Audios de asesora de Olmedo López señalan a Velasco y González en caso Ungrd

El escándalo de presunta corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) avanza a pasos agigantados. Luego de que se conocieran apartados de la declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por parte de Olmedo López, exdirector de la entidad, en la que entregó detalles del supuesto esquema para direccionar contratos entre la Unidad, alcaldes y congresistas, unas grabaciones entre una de sus asesoras de confianza y el exsubdirector Sneyder Pinilla darían algunas luces sobre cómo se adelantaba la contratación irregular.

Carolina Martínez, asesora del despacho de quien fuera el director de la Ungrd, sostuvo una conversación con Pinilla con el fin de preguntar por algunos de los contratos en cuestión, que sumarían cerca de $92.000 millones. Esa conversación quedó grabada, y en ella se menciona al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, ambos ya señalados anteriormente en el engranaje, y quienes han negado tajantemente su participación.

En el audio, que ya fue conocido por las autoridades, se escucha a Martínez decir: “Ney (Sneyder), ayúdame a hablar con el director (Olmedo). A mí me manda esto el asesor de Congreso (Jaime Ramírez Cobo) del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón, del Dapre. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos dos. Es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes porque si no se les cae no sé qué, se les cae lo que están haciendo en Congreso, mejor dicho no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que por fa me ayudes a preguntarle a él si es importante o no”.

Los mandatarios locales a quienes se refiere la asesora de López son los alcaldes de Saravena (Arauca), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Cotorra (Córdoba), a quienes Sneyder Pinilla habría contactado para ajustar detalles de la entrega de contratos para ejecutar supuestas obras de contención y prevención de inundaciones, así como de mitigación de la erosión por lluvias. Los alcaldes, al parecer, habrían justificado falsas emergencias para hacerse con los contratos. De acuerdo con Olmedo López, en su declaración ante la Sala de Instrucción, estos pactos se habrían adelantado para favorecer a seis congresistas: Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Karen Astrith Manrique Olarte, Wadith Alberto Manzur Imbett y Juan Pablo Gallo Maya.

Sin embargo, la asesora Martínez no era la primera en preguntar por los mencionados contratos. María Alejandra Benavides, asesora del Ministerio de Hacienda, también estuvo preguntado por esos convenios al mismo Sneyder Pinilla. Así lo demuestran una serie de chats, revelados por Noticias Caracol, en los que Benavides incluso envía los contactos de WhatsApp de los alcaldes de esos tres municipios a Pinillia para que se comunique con ellos y averigue qué hace falta para agilizar los contratos. Pinilla, entonces, les habría dado una instrucción a los mandatarios locales. “Ya hablé con él. Ya le dije que tiene que hacer”, le respondió Pinilla a la asesora, luego de conversar con Harry Bejarano, asesor de la Alcaldía de Cotorra.

En esa conversación, al parecer, se habría pactado la intención de argumentar falsas emergencias para adjudicar los contratos a dedo. Unos días después de esa conversación, y tras la insistencia de Benavides para conocer qué pasó finalmente con los contratos, Pinilla le confirmó que estaban ajustando detalles técnicos y, a los pocos días, llegaron a los despachos de los alcaldes los Certificados de Disponibilidad Presupuestal de los convenios, argumentando que en esos municipios era necesario atender desastres, los cuales no eran reales.

La asesora de Olmedo López, a su vez, menciona en la grabación “al asesor de Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón, del Dapre”. Se trata de Jaime Ramírez Cobo, quien es el enlace del Dapre con el Legislativo. De acuerdo con el informe de Noticias Caracol, el asesor habría buscado a Pinilla en nombre del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para gestionar los tres contratos de Saravena, Cotorra y el Carmen de Bolívar que suman $92.000 millones.

El exdirector de la Ungrd ha insistido en que él solo seguía órdenes que venían desde varios ministerios. Sin embargo, sería el Ministerio de Hacienda, manejado por Bonilla, uno de los que mayor participación habría tenido en el entramado, según Olmedo López. Sería el propio ministro, de acuerdo con el testimonio entregado a la Corte Suprema, quien determinaba qué contratos se repartían, a quién iban destinados y sobre cuáles municipios. “Es una cadena que va desde lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e, inclusive, hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra”, le dijo el exfuncionario a la Corte.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

El escándalo de presunta corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) avanza a pasos agigantados. Luego de que se conocieran apartados de la declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por parte de Olmedo López, exdirector de la entidad, en la que entregó detalles del supuesto esquema para direccionar contratos entre la Unidad, alcaldes y congresistas, unas grabaciones entre una de sus asesoras de confianza y el exsubdirector Sneyder Pinilla darían algunas luces sobre cómo se adelantaba la contratación irregular.

Carolina Martínez, asesora del despacho de quien fuera el director de la Ungrd, sostuvo una conversación con Pinilla con el fin de preguntar por algunos de los contratos en cuestión, que sumarían cerca de $92.000 millones. Esa conversación quedó grabada, y en ella se menciona al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, ambos ya señalados anteriormente en el engranaje, y quienes han negado tajantemente su participación.

En el audio, que ya fue conocido por las autoridades, se escucha a Martínez decir: “Ney (Sneyder), ayúdame a hablar con el director (Olmedo). A mí me manda esto el asesor de Congreso (Jaime Ramírez Cobo) del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón, del Dapre. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos dos. Es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes porque si no se les cae no sé qué, se les cae lo que están haciendo en Congreso, mejor dicho no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que por fa me ayudes a preguntarle a él si es importante o no”.

Los mandatarios locales a quienes se refiere la asesora de López son los alcaldes de Saravena (Arauca), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Cotorra (Córdoba), a quienes Sneyder Pinilla habría contactado para ajustar detalles de la entrega de contratos para ejecutar supuestas obras de contención y prevención de inundaciones, así como de mitigación de la erosión por lluvias. Los alcaldes, al parecer, habrían justificado falsas emergencias para hacerse con los contratos. De acuerdo con Olmedo López, en su declaración ante la Sala de Instrucción, estos pactos se habrían adelantado para favorecer a seis congresistas: Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Karen Astrith Manrique Olarte, Wadith Alberto Manzur Imbett y Juan Pablo Gallo Maya.

Sin embargo, la asesora Martínez no era la primera en preguntar por los mencionados contratos. María Alejandra Benavides, asesora del Ministerio de Hacienda, también estuvo preguntado por esos convenios al mismo Sneyder Pinilla. Así lo demuestran una serie de chats, revelados por Noticias Caracol, en los que Benavides incluso envía los contactos de WhatsApp de los alcaldes de esos tres municipios a Pinillia para que se comunique con ellos y averigue qué hace falta para agilizar los contratos. Pinilla, entonces, les habría dado una instrucción a los mandatarios locales. “Ya hablé con él. Ya le dije que tiene que hacer”, le respondió Pinilla a la asesora, luego de conversar con Harry Bejarano, asesor de la Alcaldía de Cotorra.

En esa conversación, al parecer, se habría pactado la intención de argumentar falsas emergencias para adjudicar los contratos a dedo. Unos días después de esa conversación, y tras la insistencia de Benavides para conocer qué pasó finalmente con los contratos, Pinilla le confirmó que estaban ajustando detalles técnicos y, a los pocos días, llegaron a los despachos de los alcaldes los Certificados de Disponibilidad Presupuestal de los convenios, argumentando que en esos municipios era necesario atender desastres, los cuales no eran reales.

La asesora de Olmedo López, a su vez, menciona en la grabación “al asesor de Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón, del Dapre”. Se trata de Jaime Ramírez Cobo, quien es el enlace del Dapre con el Legislativo. De acuerdo con el informe de Noticias Caracol, el asesor habría buscado a Pinilla en nombre del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para gestionar los tres contratos de Saravena, Cotorra y el Carmen de Bolívar que suman $92.000 millones.

El exdirector de la Ungrd ha insistido en que él solo seguía órdenes que venían desde varios ministerios. Sin embargo, sería el Ministerio de Hacienda, manejado por Bonilla, uno de los que mayor participación habría tenido en el entramado, según Olmedo López. Sería el propio ministro, de acuerdo con el testimonio entregado a la Corte Suprema, quien determinaba qué contratos se repartían, a quién iban destinados y sobre cuáles municipios. “Es una cadena que va desde lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e, inclusive, hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra”, le dijo el exfuncionario a la Corte.

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