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Las acciones violentas, en su mayoría contra candidatos a alcaldías y concejos y contra líderes sociales o comunitarios, han aumentado dramáticamente entre agosto y septiembre de este año. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, 173 hechos violentos se presentaron en los primeros siete meses del año y 204 en los dos últimos meses. Norte de Santander, Arauca, Nariño y Bolívar, fueron los departamentos más afectados.
“En tan solo dos meses hubo un aumento significativo en el número de vulneraciones si lo comparamos con los primeros siete meses del año. Mientras más cerca estamos de las elecciones, mayores son las acciones violentas de los grupos armados ilegales contra los candidatos o líderes”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
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Las cifras, que están consignadas en un informe de seguimiento a la alerta que emitió la Defensoría del Pueblo en agosto pasado sobre los riesgos de violencia para las elecciones regionales, dicen además que persiste el riesgo extremo en 113 municipios y el riesgo alto en 286.
En ese contexto, el informe reafirma que los grupos que cometen las mayores vulneraciones son las disidencias FARC, el Clan del Golfo y el ELN. Sin embargo, en muchos de los casos se desconoce el autor. “Estos grupos armados ilegales o criminales realizan ataques o atentados contra candidatos o sedes políticas, homicidios, restricciones a la movilidad y afectan directamente el proceso electoral”, advirtió el Defensor del Pueblo.
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El informe concluye indicando que de las siete entidades a las cuales se les hicieron recomendaciones en el marco de la Alerta Temprana 030, solo cinco enviaron respuestas de fondo: la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General de la Nación. Por su parte, la Presidencia de la República solicitó ampliación de la información, pero no reportó ninguna acción de respuesta a las recomendaciones formuladas.
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