 2016 y 2019.

“Iniciando el segundo semestre de 2015 Alejandro Lyons, Musa Besaile y su hermano Edwin, se reunieron y concertaron los compromisos de este último, a cambio del aceptado apoyo económico a la candidatura; compromisos consistentes en garantizar cuotas burocráticas y la continuidad en la obtención de comisiones ilegales especialmente por los referidos conceptos de regalías y hemofilia”, asegura el ente investigador. Como garantía del acuerdo, señala la Fiscalía, Lyons entregó al suspendido gobernador $2.100 millones en efectivo, mientras que Besaile le firmó dos letras de cambio en blanco por $2.200 millones y $1.900 millones.

(Lea: Edwin Besaile, investigado por el cartel de la hemofilia, no irá a la cárcel)

Pero ¿en qué consistía el cartel de la hemofilia? En hacer pasar por hemofílicas a personas sanas, con el propósito de que fuesen cancelados los servicios médicos por la supuesta atención brindada a pacientes. Para esto fue necesaria la ayuda de auditores médicos, secretarios de salud y particulares como dueños y/o socios de los entes prestadores de servicios de salud. Entre las entidades mencionadas por la Fiscalía se encuentran las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana S.A.S., relacionadas con Guillermo José Pérez, con las que “se hizo la mayor defraudación al sistema de salud por supuestos servicios médicos prestados a población pobre con trastorno de hemofilia”.

Para el ente acusador, la participación del suspendido gobernador comenzó a ser explícita el segundo trimestre de 2016, cuando Besaile supuestamente aprobó el pago de una cuenta de cobro por más de $1.525 millones a la IPS San José de la Sabana por concepto de servicios médicos prestados a 14 pacientes que supuestamente sufrían de hemofilia. Aunque en el interior de la Gobernación se rumoraba sobre estas irregularidades, nunca se mencionó nada y fue hasta el 19 de abril de 2016 que la Contraloría recibió una denuncia formal por parte de una empleada anónima, quien detalló lo que ocurría con los arcos.

Mientras el suspendido Gobernador no respondió por lo sucedido, la Contraloría terminó de unir las piezas de este nuevo rompecabezas de la corrupción. El 4 de mayo de ese mismo año, esta entidad entregó un informe a Besaile en el que describía las irregularidades ocurridas. Uno de los detalles que más llamaron la atención fue el pago de $3.156 millones a la IPS Unidos por su Bienestar, cuyo representante legal era Pérez Ardila, la cual al parecer había prestado servicios de salud a 28 pacientes hemofílicos. A pesar del derroche de dinero, los millonarios pagos no cesaron. El 23 de mayo de 2016 se comprobó uno nuevo autorizado por Besaile.

Este nuevo desembolso se habría hecho por un valor de $1.525 millones a favor de la IPS San José de la Sabana, con participación del secretario de Salud, José Jaime Pareja, quien habría sido quien reconoció la prestación de los servicios de salud a los pacientes. Para la Fiscalía, el modus operandi de los millonarios pagos fue el mismo: se hicieron sin que existiera certeza de los servicios, los diagnósticos de los pacientes no eran hechos por un médico profesional, los laboratorios no habrían efectuado los exámenes clínicos y presuntos pacientes aseguraron no haber recibido tratamiento porque no padecían la enfermedad.

Besaile, por su parte, ha negado cualquier relación con el cartel de la hemofilia, tanto así que en agosto de 2017 denunció a Guillermo José Pérez, representante y socio de las IPS con las que se hacían los recobros ilícitos. De igual modo, el pasado 18 de mayo, el magistrado ponente del Tribunal Superior de Bogotá, Hermes Darío Lara Acuña, determinó que Besaile continuara su proceso en libertad. Para el magistrado, la Fiscalía no logró demostrar de manera apropiada que el gobernador represente un peligro para la sociedad, pues no existen “elementos objetivos” para asegurar que Besaile va a evadir la justicia.

(Lea:Fiscalía imputó dos cargos a Edwin Besaile; él se declaró inocente)

“Vamos a demostrar, como lo he dicho siempre, mi inocencia. Que nada tuve que ver en el cartel de la hemofilia (…). Vamos a salir victoriosos porque vamos a decir la verdad”, dijo hace algunos meses el gobernador investigado. A este enredo se suma una nueva suspensión de la Procuraduría por presuntas irregularidades en la terminación de un contrato de ciencia y tecnología y posibles actos de corrupción relacionados con la ejecución de ese proyecto con recursos de las regalías del departamento. Por ahora, la justicia deberá determinar lo que realmente ocurrió con esos dineros y quién fue el desangrado en esta ocasión.

Hacia 2013, en Córdoba, fueron varios los pacientes señalados de tener un raro trastorno llamado hemofilia que hacía que su sangre no se coagulara normalmente. Aunque no causó la muerte de ninguna persona, logró desangrar económicamente a todo el departamento. La razón: la supuesta “alianza criminal” creada por Alejandro Lyons y los hermanos Musa y Edwin Besaile para apropiarse ilícitamente de los recursos destinados a la salud de los más pobres, según explicó la Fiscalía en un escrito de acusación de 87 páginas contra el gobernador Edwin Besaile que El Espectador conoció.

Entre falsos diagnósticos, resultados de laboratorio fraudulentos e incremento injustificado de pacientes hemofílicos en Córdoba, la Contraloría empezó a sospechar que algo no muy santo se estaba gestando en la Gobernación. Y no era para menos. Lo que se estaba construyendo era un entramado de corrupción entre el gobernador de la época, Alejandro Lyons, y el senador Musa Besaile, indicó la Fiscalía. Su objetivo: “obtener beneficios económicos ilegales a partir de recursos que ingresaban al departamento, entre otros aspectos, por concepto de regalías y salud”.

(Lea: Contraloría identificó Cartel de la Hemofilia en Caquetá y Bolívar)

Durante la administración de Lyons todo fue viento en popa, pero al aproximarse el final del mandato se concluyó que era necesario garantizar que la gallina de los huevos de oro siguiera poniendo a su favor. Para ello, un “aliado estratégico en la administración departamental” no cayó mal, y el más adecuado para este trabajo fue el gobernador entrante, Edwin José Besaile Fayad, hermano del congresista Musa Besaile. El pacto resultó simple: Besaile tendría que colaborar con Lyons y su hermano a cambio de apoyo económico para su campaña a la Gobernación, que iba a desarrollarse entre 2016 y 2019.

“Iniciando el segundo semestre de 2015 Alejandro Lyons, Musa Besaile y su hermano Edwin, se reunieron y concertaron los compromisos de este último, a cambio del aceptado apoyo económico a la candidatura; compromisos consistentes en garantizar cuotas burocráticas y la continuidad en la obtención de comisiones ilegales especialmente por los referidos conceptos de regalías y hemofilia”, asegura el ente investigador. Como garantía del acuerdo, señala la Fiscalía, Lyons entregó al suspendido gobernador $2.100 millones en efectivo, mientras que Besaile le firmó dos letras de cambio en blanco por $2.200 millones y $1.900 millones.

(Lea: Edwin Besaile, investigado por el cartel de la hemofilia, no irá a la cárcel)

Pero ¿en qué consistía el cartel de la hemofilia? En hacer pasar por hemofílicas a personas sanas, con el propósito de que fuesen cancelados los servicios médicos por la supuesta atención brindada a pacientes. Para esto fue necesaria la ayuda de auditores médicos, secretarios de salud y particulares como dueños y/o socios de los entes prestadores de servicios de salud. Entre las entidades mencionadas por la Fiscalía se encuentran las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana S.A.S., relacionadas con Guillermo José Pérez, con las que “se hizo la mayor defraudación al sistema de salud por supuestos servicios médicos prestados a población pobre con trastorno de hemofilia”.

Para el ente acusador, la participación del suspendido gobernador comenzó a ser explícita el segundo trimestre de 2016, cuando Besaile supuestamente aprobó el pago de una cuenta de cobro por más de $1.525 millones a la IPS San José de la Sabana por concepto de servicios médicos prestados a 14 pacientes que supuestamente sufrían de hemofilia. Aunque en el interior de la Gobernación se rumoraba sobre estas irregularidades, nunca se mencionó nada y fue hasta el 19 de abril de 2016 que la Contraloría recibió una denuncia formal por parte de una empleada anónima, quien detalló lo que ocurría con los arcos.

Mientras el suspendido Gobernador no respondió por lo sucedido, la Contraloría terminó de unir las piezas de este nuevo rompecabezas de la corrupción. El 4 de mayo de ese mismo año, esta entidad entregó un informe a Besaile en el que describía las irregularidades ocurridas. Uno de los detalles que más llamaron la atención fue el pago de $3.156 millones a la IPS Unidos por su Bienestar, cuyo representante legal era Pérez Ardila, la cual al parecer había prestado servicios de salud a 28 pacientes hemofílicos. A pesar del derroche de dinero, los millonarios pagos no cesaron. El 23 de mayo de 2016 se comprobó uno nuevo autorizado por Besaile.

Este nuevo desembolso se habría hecho por un valor de $1.525 millones a favor de la IPS San José de la Sabana, con participación del secretario de Salud, José Jaime Pareja, quien habría sido quien reconoció la prestación de los servicios de salud a los pacientes. Para la Fiscalía, el modus operandi de los millonarios pagos fue el mismo: se hicieron sin que existiera certeza de los servicios, los diagnósticos de los pacientes no eran hechos por un médico profesional, los laboratorios no habrían efectuado los exámenes clínicos y presuntos pacientes aseguraron no haber recibido tratamiento porque no padecían la enfermedad.

Besaile, por su parte, ha negado cualquier relación con el cartel de la hemofilia, tanto así que en agosto de 2017 denunció a Guillermo José Pérez, representante y socio de las IPS con las que se hacían los recobros ilícitos. De igual modo, el pasado 18 de mayo, el magistrado ponente del Tribunal Superior de Bogotá, Hermes Darío Lara Acuña, determinó que Besaile continuara su proceso en libertad. Para el magistrado, la Fiscalía no logró demostrar de manera apropiada que el gobernador represente un peligro para la sociedad, pues no existen “elementos objetivos” para asegurar que Besaile va a evadir la justicia.

(Lea:Fiscalía imputó dos cargos a Edwin Besaile; él se declaró inocente)

“Vamos a demostrar, como lo he dicho siempre, mi inocencia. Que nada tuve que ver en el cartel de la hemofilia (…). Vamos a salir victoriosos porque vamos a decir la verdad”, dijo hace algunos meses el gobernador investigado. A este enredo se suma una nueva suspensión de la Procuraduría por presuntas irregularidades en la terminación de un contrato de ciencia y tecnología y posibles actos de corrupción relacionados con la ejecución de ese proyecto con recursos de las regalías del departamento. Por ahora, la justicia deberá determinar lo que realmente ocurrió con esos dineros y quién fue el desangrado en esta ocasión.