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Una auditoria financiara realizada al Icetex por parte de la Contraloría General de la Nación reveló irregularidades en la renovación de los créditos para la población con discapacidad para la vigencia de 2022. Se entregaron 10.211 giros, por un total de $115.512 millones, a personas que no demostraron su condición de discapacidad y, aun así, accedieron a los beneficios.
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La Contraloría le venía siguiendo la pista a las irregularidades desde principio de año, cuando la Delegada para el Sector Educación evidenció que hasta 10.000 jóvenes habían invocado una condición de discapacidad que no tenían. Tales hallazgos desembocaron en que se suspendieron este tipo de giros para el segundo semestre de 2023, y que correspondían a créditos de matrícula y subsidio de mantenimiento estudiantil.
“En la modalidad de crédito educativo, para la línea de protección constitucional de población con discapacidad, el Icetex efectuó 10.211 giros por $115.512 millones (…), sin el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos para ello, otorgando dichos beneficios subsidiarios con recursos públicos, a personas que no cumplieron las condiciones de focalización”, explicó la Contraloría.
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Según reveló el órgano de control, en la vigencia de 2022, solo 147 beneficiarios acreditaron la condición de discapacidad, dado que se encontraban en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RRLCPD) del Ministerio de Salud. Así lo confirmó esa cartera de Gobierno a la Contraloría.
Pero los hallazgos fueron más allá y también están relacionados con el Programa Generación E, creado para garantizar la educación superior de jóvenes en condición de vulnerabilidad económica. La Contraloría encontró 139 giros, por $185 millones, a beneficiarios que no cumplieron con el requisito de puntaje en el Sisbén y 26 giros, por $25 millones, a beneficiarios fallecidos. Los giros fueron aprobados por el Ministerio de Educación.
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