El pasado 30 de abril inició oficialmente el juicio con la contra la multinacional Chiquita Brands, en Estados Unidos, como consecuencia de la financiación del paramilitarismo que realizaron en el país. A este proceso se encuentran vinculados los derechos de centenares de víctimas del paramilitarismo en el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio en Colombia, ya que un Tribunal de Florida decidió elegir los casos más representativos para definir si esta financiación estuvo conectada directamente con algunos crímenes atroces cometidos por el paramilitarismo. Trece días después de que el proceso fuera puesto en Marcha, El Espectador le cuenta como avanzó la justicia norteamericana durante su primera semana.
30 de abril
El juicio se abrió con las declaraciones de Chiquita Brands y los representantes de las víctimas. Para esto, los abogados demandantes realizaron una línea de tiempo que comenzaba con una descripción de como fue la llegada de esta empresa norteamericana a Colombia y todo su crecimiento en medio del contexto de violencia que vivía el país. Así mismo se habló sobre la financiación realizada por la compañía a las AUC. Este último punto ya fue probado por la Justicia estadounidense en 2007, pues se identificó que la compañía giró más de un millón y medio de dólares a grupos paramilitares entre 1997 y 2004. Dinero que llegó luego de una reunión privada en Medellín entre Carlos Castaño y un alto ejecutivo de Banadex, filial de Chiquita Brands.
La idea con este resumen era lograr que el jurado obtuviera una visión más amplia sobre el contexto colombiano y la forma como opera Chiquita en las zonas de Urabá y Magdalena Medio. Zonas en donde la compañía se habría beneficiado del envío de armas e incluso drogas, los cuales se movían a través de las instalaciones portuarias de la compañía, según lo expuesto por los abogados demandantes. Así mismo, también se presentaron los casos de diferentes víctimas, las cuales testificarán en las próximas semanas.
De manera posterior a esa declaración, los abogados de Chiquita Brands admitieron que la compañía sí realizo estos pagos, pero que estos habrían sido producto de extorsión y amenazas de las AUC, argumentando que las regiones bananeras en Colombia estaban controladas por “violentas pandillas narcotraficantes”. La compañía se presentó como víctima de la situación, planteando también que sus acciones fueron realizadas para proteger sus operaciones y a sus empleados, hechos que estarían protegidos bajo la ley estadounidense.
1 de mayo
Durante esta jornada se escuchó el testimonio de Fernando Aguirre, CEO de la compañía en 2004 y quien en 2007 firmó el documento con el que la empresa entregó las pruebas que demostraban su culpa en el financiamiento de los paras. Aguirre afirmó que detuvo los pagos ilegales una vez se enteró de ellos, cuestionó la permanencia de la empresa durante tantos años y admitió que no conoce de la existencia de amenazas por parte de las AUC a la compañía.
Posteriormente, fue escuchada Bárbara Howland, designada como representante legal de Chiquita para este juicio. La mujer confirmó los datos que se habían expuesto durante la línea de tiempo por los abogados demandantes, pero también señaló que la empresa vio afectada sus operaciones y fue extorsionada por las FARC. Sin embargo, reconoció que tampoco se encuentra al tanto de amenazas específicas realizadas por las AUC.
2 de mayo
Para esta fecha fue llamado ante el tribunal Charles “Buck” Keiser, quien estuvo encargado de dirigir las operaciones de Chiquita en Colombia, desde 1987 hasta los 2000. Según sus declaraciones, la compañía habría aprovechado la inestabilidad que provocaban los enfrentamientos entre guerrillas para comprar fincas y continuar con su expansión en la región, pues en 1987 no poseía ninguna finca en el país y solo le habrían comprado fruta a otros cultivadores, situación que habría cambiado tan solo un año después. Sin embargo, Keiser afirmó que la empresa sí estaba siendo extorsionada y había sido atacada de forma violenta por grupos armados ilegales. Sumado a esto, señaló a los guerrilleros como autores de varios ataques con daños millonarios y del asesinato de varios trabajadores.
3 de mayo
Durante esta jornada se escuchó a Ever Veloza García, conocido por el alias HH, quien era uno de los líderes paramilitares de las AUC. Alias HH narró como recibieron órdenes de controlar estas zonas bananeras, prohibiendo por completo las huelgas de los trabajadores y persiguiendo a sindicalistas, con el presunto fin de proteger a las multinacionales. También comentó como fue que se camuflaron en la zona, afirmando que las Convivir fueron parte de la estructura paramilitar.
Posteriormente, fue el turno de Ovidio Núñez Cabrales, un trabajador de seguridad de Chiquita que se terminó convirtiendo en paramilitar. En esta declaración, el hombre ratificó que sí habría habido entregas de armas y gasolina de Chiquita Brands a los paramilitares, además señalo una supuesta cooperación de la compañía en asesinatos que habrían realizado los paras. Núñez señaló que incluso Charles Keiser, ejecutivo que testificó en el juicio recientemente, habría recibido protección directa de las AUC. Finalmente, se escucharon a varios familiares de víctimas describir como fue que perdieron sus seres queridos de cuenta de acciones violentas de los paramilitares.
6 de mayo
La semana comenzó con la lectura del testimonio del exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, quien dirigió varios bloques de las AUC, entre los que se encuentra el Bloque Córdoba. En su declaración detalló el financiamiento que tuvieron las AUC gracias a los impuestos sobre actividades regionales y tráfico de drogas, pero también mencionó las contribuciones realizadas por Chiquita Brands. Asi mismo, mencionó la creación de las Convivir y su vínculo con la construcción de carreteras en la zona. El día finalizó con el vídeo de otra víctima de las AUC que no pudo viajar hasta Florida.
7 de mayo y 8 de mayo
Durante ambas fechas se presentaron nuevos vídeos que familiares de las víctimas de las AUC enviaron al Tribunal para ilustrar las serias afectaciones vividas de cuenta de la violencia paramilitar en el país. También se escuchó a Carlos Bello Arrieta, extrabajador de seguridad de Chiquita, quien afirmó que sí se habrían enviado armas desde el puerto de la compañía y mencionó el contacto regular que habría tenido con las AUC durante sus operaciones de seguridad. El último día cerro con el video del auditor de la compañia, Mark Blackham, quien desde principios de los 90 planteó serias preocupaciones sobre los pagos que estaba realizando Chiquita Brands.
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