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El capítulo más oscuro e impune del paramilitarismo en Colombia fue el bloque Capital, la estructura criminal que operó en Bogotá. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en una sentencia en la que condenó a Manuel Pirabán, alias Jorge Pirata a 8 años de prisión —los cuales terminó de cumplir el pasado 26 de enero—, y otros jefes del bloque Centauros y del bloque Héroes del Llano y del Guaviare, explicó cómo Carlos Castaño, junto con el capitán (r) del Ejército Jorge Rojas Galindo y el narcotraficante Miguel Arroyave, extendió sus tentáculos hasta Bogotá. En la decisión, el Tribunal instó a la Fiscalía a que deje el letargo judicial en este caso y avance en sus pesquisas para definir los alcances del bloque Capital, incluyendo el posible rol del exvicepresidente Francisco Santos.
La sentencia tiene 1.187 páginas y en ellas se detalla desde la desmovilización del bloque Centauros, en septiembre de 2005, hasta la conformación de los grupos que golpearon en Bogotá. Según el documento, esta estructura criminal comenzó a consolidarse a finales de 1997, tras la masacre de Mapiripán (Meta), cuando Carlos Castaño dio la orden de expandir el poder paramilitar desde los Llanos Orientales hasta la capital del país. El fallo aclara que el paramilitarismo existía en el Meta desde los años 80, cuando personajes como Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, o el esmeraldero Víctor Carranza lo impulsaron. En los años 90, Miguel Arroyave tomó el control de la región, con el respaldo de Carlos Castaño.
Después de salir de la cárcel Modelo en Bogotá, donde permaneció entre 1999 y 2001, Miguel Arroyave, junto con Jorge Pirata y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, llegaron a conformar una organización de más de 4.000 hombres que literalmente tomó el control de los departamentos de Meta, Guaviare, Casanare y parte de Cundinamarca. Después de conocer la estrategia de tomarse las principales capitales del país, planteada por las Farc en su Octava Conferencia, el entonces jefe máximo del paramilitarismo, Carlos Castaño, dio la orden de estructurar el bloque Capital, que de inmediato quedó bajo el control de Miguel Arroyave, quien a su vez entró a comandar el bloque Centauros en los Llanos Orientales.
Los paramilitares ya habían perpetrado ataques en Bogotá desde mediados de los años 90. Primero en urbanizaciones populares de Bosa y en Soacha, municipio aledaño a la capital. A comienzos de 1997 empezaron a operar en Suba y Ciudad Bolívar. Durante esos años, dice el fallo, la orden de Castaño a sus sicarios fue asesinar a militantes o simpatizantes de la Unión Patriótica y a todas aquellas personas que se consideraran cercanas a la guerrilla. Por esa estigmatización, el 19 de mayo de 1997, un comando asesinó a los investigadores del Cinep Elsa Alvarado y Mario Calderón. El hecho se presentó en un apartamento en el sector de Chapinero. La razón: su supuesta ayuda a las Farc en el Sumapaz. Luego, el 18 de abril de 1998, los paramilitares ejecutaron al defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza en su oficina.
En 1999 la presencia de los paramilitares en la capital ya era visible. Operaban en Corabastos sin ningún problema. En 2001, Carlos Castaño ordenó al capitán (r) del Ejército Jorge Rojas Galindo —quien ingresó a las filas de los “ paras” en 1998, según declaró en la Fiscalía— realizar un estudio general de Bogotá para ubicar los puntos estratégicos en los que podría operar el frente Capital bajo las órdenes de Arroyave. De esta manera se determinó la necesidad de quitarle a la guerrilla las rutas de abastecimiento que salían de la capital, por lo que poco a poco se tomaron localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy y Usme, y los cascos urbanos de los municipios de Soacha, Facatativá, Sasaima, Tunja y La Calera.
Según relató Salvatore Mancuso el 15 de mayo de 2007, en esos días, el entonces periodista Francisco Santos Calderón fue una de las primeras personas que contactó Carlos Castaño para manifestarle su intención de utilizar los medios de comunicación con el fin de dar a conocer su proyecto paramilitar. Supuestamente, la primera reunión con Francisco Santos se realizó durante el gobierno de Ernesto Samper, en la zona de Tierra Alta (Córdoba), específicamente en la vereda El Volador. Mancuso sostuvo que en esa ocasión le explicó a Santos el modelo de las autodefensas. Al respecto puntualizó: “Santos no sólo pareció interesado, sino que lo noté inesperadamente identificado con nuestras posiciones antisubversivas”.
La sentencia del Tribunal cita textualmente la confesión de Mancuso en 2007 ante la Fiscalía: “El periodista (Santos) le propuso al comandante Castaño que me dejara ir a Bogotá, para sostener una charla con los editorialistas del periódico El Tiempo, y explicarles la realidad del conflicto (…) Insisto que incluso me sorprendí de la receptividad que encontramos con él”. Agregó: “Santos alabó el modelo que le expusimos, de cómo funcionábamos en Córdoba, y nos manifestó (…) porque las autodefensas algún día pudieran replicar ese modelo de autodefensas en Bogotá, pues se veía con preocupación en los círculos capitalinos el avance de la guerrilla”.
En la declaración que se cita en el fallo, Mancuso señaló que fue a una segunda cita en Bogotá a finales de los 90 en Bogotá y explicó el modelo de las autodefensas a un grupo de periodistas, entre los que estaba Francisco Santos, y que, luego del almuerzo, regresó a Montería. Finalmente indicó que Santos publicó el 29 de abril de 1997 un artículo que se tituló: Proyecto contra insurgentes. Cabe recordar que una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia ya emitió un auto inhibitorio en favor del exvicepresidente por estos hechos. Sin embargo, el Tribunal de Bogotá insistió a la Fiscalía en que debe aclarar definitivamente si las presuntas manifestaciones de Santos “significaron un respaldo en la consolidación ideológica de la estrategia paramilitar, con los efectos que ya se conocen”.
Al margen del caso Santos, el Tribunal de Bogotá referenció que quienes llegaron a conformar el llamado frente Capital fueron miembros de varias estructuras que operaban en la región del Sumapaz —en el frente Campesino por el Sumapaz y bloque Centauros—, y a ellos se sumaron las Autodefensas del Tolima, Quindío, Cundinamarca y Boyacá. Sin embargo, la gran base provenía del bloque Calima y de las alianzas que gestó Miguel Arroyave desde la cárcel Modelo, donde estuvo preso y desató una oleada de violencia que ahora investiga la Fiscalía. Su consigna fue que “todos deberían trabajar para él y quien no lo hiciera estaba en su contra, y por ende era eliminado”, se lee en el fallo.
Según la sentencia, el bloque Capital “no tenía ideología alguna, en la medida que sus integrantes eran sicarios que prestaban sus servicios para el cobro de deudas a terceros a cambio de un interés del 30 %”. Asimismo, el bloque se presentó públicamente en mayo de 2002, cuando sus jefes se convirtieron en patrones del Sanandresito de la 38, un sector en Bogotá en el que hacían presencia más de 2.500 comerciantes. Miguel Arroyave puso como jefe en las calles a Henry de Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, hoy detenido en Argentina y posiblemente extraditado a Estados Unidos. En pocas palabras, un hombre que ha pasado impune por sus vínculos con el paramilitarismo.
Alias Mi Sangre lideró las oficinas de cobro que se tomaron el control del sector de Sanandresito de la 38 y extorsionaron a los comerciantes que no colaboraran con una “cuota” de seguridad. Los asesinatos en Ciudad Bolívar se incrementaron notoriamente entre los años 2000 y 2001. En ese momento ya se hablaba de más de 600 muertos. Estos crímenes, según el Tribunal de Bogotá, estaban relacionados con “la fase de entrenamientos de los escuadrones de la muerte en Bogotá”. Se trata de apenas uno de los capítulos del bloque Centauros y el bloque Capital detallados en una sentencia que abarca el análisis de la forma como esta estructura criminal fue clave para ejercer violencia en el centro del país.
Finalmente, aclara el Tribunal de Bogotá, el asesinato de Miguel Arroyave en septiembre de 2004 provocó la fragmentación del bloque Capital y la división en el interior del bloque Centauros. La comandancia de esta última estructura la asumió entonces Manuel de Jesús Pirabán, alias Pirata, quien, al igual que Don Mario, siempre ha dicho que nada tuvo que ver con la creación y el manejo del bloque Capital. Además del detallado recuento de las acciones criminales del paramilitarismo en Bogotá y los Llanos Orientales, la sentencia hace un llamado de atención a la impunidad que por 16 años ha sepultado la posibilidad de conocer cómo el paramilitarismo también se alió con oficiales de las Fuerzas Armadas para sembrar el terror en la capital.