Avanza reforma a la Constitución contra el secuestro

“La noticia de un secuestro, por dura que sea, no es tan irremediable como la de un asesinato”, escribió García Márquez en Noticia de un secuestro, la extensa crónica en la que inmortalizó la ola de plagios que emprendieron en los noventa los Extraditables, encabezados por Pablo Escobar. Entre las víctimas estaba Francisco Santos Calderón, entonces jefe de redacción de El Tiempo. Cuando fue liberado en 1991, Santos lideró marchas contra el crimen y creó la Fundación País Libre para hacerle seguimiento al delito, que estaba en auge en el país. Esta organización dejó de existir en 2017, por considerar que había cumplido su misión pues los secuestros registraban mínimos históricos.

Las cifras no han aumentado y ahora, en el Congreso, se mueve una iniciativa para añadir dos incisos a la Constitución con el fin de lograr que el narcotráfico y el secuestro no puedan considerarse conexos con el delito político. De aprobarse la propuesta de los ministerios de Justicia y del Interior, no podrán ser amnistiados el comercio de drogas ilícitas ni la privación ilegal de la libertad de una persona. Al proyecto de acto legislativo le faltan tres debates y ya ha sido aprobado en cinco. Ángela María Robledo —quien acaba de perder su curul— y Juanita Goebertus, liderando los sectores alternativos, se encargaron de las ponencias negativas a la reforma y lograron que se incluyera que estos nuevos preceptos “en ningún caso afectarán las disposiciones de acuerdos de paz anteriores”.

El caso 001 en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el de “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP” y, por lo pactado en La Habana, además del reciente consenso generado en el Congreso, la nueva norma constitucional no aplicaría para excombatientes de esta guerrilla, que durante décadas recurrió a este grave delito como arma política. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) dedicó el informe Una sociedad secuestrada al análisis del fenómeno que surgió en la década de los setenta con el M-19. Quienes llegaron a ocupar el primer lugar como responsables de este flagelo fueron las Farc, primero con sus “pescas milagrosas” y luego con los plagios selectivos.

Algunas voces críticas difieren de la propuesta que cursa en el Congreso. César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos y quien dirigió el informe del CNMH, asegura que en la iniciativa se palpa “la ignorancia de quienes lo proponen de no leer la historia de Colombia y darse cuenta de que esas medidas no tienen efectos positivos”. En esto concuerda Camilo González Posso, miembro de la Comisión Nacional de Garantías (CNG) y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien advierte que el secuestro no es un delito político. Aunque se ha utilizado para “conseguir recursos para la guerra y con propósitos de exigencias políticas”, en la ley hay “una conexidad con delitos comunes, pero acabar con la conexidad es acabar con el delito político también”.

Un experto en política criminal que prefirió omitir su nombre, pues sigue trabajando con el Estado, le aseguró a este diario que “en la conexidad sí hay que trazar una frontera”. Sin embargo, para él, en este debate se debería analizar el objetivo final del crimen. Por ejemplo, si un jefe guerrillero ordenó un secuestro y se quedó con el dinero que cobró por el rescate, no habría lugar a argumentar una conexidad con delitos políticos ya que el enriquecimiento fue personal. Pero si el dinero se utilizó para comprar armamento o financiar acciones del grupo, sí la habría. No obstante, el funcionario consultado considera que no es competencia de los congresistas dirimir ese debate, ya que “tienen que ser los jueces quienes lo resuelvan caso por caso, pues así ha sido siempre”.

Caballero asegura que, en las encuestas, las Farc resultan con una imagen más desfavorable frente a otros grupos armados, porque “la gente las asocia con el secuestro”. Según cifras del Centro, las Farc fueron responsables de por lo menos 3.225 secuestros y están señaladas en otros 9.447 casos. Sin embargo, todos los actores armados, desde guerrillas, paramilitares, bandas criminales y hasta miembros de la Fuerza Pública —señaló el CNMH—, se han visto involucrados en algún secuestro, un crimen que ha recibido rechazo total de la sociedad civil. En abril de 2008, por ejemplo, se convocó a la marcha “Un millón de voces contra las Farc”, tras la negativa de éstas a liberar a la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, su asesora Clara Rojas y soldados y políticos que tenían en su poder.

Solo entre 1990 y 1995 se registró el doble de plagios que en los 20 años anteriores y la respuesta fue siempre incrementar el tiempo en prisión para los responsables. Según César Caballero, en el país “creemos que aumentar las penas resuelve los problemas, lo que es populismo punitivo”, cuando el panorama es de “una enorme ausencia de justicia”, pues apenas en el 8 % de los casos ha habido alguna condena. En el informe del Centro se citan medidas que resultaron más efectivas para reducir el fenómeno, como la creación de los grupos Gaula durante el gobierno de César Gaviria. Con estas unidades, el Estado tuvo “grupos especializados con inteligencia para combatir el secuestro, lo cual fue mucho más efectivo para desarticular las redes criminales”, dice Caballero.

“La noticia de un secuestro, por dura que sea, no es tan irremediable como la de un asesinato”, escribió García Márquez en Noticia de un secuestro, la extensa crónica en la que inmortalizó la ola de plagios que emprendieron en los noventa los Extraditables, encabezados por Pablo Escobar. Entre las víctimas estaba Francisco Santos Calderón, entonces jefe de redacción de El Tiempo. Cuando fue liberado en 1991, Santos lideró marchas contra el crimen y creó la Fundación País Libre para hacerle seguimiento al delito, que estaba en auge en el país. Esta organización dejó de existir en 2017, por considerar que había cumplido su misión pues los secuestros registraban mínimos históricos.

Las cifras no han aumentado y ahora, en el Congreso, se mueve una iniciativa para añadir dos incisos a la Constitución con el fin de lograr que el narcotráfico y el secuestro no puedan considerarse conexos con el delito político. De aprobarse la propuesta de los ministerios de Justicia y del Interior, no podrán ser amnistiados el comercio de drogas ilícitas ni la privación ilegal de la libertad de una persona. Al proyecto de acto legislativo le faltan tres debates y ya ha sido aprobado en cinco. Ángela María Robledo —quien acaba de perder su curul— y Juanita Goebertus, liderando los sectores alternativos, se encargaron de las ponencias negativas a la reforma y lograron que se incluyera que estos nuevos preceptos “en ningún caso afectarán las disposiciones de acuerdos de paz anteriores”.

El caso 001 en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el de “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP” y, por lo pactado en La Habana, además del reciente consenso generado en el Congreso, la nueva norma constitucional no aplicaría para excombatientes de esta guerrilla, que durante décadas recurrió a este grave delito como arma política. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) dedicó el informe Una sociedad secuestrada al análisis del fenómeno que surgió en la década de los setenta con el M-19. Quienes llegaron a ocupar el primer lugar como responsables de este flagelo fueron las Farc, primero con sus “pescas milagrosas” y luego con los plagios selectivos.

Algunas voces críticas difieren de la propuesta que cursa en el Congreso. César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos y quien dirigió el informe del CNMH, asegura que en la iniciativa se palpa “la ignorancia de quienes lo proponen de no leer la historia de Colombia y darse cuenta de que esas medidas no tienen efectos positivos”. En esto concuerda Camilo González Posso, miembro de la Comisión Nacional de Garantías (CNG) y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), quien advierte que el secuestro no es un delito político. Aunque se ha utilizado para “conseguir recursos para la guerra y con propósitos de exigencias políticas”, en la ley hay “una conexidad con delitos comunes, pero acabar con la conexidad es acabar con el delito político también”.

Un experto en política criminal que prefirió omitir su nombre, pues sigue trabajando con el Estado, le aseguró a este diario que “en la conexidad sí hay que trazar una frontera”. Sin embargo, para él, en este debate se debería analizar el objetivo final del crimen. Por ejemplo, si un jefe guerrillero ordenó un secuestro y se quedó con el dinero que cobró por el rescate, no habría lugar a argumentar una conexidad con delitos políticos ya que el enriquecimiento fue personal. Pero si el dinero se utilizó para comprar armamento o financiar acciones del grupo, sí la habría. No obstante, el funcionario consultado considera que no es competencia de los congresistas dirimir ese debate, ya que “tienen que ser los jueces quienes lo resuelvan caso por caso, pues así ha sido siempre”.

Caballero asegura que, en las encuestas, las Farc resultan con una imagen más desfavorable frente a otros grupos armados, porque “la gente las asocia con el secuestro”. Según cifras del Centro, las Farc fueron responsables de por lo menos 3.225 secuestros y están señaladas en otros 9.447 casos. Sin embargo, todos los actores armados, desde guerrillas, paramilitares, bandas criminales y hasta miembros de la Fuerza Pública —señaló el CNMH—, se han visto involucrados en algún secuestro, un crimen que ha recibido rechazo total de la sociedad civil. En abril de 2008, por ejemplo, se convocó a la marcha “Un millón de voces contra las Farc”, tras la negativa de éstas a liberar a la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, su asesora Clara Rojas y soldados y políticos que tenían en su poder.

Solo entre 1990 y 1995 se registró el doble de plagios que en los 20 años anteriores y la respuesta fue siempre incrementar el tiempo en prisión para los responsables. Según César Caballero, en el país “creemos que aumentar las penas resuelve los problemas, lo que es populismo punitivo”, cuando el panorama es de “una enorme ausencia de justicia”, pues apenas en el 8 % de los casos ha habido alguna condena. En el informe del Centro se citan medidas que resultaron más efectivas para reducir el fenómeno, como la creación de los grupos Gaula durante el gobierno de César Gaviria. Con estas unidades, el Estado tuvo “grupos especializados con inteligencia para combatir el secuestro, lo cual fue mucho más efectivo para desarticular las redes criminales”, dice Caballero.