Álvaro Uribe iría a juicio: Fiscalía no apeló decisión de jueza que negó archivo

Este 27 de abril se conocerá una decisión clave para el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez: la jueza 29 Penal de Bogotá, Carmen Ortiz, que está al frente del caso, dará a conocer si accede a la petición de la Fiscalía de archivar la investigación. O, si, por el contrario, el exmandatario y líder natural del Centro Democrático debe ir a juicio por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En El Espectador le contamos, minuto a minuto, qué sucede en la audiencia.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez es investigado por los delitos de fraude procesal y soborno.

Foto: Jose vargas

Hacia las 9 de la noche, tras más de 12 horas de audiencia, la jueza Carmen Ortiz dio a conocer su decisión: negar la solicitud de preclusión de la Fiscalía. La funcionaria dejó claro que el único que podía apelar la decisión era el fiscal Gabriel Jaimes, quien había radicado la petición. Sin embargo, cuando le dieron la palabra, Jaimes dijo que no interpondría recursos. Es decir, la decisión queda en firme.

Ni la defensa de Uribe, ni la Procuraduría, que habían pedido que el caso se archivara, pueden apelar esta decisión. Es decir, ahora la Fiscalía deberá llamar a juicio al expresidente por los delitos de soborno en actuación penal y soborno, conforme halló la jueza 28 penal de conocimiento.

La jueza del caso también volvió a poner en tela de juicio la investigación del fiscal del caso, Gabriel Jaimes Durán, el coordinador de fiscales ante la Corte Surpema. La jueza Ortíz señaló que las cartas aportadas por los exparamilitares alias Diana, alias Racumín y Fauner Baraona, quienes daban versiones a favor de Uribe ante la Corte Suprema. Según la jueza no hay certeza de las versiones que entregaron al alto tribunal sean ciertas. También sembró dudas sobre las cartas que entregaron el narcoparamiliar el Tuso Sierra y la exfiscal Hilda Niño, quienes también testificaban a favor de Álvaro Uribe.

Luego de que la jueza diera un receso entre las 3 y 4 de la tarde, retomó la audiencia para hacer las consideraciones sobre los episodios del caso Uribe relacionados con Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del caso. Lo que la investigación de la Corte Suprema de Justicia ha dicho es que para intentar torcer su testimonio el abogado Diego Cadena y el excongresista uribista Álvaro Hernán Prada intentaron llegar a él por dos vías distintas. El primero, lo habría visitado en La Picota y el segundo a través de tercero. Por estos hechos ambos afrontan procesos penales.

Luego de hacer un recuento de las posiciones de todas las partes, la jueza señaló que las declaraciones de Monsalve sobre que Uribe creó un grupo paramilitar en los años noventa en Antioquia han sido consistentes. También señaló que ante las dudas de la defensa de Uribe sobre si Monsalve hizo parte del supuesto Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, hay pruebas de las que se puede inferir de que sí hizo parte de esa estructura criminal, de la que también habría hecho parte, según la Fiscalía, Santiago Uribe, hermano del expresidente.

La jueza también retomó el episodio de las visitas de Cadena a Monsalve en la cárcel La Picota a finales de febrero de 2018, en los que habría existido los ofrecimientos de beneficios a este testigo para que cambiara su testimonio. “Se observa sin dificultad que es posibles afirmar que existe una duda razonable acerca de si se hizo un ofrecimiento de un beneficio al testigo Monsalve a cambio de su declaración. De hecho, las interceptaciones parecen mostrar que es más probable que en efecto haya sido así.”, aseguró la jueza Carmen Helena Ortíz.

Los audios que citó la jueza son conversaciones entre Cadena y Enrique Pardo Hasche, un preso que compartía celda con Monsalve en La Picota y que, según la Corte Suprema, fue uno de las fichas de Cadena para llegar a Monsalve. Para la jueza, esos audios indican que Monsalve no buscó restractarse sino que lo estaban presionando para que cambiara sus señalamientos contra Álvaro Uribe.

Otra de las interceptaciones que fueron citadas por la jueza fueron unas conversaciones entre Cadena y Fabián Rojas, exasesor de Uribe mientras estuvo en e Senado. Para la jueza, esas conversaciones dan cuenta que “el exsenador pudo saber de las actuaciones que realizaba Diego Cadena a su nombre y de lo delicadas que estas podían ser y que, además, el mismo exsenador daba instrucciones a Cadena en relación con las declaraciones de los testigos más relevantes”.

Y agregó: “Así las cosas por la existencia de elementos materiales probatorios a partir de los cuales como ha quedado visto es posible afirmar razonablemente hipótesis de tipicidad del soborno en actuación penal respecto del testigo Monsalve Pineda este despacho concluye que la Fiscalía no demostró la procedencia de la causal preclusiva invocada”.

Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés, Fauner José Barahona y Harlington Mosquera son algunos de los paramilitares enviaron declaraciones a la Corte que favorecieran al expresidente Álvaro Uribe. La Corte Suprema había concluido que, al menos los dos primeros, habrían recibido ofrecimientos de dineros. Y, si bien el fiscal Gabriel Jaimes concluyó que no se habría habido el delito de soborno en actuación penal, la jueza tuvo otra opinión. Para la funcionaria judicial, el fiscal Jaimes “no precisó los testigos sobre los cuales se predicaba alguna conducta punible”.

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Además, a cambio de dinero y otras dádivas, Vélez, conocido con el alias de Víctor, y Cortés, con el alias de Diana, habrían tenido la labor de buscar testimonios de otros exparamilitares. La Fiscalía y el mismo Uribe han dicho que el expresidente no sabía de estos sobornos que, supuestamente, ofreció el abogado Diego Cadena. Que se enteró posteriormente. Pero la jueza concluyó: “la divergencia en la interpretación de los hechos resulta relevante, pues indica que el ente investigador encontró razones suficientes que confirmarían la tipicidad de la conducta de soborno en actuación penal”.

Una opinión similar tuvo la jueza sobre el delito de soborno respecto de la exfiscal Hilda Niño, quien ha asegurado que el caso contra Uribe es un “complot”, pero habría recibido beneficios en la cárcel por declarar a favor del expresidente. “Contrario a los sostenido en la solicitud de preclusión, para el despacho sí es dable afirmar que existe una hipótesis probable del soborno en actuación penal relativo a la exfiscal Niño Farfán, por vía de la cual podría debatirse: si la intermediación ante la Fiscalía para que Niño fuera entrevistada por un delegado que pudiera favorecer el impulso de un principio de oportunidad, tiene o no la entidad para afirmar la atipicidad del soborno”, dice la jueza.

Y agregó que existe prueba directa de que Uribe conocía de los ofrecimientos hechos por el abogado Diego Cadena a Carlos Enrique Vélez. “Existe una prueba directa que indica que el abogado Diego Cadena actuando en nombre de Álvaro Uribe Vélez ofreció dinero a Carlos Enrique Vélez con el fin de mentir de una supuesta reunión de alias Víctor con el senador Cepeda y de los supuestos beneficios que este le hiciera para declarar en contra de los hermanos Uribe Vélez”, señaló la jueza. En ese mismo sentido, se pronunció sobre los dineros que recibió por otro testigo del caso alias Diana: que Cadena le informaba sobre los dineros que recibía ella.

También fue descartado el argumento de la defensa de Uribe de que alias Víctor fuera un mitómano por su condición de “criminal” y le recordó que poner en tela de juicio los testimonios aportados en el caso no pueden ser puestos en esta etapa del proceso, es decir, durante la solicitud de preclución, sino que sería en un eventual juicio.

Según la jueza Ortiz, la Fiscalía tampoco demostró que no se hubiera dado el delito de soborno en el segundo hecho por el que es investigado Uribe: las gestiones de su defensa y de personas allegadas a él para llegar a Juan Carlos El Tuso Sierra. Al parecer, dos personas buscaron que El Tuso declarara en contra del senador Iván Cepeda. En concreto, se trata del diputado de Antioquia por el Centro Democrático, Roque Arismendi, y el odontólogo Juan Manuel Aguilar, hermano de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, antiguo jefe de la Oficina de Envigado.

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Tras analizar los testimonios de estos dos personajes, el del Tuso, así como lo dicho por Uribe y su exabogado Diego Cadena, la jueza Ortiz concluye que hay un sinnúmero de incongruencias. Por ejemplo, por qué llegaron dos cartas de Sierra a la Corte Suprema con información distinta; por qué Uribe y Cadena no se pusieron de acuerdo en su versión sobre cómo se llegó al Tuso, entre otros detalles.

“Los interrogantes que surgen a partir de las incongruencias (de los testimonios)”, deben abordarse en una investigación más profunda, explica la decisión de la jueza. El Tuso es un “narcotraficante puro”, no un paramilitar. Según sentencias de Justicia y Paz, declaraciones de exparamilitares y otras pruebas, Sierra habría intentado recibir beneficios judiciales, colándose como un miembro de las Autodefensas. Y, según la jueza “sería ingenuo por parte de cualquier operador judicial”, creerle al Tuso.

La jueza niega la preclusión por uno de los hechos por los que es investigado Uribe: las cartas que llegaron a la Corte Suprema señalando supuestos ofrecimientos ilegales de Iván Cepeda, firmadas por los paramilitares alias Sinaí, Cadavid y Poli, recluidos en la cárcel de Cómbita. La funcionaria se despacha contra el abogado Diego Cadena, quien en sus declaraciones en la Corte Suprema omitió detalles claves de este episodio. Supuestamente, porque los olvidó. Pero para la jueza, “no resulta creíble” que el abogado hubiera olvidado algo tan importante.

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En concreto, la jueza se refiere a una reunión en la que participaron Cadena, la abogada de extraditables Ángela López (quien los puso en contacto con los exparamilitares), el director de la cárcel de Cómbita y el asesor de la UTL de Uribe, Fabián Rojas. “Para este despacho no resulta creíble que el haber omitido decirle a la Corte acerca de la reunión con el director de la cárcel de Cómbita, la abogada Ángela López y Fabián Rojas, sea producto de la excusa que el mismo Cadena alegó posteriormente (que lo olvidó) porque difícil sería olvidar reunirse con el director de la cárcel que luego le ayudó a entrevistar a los testigos y con la abogada que le ayudó a tomar los testimonios”.

Entre otras cosas, la jueza cuestiona que la Fiscalía no haya citado a declarar al exdirector de la cárcel de Cómbita, coronel Germán Ricaurte Tapia. Así las cosas, la jueza considera que la Fiscalía no logró demostrar que estos presuntos ofrecimientos a los exuparamilitares no hubieran ocurrido tal y como lo encontró la Corte Suprema.

La Fiscalía había pedido que el proceso se archivara por tres razones: porque las conductas descritas en el caso no serían delito (atipicidad), porque donde hay delitos no habría participado Uribe y porque no habría elementos que permitan demostrar el rol del expresidente en hechos delictivos. La jueza se está refiriendo a los seis hechos por los que es investigado Uribe y a la posible atipicidad de los delitos de soborno y fraude procesal en cada uno.

La jueza anuncia el segundo golpe a la defensa de Álvaro Uribe: las pruebas que practicó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema sí serán tenidas en cuenta, en su integridad. Además del cambio de sistema penal cuando Uribe renunció al Senado, los abogados del expresidente han peleado por años por una prueba central. Se trata de algunas de las interceptaciones telefónicas que la Corte le hizo al expresidente por error y que luego integró al expediente en su contra.

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Primero, la jueza considera que ya en escenarios anteriores quedó saldado que las pruebas que tuvo en cuenta la Corte para ordenar la detención de Uribe son legales y que solo en audiencias posteriores su defensa podría pelear que sean o no tenidas en cuenta. Y, sobre las interceptaciones en las que se escucha a Uribe hablar con Diego Cadena y otras figuras claves del proceso, aclara: “no procederá este despacho a pronunciarse sobre los vicios alegados (…), tampoco es el escenario para ello”.

La jueza toma nuevamente la palabra para comenzar con el corazón de la decisión: las consideraciones. Comienza citando, una y otra vez, apartes de la indagatoria que rindiera el expresidente Álvaro Uribe en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, pues, según ratificó la Corte Constitucional, esa diligencia equivale a una imputación de cargos. Es decir, ahí le dejaron claros al expresidente las razones por las que sería investigado formalmente.

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¿Es la indagatoria equivalente a la imputación de cargos?, se pregunta la jueza, haciendo referencia a que la defensa de Uribe y la Procuraduría no tenían esa respuesta del todo clara. Para contestar, la jueza Ortiz recuerda las actuaciones preliminares que realizó la Corte Suprema de Justicia. “Se advierte sin mucha dificultad que la indagatoria sí puede ser equivalente con la imputación”, resume la jueza Carmen Ortiz.

Con esta aclaración de la jueza, se da el primer revés para la defensa de Uribe. El expresidente y sus abogados habían manifestado, una y otra vez, que no tenían claros los hechos por los que era investigado. La funcionaria, sin embargo, aseguró que el auto con el que la Sala de Instrucción ordenó la detención del expresidente en su casa, “se estimará como el documento válido” en el que están contenidos los hechos del expediente.

El oficial mayor del despacho hace un recuento de las intervenciones de las demás partes del proceso: las presuntas víctimas, la Procuraduría y la defensa de Álvaro Uribe. Primero, comienza con los argumentos de Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, una de las supuestas víctimas del caso, quien ha sostenido que Uribe debería ir a juicio y ha criticado la labor de investigación de la Fiscalía.

En su momento, Villalba aseguró que, cuando pidió la preclusión, el fiscal Gabriel Jaimes echó mano de pruebas que llegaron después de que el radicara la solicitud de la audiencia. Es decir, que Jaimes habría utilizado como argumento en las audiencias evidencias que solo conoció después de haber concluido que el proceso debía archivarse. Asimismo, el abogado del senador Cepeda dijo que los testigos favorables a Uribe en este caso son “sospechosos”, dada su cercanía política o ideológica con el expresidente.

El oficial del juzgado también recordó los argumentos del exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes pidieron negar la petición de preclusión. En una orilla distinta estuvo la Procuraduría, cuyo representante, Jorge Enrique Sanjuán, estuvo de acuerdo con la solicitud de archivo. Es más, consideró que eran 19 los hechos sobre los que se estaba investigando al expresidente, no seis, y dijo que la Fiscalía debió pedir preclusión por otras conductas por las que la Corte Suprema lo investigó.

Finalmente, el funcionario judicial se refirió a los argumentos de la defensa de Uribe, que son principalmente dos: que el expresidente no es determinador de las conductas por las que es investigado y que no hay dolo.

La jueza Ortiz continúa describiendo los argumentos de la Fiscalía para pedir que el caso se precluya. En su momento, el fiscal Jaimes se concentró en seis puntos: primero, los acercamientos del abogado Diego Cadena al testigo Juan Guillermo Monsalve para que se retractara, que efectuaran su compañero de celda, Enrique Pardo; así como Victoria Jaramillo y Ricardo Williamson. En segundo lugar, los acercamientos que, al parecer, hicieron alias Caliche y el excongresista Álvaro Hernán Prada para que Monsalve se retractara.

En tercer lugar, las gestiones que supuestamente hicieron personas cercanas a Uribe, como el exsenador Fabio Valencia Cossio y empresarios cercanos a él para asegurarse de que el narcotraficante Juan Carlos el Tuso Sierra declarara en contra del senador Iván Cepeda en la Corte Suprema. En cuarto lugar, las visitas y contactos del abogado Diego Cadena a la exfiscal Hilda Niño para que, asimismo, declarara en favor de Uribe. Se trata de una exfuncionaria condenada por corrupción que ha dicho que el caso contra Uribe sería un complot.

El quinto hecho por el que es investigado Uribe tiene que ver con tres cartas, firmadas por exparamilitares recluidos en la cárcel de Cómbita en las que señalaban supuestos ofrecimientos ilegales que les hiciera el senador Iván Cepeda. Las cartas llegaron a la Corte Suprema, pero allí se determinó que habrían sido escritas de puño y letra del abogado Cadena. Finalmente, Uribe es investigado por las entregas de dinero al exparamilitar Carlos Enrique Vélez por parte de Cadena para que, al parecer, hablara en favor de Uribe. El abogado ha dicho que fueron apoyos humanitarios, no sobornos.

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Al finalizar este recuento, la togada hace una aclaración fundamental: en su decisión no va a expresar nada que tenga que ver sobre la materialidad de los delitos ni la posible autoría del Uribe. Es decir, no va a decir si el expresidente es culpable o no, sino que solo se va a concentrar en resolver las solicitud del ente investigador: si, por falta de pruebas, el caso debe cerrarse.

Hacia las 9:40 la jueza le dio la palabra al oficial mayor de su despacho para que resumiera las intervenciones de las víctimas.

La jueza Carmen Helena Ortiz arranca la audiencia pasadas las 8 de la mañana con una advertencia: “Será una extensa jornada”. Por eso, les explica a las partes que le pedirá a su oficial mayor que le ayude a leer su decisión. Acto seguido, lo primero que aborda la jueza son los hechos del caso. Recuerda que la génesis del proceso ocurrió en la Corte Suprema de Justicia en 2018.

A continuación, reseña todas las actuaciones que hizo el alto tribunal que le permitieron llamar a indagatoria al expresidente por los delitos de soborno y fraude procesal. A renglón seguido, recapitula los hechos que ocurrieron cuando Uribe renunció a su curul en el Senado y la Corte Suprema perdió la posibilidad de investigarlo.

También recuerda el episodio que se generó tras esa renuncia, pues no era claro si Uribe ya había sido imputado o no (pregunta que resolvió la Corte Constitucional en noviembre del año pasado, aclarando que sí lo estaba). A continuación, la jueza Ortiz se detiene en las actuaciones que realizó la Fiscalía, cuando el expediente le cayó en sus manos.

Explica que el fiscal del caso, Gabriel Jaimes Durán, pidió la preclusión del caso porque, según su investigación, no había pruebas ni tampoco indicios de ilegalidades en la actuación del expresidente Uribe. La jueza Ortiz describe con detalle los seis puntos que había resumido la Fiscalía en su petición de archivo para explicar por qué, en su opinión, el caso debía cerrarse.

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