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Durante un operativo de la Dijin se logró la ocupación de 28 vehículos, 16 lotes y fincas, cinco casas, tres apartamentos, una oficina y una sociedad, que hacían parte del emporio económico de la estructura delincuencial liderada por Daniel Barrera Barrera.
Los bienes, adquiridos con dineros provenientes del narcotráfico, están ubicados en Bogotá, Villavicencio, Pereira, Dorada y Duitama y fueron avaluados por las autoridades en 15.500 millones de pesos.
Según las investigaciones, el ‘Loco Barrera' tenía un monopolio para la movilización de insumos químicos, garantizando con esto la producción de grandes cantidades de cocaína, sustancia estupefaciente transportada a lo largo del territorio nacional hacia los puertos Marítimos colombianos y rutas aéreas, facilitando así su envió a los Estados Unidos y Europa.
Fuentes de la Dijin precisaron que las estructuras criminales del narcotráfico como la de Barrera crean y desarrollan imperios económicos utilizando para este fin redes especializadas e integradas por profesionales en todos los campos, en este caso en particular buscando encubrir el tráfico de sustancias estupefacientes, insumos químicos y pretendiendo ocultar mediante el lavado de dinero las ganancias ilícitas obtenidas.
En acciones simultáneas también fueron ocupados 98 bienes de Ernesto Tavera Rodríguez, avaluadas en 50 mil millones de pesos ubicadas en los municipios de Piedecuesta, Guespa, San Benito, Moniquirá, Suaita, Floridablanca, Sabanalarga, Barranquilla y Bucaramanga.
Ernesto Tavera Rodríguez fue considerado en su momento junto con Alberto Orlandez Gamboa alias el Caracol y Salomón Camacho Mora alias ‘el viejo' como los líderes del narcotráfico en la región de la Cordillera Oriental.
Los hermanos Tavera fueron capturados en la ciudad de Bogotá en enero de 1.993 cuando se movilizaban en un vehículo blindado y portaban cuatro escopetas, cuatro revólver, tres pistolas, una sub-ametralladora, tres granadas, un chaleco antibalas y cuatro radios de comunicación.
Mediante sentencia condenatoria proferida el doce de febrero de 1995 por un juzgado de la ciudad de Cúcuta Ernesto Tavera fue condenado a la pena principal de sesenta meses de prisión como infractor de la ley 30 de 1.986.
Su fortuna fue invertida en diversas propiedades: pese a su fallecimiento en el año 2000 sus familiares crean relaciones comerciales como por ejemplo la compra de establecimientos de comercio, bienes muebles e inmuebles con capital ilícito, quedando esto demostrado en el desarrollo de la investigación donde las inversiones se enfocaron principalmente a seis estaciones de servicio o bombas de gasolina; otro campo de acción para sus finanzas está en los vehículos de carga donde se identificaron 18 entre tracto camiones y camiones, de igual manera sus inversiones fueron encaminadas al negocio del transporte público de pasajeros.