Operación Orión, tomas guerrilleras de pueblos y más hechos que investigará la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya le ha dicho al país que durante el conflicto se cometieron al menos 6.402 falsos positivos, que la extinta guerrilla de las Farc reclutó al menos a 18.677 niños y niñas y que el exterminio del partido político Unión Patriótica dejó 5.733 víctimas. Son cifras que demuestran lo masivo del horror en la guerra y que son el paso inicial en esa justicia para comenzar a darles respuestas a las víctimas. El Espectador conoció tres documentos que consignan cálculos del mismo tipo sobre otro repertorio de crímenes, entre los que hay: tomas guerrilleras de pueblos, masacres a manos de paramilitares y asesinatos de líderes afros e indígenas.

Este diario tuvo acceso a los borradores de los autos con los que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP abrirá los tres macrocasos que viene anunciando desde agosto de 2021. El macrocaso 08, por ejemplo, se centrará en crímenes cometidos por la Fuerza Pública u otros agentes del Estado en connivencia con grupos paramilitares. De ellos se estima que hubo 295.992 víctimas. El 09, en las violencias que sufrieron los pueblos étnicos, entre los que hay indígenas, afrodescendientes y rom, que cuentan 1’396.342 víctimas. Y en el macrocaso 10, se investigarán todas las conductas atribuidas a la exguerrilla de las Farc que no estén ya incluidas en otros casos.

Estado y paramilitares

La incursión militar en la Comuna 13 de Medellín, en octubre de 2002, llamada Operación Orión y que generó el desplazamiento de cientos de familias, es uno de los ejemplos de patrones criminales que citó la JEP en el auto del nuevo caso 08. Según la Sala de Reconocimiento, los informes de víctimas dan cuenta de que la Fuerza Pública desplegó una ofensiva contra esta zona de la capital de Antioquia “bajo justificaciones contrainsurgentes”, pues era un lugar por el que transitaban guerrillas. Ejército, Policía y demás autoridades no habrían distinguido entre combatientes y población civil. Al parecer, hubo allanamientos sin orden judicial, torturas, entre otros crímenes.

Además, la Sala de Reconocimiento entrará a investigar los crímenes para despojar tierras u otras razones económicas. El documento cuenta cómo a algunas incursiones paramilitares les siguió un complejo entramado de funcionarios públicos y terceros que legalizaron despojos. Y menciona como ejemplo al esmeraldero Víctor Carranza, señalado aliado de paramilitares que luego se hizo a extensas tierras. La JEP también investigaría si en algunos casos, homicidios y desapariciones fueron una vía para vaciar territorios de interés para megaproyectos, como al parecer ocurrió en Hidroituango, según organizaciones sociales.

Lea aquí: Operación Orión, una sombra de odio

Un tercer patrón que documentará este macrocaso tiene que ver con la violencia ejercida en alianza con grupos paramilitares para controlar al Estado, bien sea quedándose con la contratación pública o presionando elecciones. Todo el macrocaso suma, por ahora, 14.911 responsables identificados y 298.992 hechos, entre los que hubo al menos 9.504 homicidios, 961 desplazamientos y 778 desapariciones forzadas. La Sala se concentrará aquí en cinco regiones claves, en las que se dieron estos patrones masivamente: el Gran Magdalena, los Montes de María, las zonas de los ríos Ariari, Guayabero y Guaviare, Antioquia y el Magdalena Medio.

La política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe, el Estatuto de Seguridad que introdujo Julio César Turbay o las Convivir que se crearon por iniciativa de César Gaviria son algunas de las estrategias de seguridad que tendrán que pasar al tablero en este macrocaso. A la par que busca esclarecer hechos concretos de la guerra, la investigación indagará de qué manera estos lineamientos del Estado influenciaron el conflicto armado. De hecho, lo hace por pedido de la Fiscalía, que en sus investigaciones ha encontrado que la Doctrina de Seguridad Nacional llevó a que en la Fuerza Pública se generalizara la idea de que se combatía un “enemigo interno”.

Crímenes atribuidos a las Farc

El delito más endilgado a la extinta guerrilla de las Farc es el desplazamiento forzado: representa el 88 % de los crímenes de este grupo. En muchos de los casos se daba tras alguna de las 309 tomas de pueblos que ha documentado hasta ahora la JEP, práctica generalizada en la exguerrilla como una forma de control del territorio. En el macrocaso 10, según el borrador del auto que lo abrirá, al que tuvo acceso El Espectador, se investigarán estas conductas a la par con 709 ataques de unidades de Policía, 126 ataques contra infraestructura energética, 291 usos de minas antipersonales y 81 ataques al sector de hidrocarburos.

Le puede interesar: JEP abrirá tres nuevos macrocasos: Farc y fuerza pública

La hipótesis es que estos crímenes se cometieron como una manera de control territorial, en medio de combates o en contextos urbanos. La primera categoría retoma hallazgos de la JEP en el caso de secuestro, donde se concluyó que las Farc escogieron a sus víctimas por desobedecer sus órdenes, porque los señalaron de colaboradores del enemigo o por ser funcionarios no afines a la guerrilla. En la segunda, se investigarán infracciones al DIH durante hostilidades. Y en la tercera, el punto de partida fue la confesión del exsecretariado en seis magnicidios, entre los que está el del conservador Álvaro Gómez, que habría sido cometido por estructuras urbanas.

Los pueblos étnicos

Casi un millón y medio de víctimas les dejó el conflicto a indígenas, afrodescendientes y rom del país. Entre homicidios y masacres, la Fuerza Pública fue ejerciendo vigilancia sobre los pueblos étnicos, a los que, dice el documento, estigmatizó como colaboradoras de la guerrilla. Y las Farc, al parecer, utilizaron estos vejámenes para destruir las formas de organización de las comunidades y volverse la autoridad. Esas son las hipótesis del macrocaso 09, que se concentrará en lo que sucedió en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Buenaventura y el Pacífico Medio, así como en la Amazonia y Orinoquia. Además, investigará los crímenes cometidos contra la naturaleza, que no han sido muy documentados por la justicia.

Los borradores que conoció El Espectador recogen los comentarios que hicieron las víctimas de todo el país en 2021. De hecho, la JEP incorporó algunos elementos que se sugirieron allí, como investigar la violencia sexual en cada macrocaso, pero se apartó de exigencias más duras, como abrir un caso de delitos sexuales o de desplazamiento. Los tres documentos, aún no aprobados por la Sala de Reconocimiento, coinciden en dos cosas: Primera, explican que la JEP ya aprendió de los primeros siete macrocasos y no volverá a investigar el conflicto solo por conductas, y segunda, ponen sobre la mesa la premura que tienen para investigar, pues en 2028 la Sala dejará de existir.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya le ha dicho al país que durante el conflicto se cometieron al menos 6.402 falsos positivos, que la extinta guerrilla de las Farc reclutó al menos a 18.677 niños y niñas y que el exterminio del partido político Unión Patriótica dejó 5.733 víctimas. Son cifras que demuestran lo masivo del horror en la guerra y que son el paso inicial en esa justicia para comenzar a darles respuestas a las víctimas. El Espectador conoció tres documentos que consignan cálculos del mismo tipo sobre otro repertorio de crímenes, entre los que hay: tomas guerrilleras de pueblos, masacres a manos de paramilitares y asesinatos de líderes afros e indígenas.

Este diario tuvo acceso a los borradores de los autos con los que la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP abrirá los tres macrocasos que viene anunciando desde agosto de 2021. El macrocaso 08, por ejemplo, se centrará en crímenes cometidos por la Fuerza Pública u otros agentes del Estado en connivencia con grupos paramilitares. De ellos se estima que hubo 295.992 víctimas. El 09, en las violencias que sufrieron los pueblos étnicos, entre los que hay indígenas, afrodescendientes y rom, que cuentan 1’396.342 víctimas. Y en el macrocaso 10, se investigarán todas las conductas atribuidas a la exguerrilla de las Farc que no estén ya incluidas en otros casos.

Estado y paramilitares

La incursión militar en la Comuna 13 de Medellín, en octubre de 2002, llamada Operación Orión y que generó el desplazamiento de cientos de familias, es uno de los ejemplos de patrones criminales que citó la JEP en el auto del nuevo caso 08. Según la Sala de Reconocimiento, los informes de víctimas dan cuenta de que la Fuerza Pública desplegó una ofensiva contra esta zona de la capital de Antioquia “bajo justificaciones contrainsurgentes”, pues era un lugar por el que transitaban guerrillas. Ejército, Policía y demás autoridades no habrían distinguido entre combatientes y población civil. Al parecer, hubo allanamientos sin orden judicial, torturas, entre otros crímenes.

Además, la Sala de Reconocimiento entrará a investigar los crímenes para despojar tierras u otras razones económicas. El documento cuenta cómo a algunas incursiones paramilitares les siguió un complejo entramado de funcionarios públicos y terceros que legalizaron despojos. Y menciona como ejemplo al esmeraldero Víctor Carranza, señalado aliado de paramilitares que luego se hizo a extensas tierras. La JEP también investigaría si en algunos casos, homicidios y desapariciones fueron una vía para vaciar territorios de interés para megaproyectos, como al parecer ocurrió en Hidroituango, según organizaciones sociales.

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Un tercer patrón que documentará este macrocaso tiene que ver con la violencia ejercida en alianza con grupos paramilitares para controlar al Estado, bien sea quedándose con la contratación pública o presionando elecciones. Todo el macrocaso suma, por ahora, 14.911 responsables identificados y 298.992 hechos, entre los que hubo al menos 9.504 homicidios, 961 desplazamientos y 778 desapariciones forzadas. La Sala se concentrará aquí en cinco regiones claves, en las que se dieron estos patrones masivamente: el Gran Magdalena, los Montes de María, las zonas de los ríos Ariari, Guayabero y Guaviare, Antioquia y el Magdalena Medio.

La política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe, el Estatuto de Seguridad que introdujo Julio César Turbay o las Convivir que se crearon por iniciativa de César Gaviria son algunas de las estrategias de seguridad que tendrán que pasar al tablero en este macrocaso. A la par que busca esclarecer hechos concretos de la guerra, la investigación indagará de qué manera estos lineamientos del Estado influenciaron el conflicto armado. De hecho, lo hace por pedido de la Fiscalía, que en sus investigaciones ha encontrado que la Doctrina de Seguridad Nacional llevó a que en la Fuerza Pública se generalizara la idea de que se combatía un “enemigo interno”.

Crímenes atribuidos a las Farc

El delito más endilgado a la extinta guerrilla de las Farc es el desplazamiento forzado: representa el 88 % de los crímenes de este grupo. En muchos de los casos se daba tras alguna de las 309 tomas de pueblos que ha documentado hasta ahora la JEP, práctica generalizada en la exguerrilla como una forma de control del territorio. En el macrocaso 10, según el borrador del auto que lo abrirá, al que tuvo acceso El Espectador, se investigarán estas conductas a la par con 709 ataques de unidades de Policía, 126 ataques contra infraestructura energética, 291 usos de minas antipersonales y 81 ataques al sector de hidrocarburos.

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La hipótesis es que estos crímenes se cometieron como una manera de control territorial, en medio de combates o en contextos urbanos. La primera categoría retoma hallazgos de la JEP en el caso de secuestro, donde se concluyó que las Farc escogieron a sus víctimas por desobedecer sus órdenes, porque los señalaron de colaboradores del enemigo o por ser funcionarios no afines a la guerrilla. En la segunda, se investigarán infracciones al DIH durante hostilidades. Y en la tercera, el punto de partida fue la confesión del exsecretariado en seis magnicidios, entre los que está el del conservador Álvaro Gómez, que habría sido cometido por estructuras urbanas.

Los pueblos étnicos

Casi un millón y medio de víctimas les dejó el conflicto a indígenas, afrodescendientes y rom del país. Entre homicidios y masacres, la Fuerza Pública fue ejerciendo vigilancia sobre los pueblos étnicos, a los que, dice el documento, estigmatizó como colaboradoras de la guerrilla. Y las Farc, al parecer, utilizaron estos vejámenes para destruir las formas de organización de las comunidades y volverse la autoridad. Esas son las hipótesis del macrocaso 09, que se concentrará en lo que sucedió en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Buenaventura y el Pacífico Medio, así como en la Amazonia y Orinoquia. Además, investigará los crímenes cometidos contra la naturaleza, que no han sido muy documentados por la justicia.

Los borradores que conoció El Espectador recogen los comentarios que hicieron las víctimas de todo el país en 2021. De hecho, la JEP incorporó algunos elementos que se sugirieron allí, como investigar la violencia sexual en cada macrocaso, pero se apartó de exigencias más duras, como abrir un caso de delitos sexuales o de desplazamiento. Los tres documentos, aún no aprobados por la Sala de Reconocimiento, coinciden en dos cosas: Primera, explican que la JEP ya aprendió de los primeros siete macrocasos y no volverá a investigar el conflicto solo por conductas, y segunda, ponen sobre la mesa la premura que tienen para investigar, pues en 2028 la Sala dejará de existir.