Bandas criminales, ensañadas con los periodistas

 Las bandas criminales que, a punta de violencia, tienen sometidas algunas zonas del país ahora pusieron en su mira al periodismo: en menos de una semana 12 periodistas sufrieron agresiones en su contra. Lo que comprueba que dichas estructuras criminales se ensañaron con este oficio y con el derecho a informar. El pasado domingo en la noche un panfleto del ‘Clan Úsuga’ llegó a los correos personales de ocho comunicadores que trabajan en Cali y Buenaventura. En la misiva, los antes denominados ‘Urabeños’, los declararon objetivo militar y les dieron 24 horas para abandonar la zona, bajo el argumento de que difundieron información falsa de Fanny Grueso Bonilla, alias ‘Chily’, capturada este 25 de septiembre sindicada de ser la propietaria de una vivienda en Buenaventura, donde se habrían realizado descuartizamientos.

“Debido a los continuos ataques y señalamientos de los medios de comunicación hacia nuestra organización los ‘Urabeños’, nos permitimos informar que a partir de la fecha serán objetivo varios periodistas que de manera dañina vienen sacando informaciones mentirosas sobre nosotros y diciendo que la ‘Chily’ es reina de las casas de pique, pues no han entendido que nos hemos es dedicado a acabar con las ratas de La Empresa [otra banda criminal], que ellos sí están extorsionando a mototaxistas, taxistas, buses, tiendas, graneros, chontaduro y están matando gente en los barrios y que incluso tienen barrios azotados en Cali. Estos periodistas deben averiguar en Cali lo que está pasando”, expresó la organización criminal en la misiva.

Un párrafo después nombraron los periodistas a los que dirigían su amedrentamiento: Gildardo Arango, director del noticiero Más Pacifico de Telepacífico; Yesid Toro, del periódico Q'hubo; Darío Gómez de Caracol, Álvaro Miguel Mina, coordinador de Q’hubo Radio; Henry Ramírez, colaborador de Noticias Uno; Christian Abadía, colaborador de El Tiempo; Óscar Gutiérrez, de Radio Buenaventura; y Julio César Bonilla, de la emisora comunitaria Voces del Pacífico. La banda criminal insistió: “Estamos cansados de sus ataques y que nos señalen como si fuéramos lo que matamos. Que averigüen lo que pasa de verdad. Por eso a partir de la emisión de este comunicado, el que incumpla la orden de callar que está impartiendo Los Urabeños. Se les dará de baja y van a ser acribillados”. El mensaje es claro: no seguir informando.

“La guerra no es con nosotros los periodistas, no nos pueden involucrar en el conflicto territorial que las bandas criminales mantienen en Buenaventura. Los periodistas sólo cumplimos con el deber de informar, algunas veces con las voces de las víctimas y otras con las autoridades que entregan información oficial, como fue el caso de la ‘Chily’. Queremos que nos dejen fuera porque nuestras únicas ‘armas’, por decirlo así, son las grabadoras, libretas y cámaras. Además, estas organizaciones no pueden imponer la agenda a los medios. Uno entiende a los corresponsales porque conviven con el problema, porque se encuentran a los actores armados en las puertas de las emisoras, pero desde Cali el cubrimiento debe seguir haciéndose”, explicó en diálogo con El Espectador el periodista de Telepacífico Gildardo Arango.
Mientras se adelantan todas las diligencias para que estos ocho periodistas, que trabajan en Buenaventura y Cali, puedan tener medidas de protección y sus vidas dejen de correr peligro, Álvaro Miguel Mina, manifestó que “la pregunta del millón es esa: si nos vamos a quedar o no”, por un lado porque no quieren exponerse, pero por el otro tampoco quieren ceder a los amedrentamientos. Más aún si se tiene en cuenta que la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), en lo que va corrido del año, ha registrado 10 amenazas contra comunicadores solamente en la ciudad de Cali y el asesinato de Yonny Steven Caicedo, quién trabajaba como camarógrafo meses antes de ser atacado.

“En la misión realizada en el mes de junio a Buenaventura, la FLIP constató que después de cinco meses del asesinato la Fiscalía no ha avanzado en lo absoluto en la investigación del crimen. Además, los medios de comunicación reclaman que viven en un estado de autocensura permanente y que cuando deciden hacer publicaciones sobre orden público son blanco de intimidaciones por parte de autoridades o de miembros de las bandas criminales”, sostuvo la FLIP en un comunicado de prensa. Y es que hasta este lunes, la organización había contado un total de 58 amenazas para todo el territorio nacional. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo tiene cifras más altas: 93 periodistas amenazados entre enero y agosto de este año, 51 más que los registrados en 2013. Esta entidad insistió en que “las medidas consistentes en servicios de telefonía móvil o rondas policiales no garantizan la protección de la vida e integridad de los comunicadores, y que el plazo de 30 días hábiles que se toman para elaborar la evaluación del nivel de riesgo, en ocasiones resulta muy prolongado”, agregó.

La situación, además, resulta preocupante cuando se destaca la frecuencia con la que están ocurriendo las agresiones. El día anterior a que llegaran los panfletos de los ‘Urabeños’, el pasado sábado 27 de septiembre, dos reporteros del diario El País de Cali fueron hostigados en Palmira (Valle): un hombre les quitó la cámara con la que estaban grabando, los intimidó, les tomó fotos y llamó a más personas para amedrentarlos. Estaban investigando sobre el tráfico de fauna silvestre. Cuando uno de los comunicadores logró que se presentaran las autoridades, el hombre los volvió a amenazar y escondió la cámara para no regresarla. Con este episodio se suman seis obstrucciones al trabajo periodístico en lo corrido del 2014, según cifras de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).

Como si no fuera suficiente, el jueves anterior, apenas cinco días antes, apareció en Montería una “lista negra” de la banda criminal ‘Los Rastrojos’, en la que se incluyeron los nombres de los periodistas Leiderman Ortiz Berrío, quien trabaja en Caucasia (Antioquia) y Edgar Astudillo, de Montería. La amenaza es, otra vez, de muerte. De acuerdo con Fecolper, “ambos periodistas realizan trabajo investigativo y de denuncia, y tienen antecedentes de ataques en su contra. Actualmente cuentan con esquemas de protección”. Además, la organización enfatizó en que “Todos los periodistas del país debemos unirnos para proteger la labor periodística. Llamamos a la sociedad en general a acompañar a los periodistas. No permitamos que el efecto mordaza que tienen las amenazas silencie al periodismo e impida el derecho a estar informados”. Hace un mes el periodismo volvió a estar de luto cuando segaron la vida de otro comunicador en Córdoba. Una seguidilla de ataques contra el ejercicio y la libertad de informar.

Ahora lo que esperan los periodistas y la opinión pública es que se pueda llegar a los responsables de todas estas intimidaciones y atentados, pues la prescripción por los crímenes contra comunicadores también es una realidad del país. Entre 1977 y 2013 prescribieron 64 casos de asesinato, según registró la Flip en diciembre del año pasado. Una realidad que justifica por qué Colombia ocupa el puesto 126 entre 180 países, de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que hace Reporteros Sin Fronteras (RSF). Tanto así que Camille Soulier, responsable del Despacho Américas de esta organización, consideró que en Colombia hay que ir "más allá y combatir sistemáticamente la impunidad para garantizar la seguridad de los periodistas que arriesgan su vida a diario para informar a la sociedad sobre temas delicados".

mrincon@elespectador.com

@macamilarincon

 Las bandas criminales que, a punta de violencia, tienen sometidas algunas zonas del país ahora pusieron en su mira al periodismo: en menos de una semana 12 periodistas sufrieron agresiones en su contra. Lo que comprueba que dichas estructuras criminales se ensañaron con este oficio y con el derecho a informar. El pasado domingo en la noche un panfleto del ‘Clan Úsuga’ llegó a los correos personales de ocho comunicadores que trabajan en Cali y Buenaventura. En la misiva, los antes denominados ‘Urabeños’, los declararon objetivo militar y les dieron 24 horas para abandonar la zona, bajo el argumento de que difundieron información falsa de Fanny Grueso Bonilla, alias ‘Chily’, capturada este 25 de septiembre sindicada de ser la propietaria de una vivienda en Buenaventura, donde se habrían realizado descuartizamientos.

“Debido a los continuos ataques y señalamientos de los medios de comunicación hacia nuestra organización los ‘Urabeños’, nos permitimos informar que a partir de la fecha serán objetivo varios periodistas que de manera dañina vienen sacando informaciones mentirosas sobre nosotros y diciendo que la ‘Chily’ es reina de las casas de pique, pues no han entendido que nos hemos es dedicado a acabar con las ratas de La Empresa [otra banda criminal], que ellos sí están extorsionando a mototaxistas, taxistas, buses, tiendas, graneros, chontaduro y están matando gente en los barrios y que incluso tienen barrios azotados en Cali. Estos periodistas deben averiguar en Cali lo que está pasando”, expresó la organización criminal en la misiva.

Un párrafo después nombraron los periodistas a los que dirigían su amedrentamiento: Gildardo Arango, director del noticiero Más Pacifico de Telepacífico; Yesid Toro, del periódico Q'hubo; Darío Gómez de Caracol, Álvaro Miguel Mina, coordinador de Q’hubo Radio; Henry Ramírez, colaborador de Noticias Uno; Christian Abadía, colaborador de El Tiempo; Óscar Gutiérrez, de Radio Buenaventura; y Julio César Bonilla, de la emisora comunitaria Voces del Pacífico. La banda criminal insistió: “Estamos cansados de sus ataques y que nos señalen como si fuéramos lo que matamos. Que averigüen lo que pasa de verdad. Por eso a partir de la emisión de este comunicado, el que incumpla la orden de callar que está impartiendo Los Urabeños. Se les dará de baja y van a ser acribillados”. El mensaje es claro: no seguir informando.

“La guerra no es con nosotros los periodistas, no nos pueden involucrar en el conflicto territorial que las bandas criminales mantienen en Buenaventura. Los periodistas sólo cumplimos con el deber de informar, algunas veces con las voces de las víctimas y otras con las autoridades que entregan información oficial, como fue el caso de la ‘Chily’. Queremos que nos dejen fuera porque nuestras únicas ‘armas’, por decirlo así, son las grabadoras, libretas y cámaras. Además, estas organizaciones no pueden imponer la agenda a los medios. Uno entiende a los corresponsales porque conviven con el problema, porque se encuentran a los actores armados en las puertas de las emisoras, pero desde Cali el cubrimiento debe seguir haciéndose”, explicó en diálogo con El Espectador el periodista de Telepacífico Gildardo Arango.
Mientras se adelantan todas las diligencias para que estos ocho periodistas, que trabajan en Buenaventura y Cali, puedan tener medidas de protección y sus vidas dejen de correr peligro, Álvaro Miguel Mina, manifestó que “la pregunta del millón es esa: si nos vamos a quedar o no”, por un lado porque no quieren exponerse, pero por el otro tampoco quieren ceder a los amedrentamientos. Más aún si se tiene en cuenta que la Fundación Para la Libertad de Prensa (FLIP), en lo que va corrido del año, ha registrado 10 amenazas contra comunicadores solamente en la ciudad de Cali y el asesinato de Yonny Steven Caicedo, quién trabajaba como camarógrafo meses antes de ser atacado.

“En la misión realizada en el mes de junio a Buenaventura, la FLIP constató que después de cinco meses del asesinato la Fiscalía no ha avanzado en lo absoluto en la investigación del crimen. Además, los medios de comunicación reclaman que viven en un estado de autocensura permanente y que cuando deciden hacer publicaciones sobre orden público son blanco de intimidaciones por parte de autoridades o de miembros de las bandas criminales”, sostuvo la FLIP en un comunicado de prensa. Y es que hasta este lunes, la organización había contado un total de 58 amenazas para todo el territorio nacional. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo tiene cifras más altas: 93 periodistas amenazados entre enero y agosto de este año, 51 más que los registrados en 2013. Esta entidad insistió en que “las medidas consistentes en servicios de telefonía móvil o rondas policiales no garantizan la protección de la vida e integridad de los comunicadores, y que el plazo de 30 días hábiles que se toman para elaborar la evaluación del nivel de riesgo, en ocasiones resulta muy prolongado”, agregó.

La situación, además, resulta preocupante cuando se destaca la frecuencia con la que están ocurriendo las agresiones. El día anterior a que llegaran los panfletos de los ‘Urabeños’, el pasado sábado 27 de septiembre, dos reporteros del diario El País de Cali fueron hostigados en Palmira (Valle): un hombre les quitó la cámara con la que estaban grabando, los intimidó, les tomó fotos y llamó a más personas para amedrentarlos. Estaban investigando sobre el tráfico de fauna silvestre. Cuando uno de los comunicadores logró que se presentaran las autoridades, el hombre los volvió a amenazar y escondió la cámara para no regresarla. Con este episodio se suman seis obstrucciones al trabajo periodístico en lo corrido del 2014, según cifras de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper).

Como si no fuera suficiente, el jueves anterior, apenas cinco días antes, apareció en Montería una “lista negra” de la banda criminal ‘Los Rastrojos’, en la que se incluyeron los nombres de los periodistas Leiderman Ortiz Berrío, quien trabaja en Caucasia (Antioquia) y Edgar Astudillo, de Montería. La amenaza es, otra vez, de muerte. De acuerdo con Fecolper, “ambos periodistas realizan trabajo investigativo y de denuncia, y tienen antecedentes de ataques en su contra. Actualmente cuentan con esquemas de protección”. Además, la organización enfatizó en que “Todos los periodistas del país debemos unirnos para proteger la labor periodística. Llamamos a la sociedad en general a acompañar a los periodistas. No permitamos que el efecto mordaza que tienen las amenazas silencie al periodismo e impida el derecho a estar informados”. Hace un mes el periodismo volvió a estar de luto cuando segaron la vida de otro comunicador en Córdoba. Una seguidilla de ataques contra el ejercicio y la libertad de informar.

Ahora lo que esperan los periodistas y la opinión pública es que se pueda llegar a los responsables de todas estas intimidaciones y atentados, pues la prescripción por los crímenes contra comunicadores también es una realidad del país. Entre 1977 y 2013 prescribieron 64 casos de asesinato, según registró la Flip en diciembre del año pasado. Una realidad que justifica por qué Colombia ocupa el puesto 126 entre 180 países, de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa que hace Reporteros Sin Fronteras (RSF). Tanto así que Camille Soulier, responsable del Despacho Américas de esta organización, consideró que en Colombia hay que ir "más allá y combatir sistemáticamente la impunidad para garantizar la seguridad de los periodistas que arriesgan su vida a diario para informar a la sociedad sobre temas delicados".

mrincon@elespectador.com

@macamilarincon