Atentado contra juez, recordatorio del flagelo del sicariato que azota a Cali

Esta mañana, de nuevo, Cali se despertó con una noticia relacionada con el sicariato. A las 7:30 a.m., en el barrio Los Álamos (norte de la ciudad), dos hombres en una moto alcanzaron al juez penal municipal Jorge Eliecer Ospina Tamayo. El funcionario caminaba hacia su trabajo, pero los dos disparos que le propinó en la espalda el parrillero de la moto evitaron que llegara a su juzgado y lo enviaron a una clínica, donde se está recuperando.

Hace apenas cinco días, un atentado similar sacudía la capital vallecaucana. Dos hombres en una moto se acercaron a la camioneta de Irne Torres, director del Hospital Universitario del Valle, y abrieron fuego. Los sicarios esperaron a que Torres saliera del conjunto residencial donde vivía, en el sector de Valle del Lili (sur de la ciudad). Conocían su rutina, como, al parecer, la conocían también quienes agredieron al juez Ospina Tamayo.

En el caso de Torres, su escolta y su conductor también resultaron heridos. Este ultimo, aun en mal estado, manejó la camioneta en la que se desplazaban los tres hasta la Fundación Valle del Lili. Torres ingresó con “múltiples heridas por proyectil de arma de fuego que le compromet(ían) extremidades superiores, tórax, glúteo derecho y miembro inferior derecho”. Al final del día, los tres se encontraban estables. El juez Ospina Tamayo, igualmente, ya se encuentra fuera de peligro.

La Fiscalía anunció que asumía los actos urgentes y una investigación preliminar, que busca a toda costa esclarecer quiénes dispararon contra el funcionario judicial. El juez no había reportado amenazas en su contra, dijo el secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar. Tampoco las había reportado Torres, expresó en su momento la gobernadora Dilian Francisca Toro. Son solo dos casos que guardan semejanzas entre sí entre los tantos que se han visto en Cali en los últimos años.

Los casos abundan y se presentan a cualquier hora, en cualquier parte. Un ganadero fue atacado en el parqueadero de un centro comercial del sur de la ciudad el pasado 12 de diciembre; una mujer fue asesinada frente a su esposo y su hija mientras se desplazaba en carro por el exclusivo barrio El Peñón en el oeste, en noviembre; un estudiante de ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente, que era “instagrammer”, fue bajado de un carro y acribillado en pleno día en el barrio Bretaña, sur de Cali, en marzo pasado.

(Sicario disfrazado de payaso baleó a transeúnte en Cali)

Es bien sabido que la capital del Valle tiene un problema enorme de sicariato que nadie puede ocultar. Aunque las cifras de homicidios han descendido (en 2014 fueron asesinadas 5,3 personas cada día, en 2018 la cifra fue de 3,2 víctimas diarias), según el Observatorio de la Alcaldía, los crímenes que se cometen con sicarios causan un impacto enorme porque generan la sensación de que no existe lugar donde se esté a salvo. Ni siquiera en una panadería, un lugar que difícilmente alguien asociaría con peligro.

Ocurrió el pasado 30 de agosto en la mañana: un hombre que iba de bluyín, gorra y buzo negro ingresa al sitio donde venden pan y finge ser cliente. Había llegado con otro hombre en una motocicleta –que sigue siendo el vehículo de preferencia de quienes cometen estos crímenes-. De repente, dispara contra dos personas que estaban allí. Falla. Sus “objetivos” se paran de la mesa y le responden con disparos también. El padre del dueño de la panadería, un hombre de 80 años, resulta herido, así como uno de los sicarios.

(En contexto: Drama de una víctima del sicariato en Cali que quedó cuadrapléjica)

En agosto del año pasado, Cali tuvo que aumentar el pie de fuerza de la ciudad. En ese momento, las autoridades notificaron la llegada de 1.000 policías y 300 militares más. “Sin embargo, en Cali ya está comprobado que en las zonas donde se aumenta la presencia militar y de policía bajan los homicidios y los atracos, pero la violencia se traslada enseguida a otro sector no intervenido”, señaló en un reportaje el periodista de El País de Cali Santiago Cruz Hoyos.

En 2018, en el informe anual Forensis de Medicina Legal, se leía que Cali había sido la ciudad más violenta el año anterior, con una tasa de 51,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. No se acerca ni poquito a la tasa que alcanzó a presentarse en la Medellín de Pablo Escobar, de 266 asesinatos por cada 100.00 habitantes, pero mientras en Cali esa fue la estadística de 2017, en Bogotá fue de 17 homicidios (menos del doble) por cada 100.000 habitantes.

Desde que el narcotráfico surgió en todo el Valle del Cauca (especialmente en Cali y en el norte del departamento), el sicariato ha sido una constante en esta región, de manera notoria frente a otros lugares del país. La Alcaldía de Maurice Armitage condenó el atentado de hoy contra el juez Ospina Tamayo, como condenó el que se perpetró contra el director del Hospital, como condenó tantos anteriores. Pero la problemática, por ahora, no cesa. La violencia echó raíces en esta ciudad y aún no se deja erradicar.

Esta mañana, de nuevo, Cali se despertó con una noticia relacionada con el sicariato. A las 7:30 a.m., en el barrio Los Álamos (norte de la ciudad), dos hombres en una moto alcanzaron al juez penal municipal Jorge Eliecer Ospina Tamayo. El funcionario caminaba hacia su trabajo, pero los dos disparos que le propinó en la espalda el parrillero de la moto evitaron que llegara a su juzgado y lo enviaron a una clínica, donde se está recuperando.

Hace apenas cinco días, un atentado similar sacudía la capital vallecaucana. Dos hombres en una moto se acercaron a la camioneta de Irne Torres, director del Hospital Universitario del Valle, y abrieron fuego. Los sicarios esperaron a que Torres saliera del conjunto residencial donde vivía, en el sector de Valle del Lili (sur de la ciudad). Conocían su rutina, como, al parecer, la conocían también quienes agredieron al juez Ospina Tamayo.

En el caso de Torres, su escolta y su conductor también resultaron heridos. Este ultimo, aun en mal estado, manejó la camioneta en la que se desplazaban los tres hasta la Fundación Valle del Lili. Torres ingresó con “múltiples heridas por proyectil de arma de fuego que le compromet(ían) extremidades superiores, tórax, glúteo derecho y miembro inferior derecho”. Al final del día, los tres se encontraban estables. El juez Ospina Tamayo, igualmente, ya se encuentra fuera de peligro.

La Fiscalía anunció que asumía los actos urgentes y una investigación preliminar, que busca a toda costa esclarecer quiénes dispararon contra el funcionario judicial. El juez no había reportado amenazas en su contra, dijo el secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar. Tampoco las había reportado Torres, expresó en su momento la gobernadora Dilian Francisca Toro. Son solo dos casos que guardan semejanzas entre sí entre los tantos que se han visto en Cali en los últimos años.

Los casos abundan y se presentan a cualquier hora, en cualquier parte. Un ganadero fue atacado en el parqueadero de un centro comercial del sur de la ciudad el pasado 12 de diciembre; una mujer fue asesinada frente a su esposo y su hija mientras se desplazaba en carro por el exclusivo barrio El Peñón en el oeste, en noviembre; un estudiante de ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente, que era “instagrammer”, fue bajado de un carro y acribillado en pleno día en el barrio Bretaña, sur de Cali, en marzo pasado.

(Sicario disfrazado de payaso baleó a transeúnte en Cali)

Es bien sabido que la capital del Valle tiene un problema enorme de sicariato que nadie puede ocultar. Aunque las cifras de homicidios han descendido (en 2014 fueron asesinadas 5,3 personas cada día, en 2018 la cifra fue de 3,2 víctimas diarias), según el Observatorio de la Alcaldía, los crímenes que se cometen con sicarios causan un impacto enorme porque generan la sensación de que no existe lugar donde se esté a salvo. Ni siquiera en una panadería, un lugar que difícilmente alguien asociaría con peligro.

Ocurrió el pasado 30 de agosto en la mañana: un hombre que iba de bluyín, gorra y buzo negro ingresa al sitio donde venden pan y finge ser cliente. Había llegado con otro hombre en una motocicleta –que sigue siendo el vehículo de preferencia de quienes cometen estos crímenes-. De repente, dispara contra dos personas que estaban allí. Falla. Sus “objetivos” se paran de la mesa y le responden con disparos también. El padre del dueño de la panadería, un hombre de 80 años, resulta herido, así como uno de los sicarios.

(En contexto: Drama de una víctima del sicariato en Cali que quedó cuadrapléjica)

En agosto del año pasado, Cali tuvo que aumentar el pie de fuerza de la ciudad. En ese momento, las autoridades notificaron la llegada de 1.000 policías y 300 militares más. “Sin embargo, en Cali ya está comprobado que en las zonas donde se aumenta la presencia militar y de policía bajan los homicidios y los atracos, pero la violencia se traslada enseguida a otro sector no intervenido”, señaló en un reportaje el periodista de El País de Cali Santiago Cruz Hoyos.

En 2018, en el informe anual Forensis de Medicina Legal, se leía que Cali había sido la ciudad más violenta el año anterior, con una tasa de 51,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. No se acerca ni poquito a la tasa que alcanzó a presentarse en la Medellín de Pablo Escobar, de 266 asesinatos por cada 100.00 habitantes, pero mientras en Cali esa fue la estadística de 2017, en Bogotá fue de 17 homicidios (menos del doble) por cada 100.000 habitantes.

Desde que el narcotráfico surgió en todo el Valle del Cauca (especialmente en Cali y en el norte del departamento), el sicariato ha sido una constante en esta región, de manera notoria frente a otros lugares del país. La Alcaldía de Maurice Armitage condenó el atentado de hoy contra el juez Ospina Tamayo, como condenó el que se perpetró contra el director del Hospital, como condenó tantos anteriores. Pero la problemática, por ahora, no cesa. La violencia echó raíces en esta ciudad y aún no se deja erradicar.