Autoritarismo a cuentagotas (análisis)

Es particular que en menos de año nos hayamos acostumbrado a la adopción de medidas autoritarias generalizadas soportadas en razones cuestionables.

Solo puede hacer deporte por 1 hora diaria en un horario establecido. Solo puede salir a comprar víveres de primera necesidad. Solo puede comprar víveres de primera necesidad si su cédula termina en número par/impar. No puede tener su negocio como vendedor ambulante en zonas bajo cuarentena. Nadie puede salir en ciertos horarios, incluyendo zonas rurales, en territorios donde no hay contagios o son muy pocos. Estos son algunos de los ejemplos del autoritarismo que es necesario, según algunos, para atender la pandemia.

Las justificaciones también son diversas. Algunas en forma de venganza: es que la gente no aprende, no se cuida, no entiende la gravedad de la situación, toca encerrarla para que entienda, etc. Otras soportadas científicamente: la transmisión del virus se disminuye en lugares con ventilación, la congregación de personas aumenta el contagio, el distanciamiento disminuye la posibilidad de transmisión, etc. (Lea también: Cuarentena en Bogotá, toque de queda y otras medidas para mitigar el COVID-19)

Y sí. Nadie tiene la varita mágica para decir cuál medida es más efectiva para detener un virus que se transmite gracias a nuestra necesaria e indispensable interacción social. Tampoco se cuenta con capacidades superiores para establecer claramente, como si se tratara de una línea distinguible, cuáles medidas pueden tener o no una justificación evidente en esta pandemia. Sin embargo, podemos entre todos ir delimitando, luego de 10 meses de medidas, cuáles son las que no están fundamentadas o carecen de análisis de efectividad.

Como ciudadano uno suele pensar que esta es una tarea de las autoridades judiciales: controlar a quienes desempeñan funciones administrativas y de policía. Sin embargo, los límites impuestos hasta ahora por los jueces han desencadenado el escarnio público, como ocurrió con aquellos que concedieron tutelas a favor de los adultos mayores y que ordenaron exigir para el ingreso al país la prueba de PCR. Además, la reacción de las altas cortes ha sido nula (situación que algunos hemos alertado durante cerca de 9 meses).

Pensando en ello, ante el “segundo pico” de la pandemia en el país y el reinicio de medidas de limitación de derechos y libertades fundamentales, vale la pena plantear algunos ejemplos donde el razonamiento de las autoridades administrativas se hace débil y podemos estar presenciando la entrada silenciosa de un autoritarismo a cuentagotas que se va apoderando de nuestra conciencia de libertad y autocuidado, para entregarnos al paternalismo de las autoridades en la disposición de nuestros derechos.

El primer ejemplo es el toque de queda. Es razonable que las cifras de delitos disminuyan, alimentando las estadísticas que suelen mostrar como éxito de sus políticas de seguridad las alcaldías, pero aún no se ha probado su impacto sobre la reducción de los contagios. Tampoco se ha probado que las limitaciones al funcionamiento de establecimientos de comercio nocturnos, como bares, discotecas y restaurantes, y la prohibición ordinaria de este tipo de actividades en establecimientos no autorizados, así como medidas más concretas, sean insuficientes. El toque de queda solo da espacio a la arbitrariedad de las autoridades frente a quienes se movilizan en los horarios prohibidos por miles de razones.

El segundo ejemplo son las acciones adoptadas por el Gobernador de Cundinamarca esta semana. Decretar medidas en 116 municipios, muchos de los cuales no tienen números altos de contagio y son esencialmente rurales, como el pico y cédula y el toque de queda, denominados como “restricciones a la movilidad”, entre 8 pm y 5 am. El decreto expedido dice claramente que 15 municipios tienen el mayor número de casos, concentrando el 83,4% de estos, y “el resto de municipios se encuentran por debajo del 1%”, es decir, la situación de al menos 101 municipios no daría lugar a tales medidas.

El tercer ejemplo, relacionado con el anterior, es la adopción de medidas generalizadas que no tienen en cuenta las condiciones particulares de los territorios, las cifras concretas de contagio o la disponibilidad de UCI. La costumbre de adoptar medidas “preventivas” que limitan derechos como primera opción y nulas o pocas medidas pedagógicas, es un claro escenario autoritario. La adopción de medidas de cuidado, distanciamiento y protección deben estar en la conciencia de la gente, no en la fuerza del derecho y de las autoridades de policía.

Si no hay justificaciones claras y concretas para la limitación de derechos estamos ante medidas autoritarias. Si las medidas son adoptadas poco a poco, de manera dosificada, hasta apoderarse de nuestra libertad, como ocurre con la unión del pico y cédula, el toque de queda, la restricción de acceso a servicios, la limitación de tiempo de disfrute de actividades deportivas, entre otras, y sin contar con el control de las autoridades judiciales, estamos en el peor de los escenarios.

Hay personas muriendo por el contagio, pero no es culpa del ejercicio de los derechos que algunos se empeñan en restringir severamente. Sin derechos sobrevivir será un milagro que, en todo caso, tendrá efectos sobre la salud de nuestra democracia. (Le puede interesar: Estas son las restricciones para el puente de Reyes en las principales ciudades del país)

Coda: Dado el reinicio de medidas incomprensibles (por lo contradictorias y sobrepuestas), reitero la necesidad de contar con un marco jurídico para el manejo de la pandemia. Han pasado 10 meses, sigue el desorden jurídico y no están claros los límites ni los controles de las medidas que se adoptan.

Es particular que en menos de año nos hayamos acostumbrado a la adopción de medidas autoritarias generalizadas soportadas en razones cuestionables.

Solo puede hacer deporte por 1 hora diaria en un horario establecido. Solo puede salir a comprar víveres de primera necesidad. Solo puede comprar víveres de primera necesidad si su cédula termina en número par/impar. No puede tener su negocio como vendedor ambulante en zonas bajo cuarentena. Nadie puede salir en ciertos horarios, incluyendo zonas rurales, en territorios donde no hay contagios o son muy pocos. Estos son algunos de los ejemplos del autoritarismo que es necesario, según algunos, para atender la pandemia.

Las justificaciones también son diversas. Algunas en forma de venganza: es que la gente no aprende, no se cuida, no entiende la gravedad de la situación, toca encerrarla para que entienda, etc. Otras soportadas científicamente: la transmisión del virus se disminuye en lugares con ventilación, la congregación de personas aumenta el contagio, el distanciamiento disminuye la posibilidad de transmisión, etc. (Lea también: Cuarentena en Bogotá, toque de queda y otras medidas para mitigar el COVID-19)

Y sí. Nadie tiene la varita mágica para decir cuál medida es más efectiva para detener un virus que se transmite gracias a nuestra necesaria e indispensable interacción social. Tampoco se cuenta con capacidades superiores para establecer claramente, como si se tratara de una línea distinguible, cuáles medidas pueden tener o no una justificación evidente en esta pandemia. Sin embargo, podemos entre todos ir delimitando, luego de 10 meses de medidas, cuáles son las que no están fundamentadas o carecen de análisis de efectividad.

Como ciudadano uno suele pensar que esta es una tarea de las autoridades judiciales: controlar a quienes desempeñan funciones administrativas y de policía. Sin embargo, los límites impuestos hasta ahora por los jueces han desencadenado el escarnio público, como ocurrió con aquellos que concedieron tutelas a favor de los adultos mayores y que ordenaron exigir para el ingreso al país la prueba de PCR. Además, la reacción de las altas cortes ha sido nula (situación que algunos hemos alertado durante cerca de 9 meses).

Pensando en ello, ante el “segundo pico” de la pandemia en el país y el reinicio de medidas de limitación de derechos y libertades fundamentales, vale la pena plantear algunos ejemplos donde el razonamiento de las autoridades administrativas se hace débil y podemos estar presenciando la entrada silenciosa de un autoritarismo a cuentagotas que se va apoderando de nuestra conciencia de libertad y autocuidado, para entregarnos al paternalismo de las autoridades en la disposición de nuestros derechos.

El primer ejemplo es el toque de queda. Es razonable que las cifras de delitos disminuyan, alimentando las estadísticas que suelen mostrar como éxito de sus políticas de seguridad las alcaldías, pero aún no se ha probado su impacto sobre la reducción de los contagios. Tampoco se ha probado que las limitaciones al funcionamiento de establecimientos de comercio nocturnos, como bares, discotecas y restaurantes, y la prohibición ordinaria de este tipo de actividades en establecimientos no autorizados, así como medidas más concretas, sean insuficientes. El toque de queda solo da espacio a la arbitrariedad de las autoridades frente a quienes se movilizan en los horarios prohibidos por miles de razones.

El segundo ejemplo son las acciones adoptadas por el Gobernador de Cundinamarca esta semana. Decretar medidas en 116 municipios, muchos de los cuales no tienen números altos de contagio y son esencialmente rurales, como el pico y cédula y el toque de queda, denominados como “restricciones a la movilidad”, entre 8 pm y 5 am. El decreto expedido dice claramente que 15 municipios tienen el mayor número de casos, concentrando el 83,4% de estos, y “el resto de municipios se encuentran por debajo del 1%”, es decir, la situación de al menos 101 municipios no daría lugar a tales medidas.

El tercer ejemplo, relacionado con el anterior, es la adopción de medidas generalizadas que no tienen en cuenta las condiciones particulares de los territorios, las cifras concretas de contagio o la disponibilidad de UCI. La costumbre de adoptar medidas “preventivas” que limitan derechos como primera opción y nulas o pocas medidas pedagógicas, es un claro escenario autoritario. La adopción de medidas de cuidado, distanciamiento y protección deben estar en la conciencia de la gente, no en la fuerza del derecho y de las autoridades de policía.

Si no hay justificaciones claras y concretas para la limitación de derechos estamos ante medidas autoritarias. Si las medidas son adoptadas poco a poco, de manera dosificada, hasta apoderarse de nuestra libertad, como ocurre con la unión del pico y cédula, el toque de queda, la restricción de acceso a servicios, la limitación de tiempo de disfrute de actividades deportivas, entre otras, y sin contar con el control de las autoridades judiciales, estamos en el peor de los escenarios.

Hay personas muriendo por el contagio, pero no es culpa del ejercicio de los derechos que algunos se empeñan en restringir severamente. Sin derechos sobrevivir será un milagro que, en todo caso, tendrá efectos sobre la salud de nuestra democracia. (Le puede interesar: Estas son las restricciones para el puente de Reyes en las principales ciudades del país)

Coda: Dado el reinicio de medidas incomprensibles (por lo contradictorias y sobrepuestas), reitero la necesidad de contar con un marco jurídico para el manejo de la pandemia. Han pasado 10 meses, sigue el desorden jurídico y no están claros los límites ni los controles de las medidas que se adoptan.