Balística de un homicidio del 9S: el informe contra el patrullero Lasso Valencia

Las circunstancias de tiempo, modo y lugar de un crimen son las incógnitas que deben descubrir los fiscales que se comprometen a probar los delitos más crudos. Las pruebas deben ser tan contundentes que a los jueces no les puede quedar la mínima duda de que una vida arrebatada es responsabilidad de quien se sienta en el banquillo de los acusados. Una persona que, si queda desarmado ante la evidencia, probablemente perderá su derecho a ser libre. En el expediente de la joven Angie Baquero Rojas, asesinada de un disparo con arma de fuego, en la noche de protestas del 9 de septiembre de 2020, esas pruebas ya están sobre la mesa del juicio. Para la Fiscalía, hay suficientes evidencias para acusar al patrullero activo Jorge Andrés Lasso Valencia, como el culpable.

Las circunstancias de tiempo, modo y lugar de un crimen son las incógnitas que deben descubrir los fiscales que se comprometen a probar los delitos más crudos. Las pruebas deben ser tan contundentes que a los jueces no les puede quedar la mínima duda de que una vida arrebatada es responsabilidad de quien se sienta en el banquillo de los acusados. Una persona que, si queda desarmado ante la evidencia, probablemente perderá su derecho a ser libre. En el expediente de la joven Angie Baquero Rojas, asesinada de un disparo con arma de fuego, en la noche de protestas del 9 de septiembre de 2020, esas pruebas ya están sobre la mesa del juicio. Para la Fiscalía, hay suficientes evidencias para acusar al patrullero activo Jorge Andrés Lasso Valencia, como el culpable.

El Espectador conoció los informes de balística y de estudio de trayectorias incorporados al juicio contra Lasso Valencia. Se trata de un documento de 27 páginas que, en esta fase del proceso penal, pierde reserva y promete ser la evidencia más clara de la presunta culpabilidad del uniformado. Los informes, firmados por la Policía, tienen una afirmación contundente: la bala encontrada en el cuerpo de la víctima coincide con el arma de dotación asignada a Lasso Valencia. Ese tipo de valoración balística es, por ahora, la única manera en que la justicia ha podido vincular a uniformados con algunas de las 14 muertes del recordado 9-S. La noche en que la Policía de Bogotá y Soacha respondió con más violencia a, justamente, las protestas por el asesinato bajo custodia policial de Javier Ordóñez.

Lasso Valencia está en juicio por el delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual. Es decir, la Fiscalía considera que, si bien el policía no buscaba específicamente asesinar a Baquero, sabía que disparar un arma de fuego podría tener un resultado fatal. Esa noche sí que se oyeron disparos en la Calle 132 con Carrera 102-a, en el barrio Aures de la localidad de Suba, en Bogotá. De hecho, los informes comienzan sobre la base de un archivo digital incorporado al juicio, que es un video tomado desde un segundo piso de una casa cercana al CAI de Aures. La pieza permite identificar cómo un ciudadano tumba a un policía en moto, en medio de protestas contra la institución. Del segundo 20 al 23, se escuchan cuatro detonaciones de arma de fuego, dos de ellas de un policía distinto al que iba conduciendo.

La prueba documental muestra cómo los manifestantes huyen, algunos con piedras en la mano, mientras un helicóptero de la Policía deja en evidencia el caos de la noche. Por la calidad del video es imposible reconocer quién disparó. No obstante, según expone el ente investigador, justo en ese momento Baquero cayó al suelo tras ser impactada por una bala. Resultó herida de muerte a más de 80 metros de la ubicación desde donde los policías dispararon. Entonces, ¿de qué manera ese video se relaciona con la acusación contra Lasso Valencia? La respuesta está en un informe de investigador de laboratorio, sustentado en el Sistema único de Comparación Balística. Tras analizar las estrías del proyectil alojado en el cuerpo de Baquero, la Policía encontró que correspondía al arma con serial 24B043716.

“De acuerdo con las deformaciones que presenta el proyectil incriminado y recuperado en tejidos blandos durante la necropsia de Angie Paola Baquero Rojas, se establece que la hoy occisa fue impactada mediante un rebote sobre el pavimento de la vía (…) El arma de fuego tipo pistola marca Sig Sauer con serial 24B043716, relacionada dentro de la noticia criminal, es de prioridad de la Policía asignada al patrullero Lasso Valencia Jorge”, es la conclusión a la que se llega en el informe. Tal evaluación será leída en juicio durante los próximos meses, ante el juzgado de Bogotá que adelanta el proceso. En la siguiente imagen, se relaciona la presunta posición de víctima y victimario en este caso. A la derecha, cerca al CAI Aures, el lugar origen de los disparos.

El Espectador contactó a la defensa del patrullero Lasso Valencia, pero respondió que, por ahora, no dará declaraciones a medios y se concentrará en el proceso ante el juzgado. Sin embargo, durante el inicio del juicio, el pasado 24 de marzo, su abogada presentó las primeras pinceladas de lo que será su defensa. Lo primero es que insistió, como ya lo dijo el patrullero Lasso, en que no acepta el cargo imputado. Y lo segundo es que su defendido “no fue quien desató la muerte de la señorita Angie. Se demostrará dentro del desarrollo de la presente audiencia y con las pruebas que la pistola que fue asignada al demandante no fue la que causó la muerte de la señorita Baquero Rojas”, explicó.

La interpretación de resultados de los informes, por otro lado, desnudó otras situaciones de tiempo, modo y lugar que fortalecen y detallan la teoría de la Fiscalía. Por ejemplo, que “a partir de la información analizada, la zona desde donde se originó el disparo es sobre la vía Avenida 132, desde el costado sur con respecto a la víctima, con una correlación de distancia (víctima – victimario) entre 88.32 a 88.78 metros”. Además, que la bala que impactó en el abdomen de Baquero cayó al pavimento frente a ella a cinco metros de distancia y que, tras el rebote, el proyectil dio justo contra ella. Una posterior medición directa en polígono de la Policía demostró que una bala de ese tipo de arma, disparada a más de 80 metros, alcanza velocidades de 335 metros por segundo.

En las primeras dos audiencias del juicio, “la estrategia que ha utilizado el fiscal es llevar de forma organizada a los investigadores y peritos que realizaron las primeras diligencias, como la persona que hizo el levantamiento del cadáver y quienes hicieron la necropsia”, le dijo a este diario la abogada de la organización defensora de derechos humanos dh Colombia, Katherine Rodríguez, representante de Nury Rojas, madre de Angie Baquero. El caso también es representado por Temblores ONG, que defiende a Cindy Contreras, pareja sentimental de la víctima. Las próximas audiencias son el 14 y 17 de julio, días en que la Fiscalía presentará más pruebas para lograr lo que sería la primera condena contra un policía por los hechos del 9-S.

Sobre la noche del 9 de septiembre, la abogada Rodríguez sostiene: “Lo ocurrido es a todas luces una masacre. No es un caso aislado. Lo que ocurrió fue el homicidio de múltiples personas que estaban ejerciendo su derecho a la manifestación pública. Policías de forma deliberada accionaron su arma de fuego contra la población civil protestante y estaba indefensa. La Corte Constitucional ha reiterado que no puede compararse el daño de una piedra al que pueda ocasionar una bala”. Nury Rojas, madre de Angie Baquero, agregó: “Me siento indignada, con rabia, con tristeza de ver que han jugado con el dolor de uno como familiar. Este dolor solamente lo sabemos la familia y las personas que nos han acompañado en este caminar”.

Las personas que la han acompañado en ese caminar son las familias de las 14 personas asesinadas con arma de fuego en el 9-S. Además de este expediente, el único que ha llegado a juicio, la Fiscalía también adelanta procesos en los casos de Jaider Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez, asesinados en Verbenal, al norte de Bogotá. En ambos casos, el patrullero Jhon Antonio Gutiérrez está en juicio y otro informe de Policía Judicial relaciona su arma de dotación con los proyectiles hallados en los cuerpos de las víctimas. Para los demás casos, después de casi cuatro años, no hay nada más allá de una investigación abierta. Es decir, permanecen en la impunidad y no hay claridad de si algún fiscal se comprometerá a imputarle responsabilidad a alguien.

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