Bernardo Hoyos y Guillermo Hoenisgberg, exalcaldes de Barranquilla, condenados a 7 y 9 años de cárcel
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga (Santander) los encontró responsables de los delitos de peculado por apropiación. La Fiscalía encontró irregularidades en contratos de remodelación en un edificio donde se ubicaría la Alcaldía.
Otro capítulo judicial se cerró en contra de los exalcaldes de Barranquilla (Atlántico) Bernardo Hoyos Montoya y Guillermo Hoenisgberg. Un juez en Bucaramanga los encontró culpables de desviar recursos y favorecer a un contratista. La investigación se remonta a hace once años cuando la Fiscalía encontró irregularidades en un contrato celebrado el 27 de diciembre de 1993 por la contratación de remodelación y adecuación del edificio Banco de la República donde se ubicaría la Alcaldía de la ciudad. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga (Santander) determinó que Bernardo Hoyos y Guillermo Hoenisgberg deberán pagar una condena de siete y nueve años de cárcel, respectivamente, por el delito de peculado por apropiación.
De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, el pacto inicial con el contratista fue de 1.490 millones de pesos. De acuerdo con el fallo, cinco meses después, en agosto de 1994, se le adiciona al contrato otro costo que le cuesta al Distrito de Barranquilla otros casi 1.500 millones de pesos representando un sobrecosto en la obra. Asimismo, se determinó que el contrato accesorio incluyó obras no contempladas en el contrato principal.
El juzgado en la sentencia señaló que “los acusados, en una asociación criminal sin escrúpulos, crearon la figura del contrato accesorio para modificar los pliegos de condiciones y las ofertas, lo que rompió el principio de transparencia que debe existir en la licitación pública”. Entre las pruebas se encontró que las obras adicionales excedieron el tope de contratación directa que regía entre los años 1993 y 1998, momentos que corresponden a los dos periodos de la Alcaldía de Hoyos.
En la investigación se encontró que, por ejemplo, para la cancelación del contrato inicial se había pactado un pago del 40% y con actas de entrega se abonaría el 60% restante. El contratista en cuestión es Fernando Jorge Thorne Brown quien también fue condenado a siete años de cárcel por el delito de peculado por apropiación. En marzo de 1994, tres meses después de la firma del contrato y sin haber iniciado obras, Thorne Brown ya había recibido poco más de 1.400 millones de pesos, lo que representa el 94% del pago total.
De acuerdo con el fallo, en mayo de 1998, cuando nuevamente Hoyos estaba en la Alcaldía, “a favor del contratista fue girada otra importante suma cercana a los 3.500 millones de pesos, dinero acordado entre la administración y el abogado Juan Pabón representante de Thore Brown para finiquitar pleitos suscritos por el original contrato de diciembre de 1993”. Cabe aclarar que Hoyos justificó el giro relacionándolo con supuestos trabajos con el contrato sin contar con los soportes contables ni contractuales. Además, se encontraron 144 millones por sobre precios.
Pero las cosas no quedaron allí, según la Fiscalía, se encontraron excesos en el cobro de aseo o instalación de campamentos de obra por los que se pagaron 15 millones de pesos. En el juicio, que cumple once años, también se condenó a siete años de prisión al interventor contractual, Asís Bustillo Cervantes. De acuerdo con el juez, todos los sentenciados deberán pagar una multa de 10 millones de pesos junto con una multa solidaria adicional de 3.471 millones de pesos.
En 2011 ambos exalcaldes habían sido condenados a pagar cuatro años de cárcel por el mismo delito de peculado por apropiación e interés indebido en celebración de contratos. En aquella ocasión, un juez de Barranquilla determinó que los dos exmandatarios incurrieron en irregularidades tras la compra de dos lotes ubicados en el municipio de Galampa (Atlántico), para la construcción de 25.000 viviendas de interés social durante la administración de Hoenisberg. Hoyos, quien era el secretario de Hacienda, había recibido 1.200 millones de pesos para iniciar y poner en marcha el proyecto. No obstante, a mediados de 1998 se determinó que los predios no cumplían con los requisitos. Así las cosas, el proyecto y el terreno fueron abandonados y el dinero nunca se devolvió.
Otro capítulo judicial se cerró en contra de los exalcaldes de Barranquilla (Atlántico) Bernardo Hoyos Montoya y Guillermo Hoenisgberg. Un juez en Bucaramanga los encontró culpables de desviar recursos y favorecer a un contratista. La investigación se remonta a hace once años cuando la Fiscalía encontró irregularidades en un contrato celebrado el 27 de diciembre de 1993 por la contratación de remodelación y adecuación del edificio Banco de la República donde se ubicaría la Alcaldía de la ciudad. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga (Santander) determinó que Bernardo Hoyos y Guillermo Hoenisgberg deberán pagar una condena de siete y nueve años de cárcel, respectivamente, por el delito de peculado por apropiación.
De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía, el pacto inicial con el contratista fue de 1.490 millones de pesos. De acuerdo con el fallo, cinco meses después, en agosto de 1994, se le adiciona al contrato otro costo que le cuesta al Distrito de Barranquilla otros casi 1.500 millones de pesos representando un sobrecosto en la obra. Asimismo, se determinó que el contrato accesorio incluyó obras no contempladas en el contrato principal.
El juzgado en la sentencia señaló que “los acusados, en una asociación criminal sin escrúpulos, crearon la figura del contrato accesorio para modificar los pliegos de condiciones y las ofertas, lo que rompió el principio de transparencia que debe existir en la licitación pública”. Entre las pruebas se encontró que las obras adicionales excedieron el tope de contratación directa que regía entre los años 1993 y 1998, momentos que corresponden a los dos periodos de la Alcaldía de Hoyos.
En la investigación se encontró que, por ejemplo, para la cancelación del contrato inicial se había pactado un pago del 40% y con actas de entrega se abonaría el 60% restante. El contratista en cuestión es Fernando Jorge Thorne Brown quien también fue condenado a siete años de cárcel por el delito de peculado por apropiación. En marzo de 1994, tres meses después de la firma del contrato y sin haber iniciado obras, Thorne Brown ya había recibido poco más de 1.400 millones de pesos, lo que representa el 94% del pago total.
De acuerdo con el fallo, en mayo de 1998, cuando nuevamente Hoyos estaba en la Alcaldía, “a favor del contratista fue girada otra importante suma cercana a los 3.500 millones de pesos, dinero acordado entre la administración y el abogado Juan Pabón representante de Thore Brown para finiquitar pleitos suscritos por el original contrato de diciembre de 1993”. Cabe aclarar que Hoyos justificó el giro relacionándolo con supuestos trabajos con el contrato sin contar con los soportes contables ni contractuales. Además, se encontraron 144 millones por sobre precios.
Pero las cosas no quedaron allí, según la Fiscalía, se encontraron excesos en el cobro de aseo o instalación de campamentos de obra por los que se pagaron 15 millones de pesos. En el juicio, que cumple once años, también se condenó a siete años de prisión al interventor contractual, Asís Bustillo Cervantes. De acuerdo con el juez, todos los sentenciados deberán pagar una multa de 10 millones de pesos junto con una multa solidaria adicional de 3.471 millones de pesos.
En 2011 ambos exalcaldes habían sido condenados a pagar cuatro años de cárcel por el mismo delito de peculado por apropiación e interés indebido en celebración de contratos. En aquella ocasión, un juez de Barranquilla determinó que los dos exmandatarios incurrieron en irregularidades tras la compra de dos lotes ubicados en el municipio de Galampa (Atlántico), para la construcción de 25.000 viviendas de interés social durante la administración de Hoenisberg. Hoyos, quien era el secretario de Hacienda, había recibido 1.200 millones de pesos para iniciar y poner en marcha el proyecto. No obstante, a mediados de 1998 se determinó que los predios no cumplían con los requisitos. Así las cosas, el proyecto y el terreno fueron abandonados y el dinero nunca se devolvió.