Mientras la Corte Constitucional completa más de 500 días sin decidir de fondo si despenaliza totalmente o no el aborto, las historias de mujeres padeciendo horrores inimaginables y barreras institucionales se siguen multiplicando. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha venido documentando desde hace muchos años estas formas de violencia y ha acompañado a las víctimas de los relatos que hoy presenta El Espectador. Ana Cristina González, cofundadora de la Mesa y pionera del movimiento Causa Justa, lo dice sin rodeos: “Si a una mujer le impiden elegir sobre su cuerpo, no es una mujer libre y por eso, todavía somos ciudadanas de segunda categoría”. Hoy, la Sala Plena podría avanzar en el estudio del caso, pues en el orden del día está programado este expediente como el primer punto a debatir.
González, quien es médica y tiene un doctorado en salud pública, añadió: “En Colombia hay 400 casos de criminalización de mujeres que interrumpen sus embarazos cada año y un promedio de 26 condenas. En el 53 % de ellas, se sabe que un integrante de una institución de salud fue el denunciante. Y mire usted: una de cada tres mujeres procesadas por el delito de aborto a su vez ha denunciado en la Fiscalía a su pareja por violencia sexual. Resulta muy eficaz la justicia condenando mujeres y no llegando al fondo de quiénes las abusan. Llevamos 15 años tratando de que la sentencia que despenalizó el aborto se cumpla y eso no ha ocurrido. Causa Justa es una acumulación política de 30 años de discusiones sobre el aborto y es la primera vez que ponemos la conversación en nuestros términos”.
Los cinco relatos sobre el aborto
Antonia, 36 años.
En la semana 22 de gestación solicitó la IVE tras descubrir que la bebé tenía múltiples malformaciones en el corazón, los pulmones y el vaso que hacían inviable su vida. A pesar del diagnóstico, vinieron los líos. Su médica y la clínica donde fue tratada no aprobaron el procedimiento invocando a Dios y, antes bien, la remitieron a psiquiatría. Allá expuso su caso, les mostró los resultados médicos de la bebé y la respuesta fue que tampoco podían autorizar nada. Vinieron otras consultas y hasta remisiones a grupos de apoyo, como si estuviera pasando por una adicción a las drogas. Finalmente, uno de los siquiatras certificó que estaba dentro de las causales para la IVE y que, además, estaba sufriendo de depresión. Aliviada llevó estos documentos a su EPS, pero a los tres días vino otro portazo: “Necesitamos un segundo evaluador”, le dijeron. Y añadieron sin darle más explicaciones: “Es requisito de la Corte”. “¿Cuál Corte?”, pensó ella, devastada y triste. “Me puse muy brava, peleé con todos, les decía que no quería esperar más tiempo y su respuesta era la misma: “¡Pero eso es lo que la Corte mandó! Y tiene que ir a otro siquiatra”. Le mintieron impunemente.
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Llegó la semana 25 y todo fue atroz. Vivía deprimida, su vientre le recordaba el fracaso de no acceder a su derecho y los médicos le comunicaron que la bebé había empezado un sufrimiento fetal. Cada examen era peor. “Hice rituales, le hice una carta, me despedí de ella. Mi proceso lo hice, pero en la EPS no me dejaban terminar”. Le dieron largas. Un médico, luego otro, después un siquiatra. Alguno de ellos, muy incómodo, le dijo que no entendía por qué no le habían hecho la IVE y nuevamente autorizó el procedimiento. La enfermera jefa de la clínica confesional se demoró en los trámites y después le dijo que en Bogotá no conseguían un hospital que la atendiera porque su embarazo estaba muy avanzado. “Les dije: ‘Llévenme a Profamilia o a Oriéntame o a algún lugar’, pero me respondieron que no porque tenía un 70 por ciento de probabilidades de morir”. Lloró desconsolada y llegó a la semana 26. Y a la semana 27. Llamó a la clínica y los amenazó con ponerles una tutela. Súbitamente ese mismo día le dijeron que habían encontrado un lugar para la IVE. Antonia pasó mes y medio dándose golpes contra el sistema. “Querían que me arrepintiera”.
El día de la IVE el médico que la atendió le dijo: “Es muy triste, pero su bebita no iba a vivir más de un mes o dos y llena de tubos”. Su corazón estragado se serenó un poco. Pero vivió cosas terribles en esa clínica a la que la remitieron. Había un trato diferenciado entre las mujeres que iban a dar a luz y las que iban a abortar. Las primeras tenían todos sus cuidados. Las otras estaban a merced de ellas mismas. Al lado de Antonia, en una especie de cubículo, estaba una mujer de 17 años. “La habían violado, era una niña y estaba solita. Ella fue la que primero terminó la IVE. Cuando eso pasó, la enfermera cogió el feto y se lo puso frente a su cara. Ella solo lloraba y yo la miraba llorar. Pensé: ‘Juepucha, debí coger algo y tirárselo en la cabeza a esa enfermera’. Tú estás destruida por dentro y ellos se aprovechan de eso”. Lo peor es la segmentación de dolores. “A mí me tenían pesar porque las enfermeras creían que yo sí estaba justificada para hacerlo, pero la de la violación, no. Cuando mi bebita salió, la enfermera me preguntó si quería abrazarla. Empecé a llorar y otra enfermera me dijo: ‘Ay, pobrecita usted, en cambio otras vienen a matar a sus bebés’. Se refería a la chica de 17 años”.
Todo fue grotesco y lacerante ese día. La recuperación fue muy difícil, entre otras porque los medicamentos que le recetaron le provocaron otras indisposiciones colaterales, dolor de seno y sangrado. “Estuve un mes en cama, no me podía parar sola, tenía un sangrado que no se me iba, estuve hospitalizada cuatro veces. La ginecóloga que me vio me dijo: ‘Usted tiene cuatro veces el tamaño de un útero, es una inflamación severa’”. Antonia le contó en detalle la bitácora de su caso, la horrible experiencia que vivió, el desgarro físico y emocional. La médica redujo todo aquello a una cadena de errores y la recetó. En ese momento se sintió indigna. Recordó cada instante de su embarazo y cómo los médicos, en vez de ayudarla, la hicieron dudar de su salud mental. “¿A cuántas mujeres no le arruinan la vida así?”, se lamentó. “Me causaron un dolor cruel e innecesario. Todas esas trabas lo único que hicieron fue dañarme. Y eso que mi caso era legal”. Toda esa violencia gineco- obstétrica la marcó para siempre. Con los años se percató de que es una práctica repetida. “La mujer debe decidir sobre su vida y punto”, cuenta.
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En ese momento de la charla, Antonia volvió a recordar a la chica de 17 años violada por un familiar, a quien la enfermera, después de la IVE, le mostró el feto como reprochándola. Y también la historia de otra mujer, cuyo caso fue muy sonado en 2015, a la que también violaron. Ella al final tuvo a su bebé, pero todas las noches intentaba matarse o matarlo a él porque creía que sería igual que su violador. Colombia tiene todavía muchos pantanos por atravesar en materia de aborto. Antonia, por ejemplo, radicó quejas oficiales por todo el viacrucis que vivió. Lo hizo ante el Ministerio de Salud, pero esa constancia comenzó a rebotar de una entidad a otra, de la Superintendencia de Salud a la EPS y luego a la clínica y de nuevo al ministerio y así. Frustrada acudió a una amiga que es activista de varios colectivos de mujeres y así llegó su caso a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, donde encontró por fin asesoría legal. “No quiero que ninguna mujer pase por esto que sufrí. De cuándo acá alguien viene a decirme qué puedo o no puedo hacer con mi cuerpo. Cómo es posible que me digan: ‘Si la bebé viene mal a usted le toca aguantarse y si no la meto presa’”.
Hoy esas memorias trágicas son la razón de su lucha.
Juana, 39 años.
Fue un embarazo traumático. Primero fue una trombosis en sus piernas, debido a una enfermedad sanguínea que desconocía que tenía, la que la obligó a usar muletas para movilizarse. Luego le diagnosticaron graves problemas genéticos y cardíacos al feto que auguraban muy pocas expectativas de vida. Tomó la decisión de interrumpir su embarazo por el riesgo para su vida y el mal pronóstico fetal. Solicitar la IVE a su EPS fue la génesis de su viacrucis. Le pusieron todas las trabas posibles: múltiples juntas médicas y conceptos científicos buscaron que postergara su decisión. Mientras, el equipo de apoyo sicosocial de la EPS la llamaba a pedirle que no abortara valiéndose de argumentos religiosos. Su caso fue dilatado más allá de la semana 20. Juana –que ya tenía una hija– estaba angustiada, su salud se deterioraba con rapidez y un miedo se instaló en su corazón: temía que moriría si no interrumpía su embarazo a la mayor brevedad. Ante el fracaso del sistema de salud, recurrió al mundo del aborto clandestino. Unos amigos a los que les confió este secreto le prestaron el dinero.
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“Desde mi dolorosa experiencia en la cual estuve al borde de la muerte, le solicito a la Corte que reflexione sobre el valor de la vida de las mujeres que hoy están muriendo porque no pueden acceder a procedimientos seguros, legales y que respeten su dignidad. Les pido que reflexionen, sin sesgos de ningún tipo, sobre los derechos que tenemos y que tanto nos ha costado conseguir. Que entiendan que una IVE es algo que no se toma a la ligera, pues hay múltiples argumentos alrededor de una decisión tan profunda (violaciones, abusos, deterioros de salud en la mujer o en el bebé, estados emocionales, proyectos de vida) y que hoy no se contemplan en las tres causales vigentes y que ponen en riesgo extremo nuestra vida. Que mujeres como yo tomamos una decisión de amor y de vida digna, al querer para nuestros bebes una vida sin dolor. Que las mujeres no podemos seguir siendo objeto de decisiones de terceros (EPS, abogados, médicos, juntas médicas, jueces, religiosos, padres, esposos, abusadores, hombres). La decisión es propia, es única de las mujeres”, dice Juana.
Su relató continúa así: “Fui sometida a un trato negligente, abusador e irrespetuoso por parte de los médicos y la EPS; no me dieron respuestas a tiempo, los médicos querían hacer su praxis con mi bebé. Recibí llamadas de la sicóloga de la EPS persuadiéndome en nombre de la ciencia, la medicina y Dios. Fui sometida a juntas médicas, respuestas negativas y excusas que alargaban el tiempo para poder acceder a la IVE en el tiempo adecuado. Al final la EPS respondió negativamente. Yo no tomé la decisión de hacerme una IVE porque se me ocurrió o porque no me sentí capaz de ser mamá o porque no quise asumir una responsabilidad. Lo hice porque mi vida estaba en estado crítico, porque mi salud física y mental se deterioraron y lo hice con un profundo amor hacia mi bebé porque creo que todas y todos tenemos derecho a una calidad de vida digna, plena y sin dolor. No quería que mi bebé sufriera ningún tipo de dolor. Tome la decisión desde el amor propio. En el camino encontré mujeres que me salvaron la vida”.
Andrea, 19 años.
Estudiante universitaria. Cuando tenía siete semanas de embarazo solicitó la IVE en una IPS privada que tenía convenio con su EPS. Le dijeron que no, la llenaron de miedos y la hicieron sentir culpable. Andrea, que había sido diagnosticada con trastorno mixto de ansiedad y depresión, accedió al procedimiento dos semanas después mediante medicamentos y tras ser tratada de forma particular. Su salud se vio comprometida y tuvo que acudir a un hospital. Desde su ingreso fue juzgada por médicos y enfermeras a los que les contó el motivo de su urgencia. La hicieron esperar por más de dos horas para recibir atención médica, a pesar del dolor. Una de las enfermeras, incluso, gritó en voz alta delante de otro montón de pacientes: “Esta es la del aborto”. Se sintió vulnerada y sola. Su intimidad ya no era solo suya. Otra profesional de la salud le dijo que ella no se encontraba dentro de las causales permitidas por la Corte, que había tenido un aborto incompleto y que tenía una infección delicada.
Andrea necesitaba un legrado con urgencia para que el dolor y la infección bajaran. Pero la médica que la diagnosticó le hizo saber que no se lo iba a realizar porque era objetora de conciencia. Salió de allá despavorida y asustada rumbo a otra clínica. Sin embargo, se encontró con un escenario casi igual. Se negaron a realizarle el legrado e invocaron una supuesta objeción de conciencia institucional, lo cual es ilegal. La sometieron a todo tipo de tratos violentos y discriminatorios en dos clínicas mientras se retorcía del dolor y su vida corría peligro. Finalmente logró acceder al procedimiento en otro lugar, pero los fantasmas de esa noche todavía la persiguen. “Señores de la Corte, la despenalización del aborto es urgente y ustedes nos lo deben. Basta de aplazamientos, basta de inconsistencias, basta de poner en riesgo nuestras vidas y jugar con nuestra autonomía y libertad”, dice Andrea.
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Y agrega vehemente: “En esta lucha por defender nuestro derecho al aborto no estamos obligando a nadie a que lo haga; más bien compartimos herramientas para que decidan libremente. En cambio, los antiderechos, con sus discursos y acciones de odio fundamentadas desde la moralidad, obligan a otras mujeres a continuar embarazos que no desean. Es hora de que se hagan a un lado. Mucho más en un país donde no hay acceso a una educación sexual integral y existen altas tasas de violencia sexual, principalmente en niñas. No es justo que no podamos ser atendidas dignamente por las instituciones de salud. No más violencia. Es como si valiéramos más por ser madres que mujeres. Y algo más: desde siempre hemos abortado y lo seguiremos haciendo porque somos imparables, porque ya no estamos solas, porque estamos en manada”.
María, 18 años.
Ocurrió en el Cauca. María tenía 18 años y problemas médicos. Solicitó la IVE, pero en la IPS que atiende a la población indígena de la región, a la que ella pertenece, le dijeron que había una resolución interna que estipulaba que solo se podía acceder al procedimiento si la autoridad indígena en asamblea lo permitía. Una abierta vulneración a sus derechos constitucionales. La decisión del gobernador indígena no solo fue negarle la IVE sino que, además, en asamblea se reunieron con sus padres y los de su pareja, quienes “en calidad de educadores proponen que tenga el bebé ya que le darán el apoyo total para cuidarlo y que siga con sus estudios”. María se fue a la ciudad más cercana de su resguardo y pidió la interrupción del embarazo. Allá la embolataron, no resolvieron su petición y, además, le informaron a su padre de forma ilegal lo que ocurría. Las autoridades indígenas también se enteraron de lo que pasó tiempo después.
Desesperada, pero decidida, María enfrentó estas barreras gracias a la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. El colectivo la ayudó a gestionar el procedimiento en una institución de salud de carácter privado ubicada en otro departamento. María fue amenazada con recibir castigo y sanción de la autoridad indígena si se realizaba el aborto. Por esa razón no regresó en ese momento a la comunidad. Sin embargo, cuando ya estaba ubicada en otro territorio, fue llamada por sus padres y el gobernador del cabildo, quienes la hicieron retornar y le iniciaron un proceso de castigo. Juliana, una de sus amigas que la acompañó en todo este proceso, le dijo a este diario: “Las mujeres rurales e indígenas son las más afectadas y criminalizadas. Mantener el aborto como delito nos vulnera el derecho a la salud y a decidir libremente sobre nuestros proyectos de vida. Esto es un tema de salud pública, no es un tema moral. Tampoco una consigna, es una realidad del país y la Corte debe entenderlo de una buena vez”.
Mauricio, el papá.
Mi hija tenía 17 años. Me enteré que se iba a hacer el aborto porque un amiga suya me llamó a medianoche para contarme lo que ocurría. Mi niña había quedado embarazada de su primer novio en la universidad. Él ya había organizado con una familiar, que es enfermera, para hacerle el aborto en una droguería, obviamente sin ningún tipo de higiene y en medio de una clandestinidad total. Yo le pedí a mi hija que me contara lo que pasaba y ella, llorando, me pidió que la perdonara. Yo le dije que estaba para apoyarla en su decisión y que fuéramos a Profamilia. Nos asesoraron bien, y nos explicaron que ella tenía el derecho a la IVE bajo la causal de riesgo a la salud física o mental debido al estado de depresión que tenía. Lo que siguió fue contarle a la mamá, pero ella no la apoyó y le dijo que ese bebé tenía, sí o sí, que nacer. Mi hija tomó la decisión de someterse al procedimiento. Yo la apoyé, pero esa misma noche llegó el novio a la casa, con la mamá y el papá, a hacernos un escándalo. Me gritaban desde la calle: “Asesino, asesino”.
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Obviamente el escándalo fue tremendo y fue irrespetuoso con los derechos de una mujer y la privacidad de algo tan íntimo. Nos trajeron hasta la Policía y le dijeron que en mi casa se estaba practicando un aborto. Yo les dije que no tenían ninguna orden para entrar a mí casa. Los papás del muchacho nos dijeron que no iban a permitir que matáramos a su nieto. Lo peor es que ese señor, el papá del muchacho, gritaba que él no criaba a sus hijos para que se pusieran un condón. Ahí entendí la dimensión del asunto y la ignorancia de ellos. Finalmente me llevé a mi niña y la acompañé en su proceso. Nos tocó irnos de donde vivíamos. Le conté a mi hermana lo que ocurría, porque para uno de hombre no es fácil todo esto. La mamá nos sacó el cuerpo. Al otro día, nos llegó una citación de la comisaría de familia: teníamos que presentarnos de manera urgente. Yo asistí y resulta que allá me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión de mi hija.
Hicieron que estuviera presente la personera local y ella también me enjuició a mí. Me gritaban prácticamente como si yo estuviera cometiendo un delito, que yo era un mal ejemplo de papá y que eso no tenía perdón de Dios. Me acusaron de haber influenciado la decisión de mi hija. Yo estuve relativamente tranquilo porque sabía que estábamos actuando bien. Pasara lo que pasara, yo iba a defender a mi hija. Yo, la verdad, esperaba que la Personaría asumiera una posición en defensa de los derechos. Pero el mismo comisario de familia y la personera llevaron al novio ante la Fiscalía, que queda en la misma oficina, para que nos pusieran una denuncia penal. “Aquí nos están vulnerando todos nuestros derechos”, les dije. y dejé constancia de la historia clínica de la niña. Lamentablemente, la mamá de mi hija, como también la citaron a esa audiencia, se puso del lado de ellos y no aguantó la presión que nos estaba haciendo el comisario y la personera y la familia del novio. Eso, obviamente, nos partió la familia. Mi niña sintió que se había equivocado.
Ahí tuve asesoría de la Mesa por la Salud de las Mujeres. Entonces radiqué un oficio ante la Fiscalía diciendo que no había méritos para que abrieran el proceso porque nosotros estábamos en el marco de lo que la ley permitía. Ese suspenso fue terrible, pero afortunadamente no abrieron el proceso. Me puse a recoger información y efectivamente vi que hay mujeres condenadas por haberse practicado un aborto en Colombia. ¿Qué pienso de eso? Pues que este es un país de mierda. Un país donde realmente pesa más el machismo, donde se imponen las ideas religiosas, donde se impone satanizar a una mujer, donde la mujer es la sinvergüenza que se embarazó, como si lo hubiera hecho solita. ¿Por qué no echan a la cárcel al hombre? Pues porque es la mujer la que tiene que pagar los platos rotos en esta sociedad descompuesta. Hoy estamos en medio de una sociedad que difícilmente va a cambiar, pero que hay avances, y tenemos que jugárnosla por apoyar este tipo de procesos que reivindican el papel de la mujer y sus derechos.
Mi niña, después de este episodio tan traumático, perdió el horizonte y la alegría de vivir. Tuve que hacer un esfuerzo muy grande para que ella entendiera que estábamos en el marco de nuestros derechos y superara la situación. Actualmente ha asumido una actitud diferente: está positiva, alegre y superó la crisis emocional. Ya conoció a otro muchacho y eso también la ayudó. Ya no vive conmigo, porque no le gusta como cocino. Se devolvió para la casa de la mamá y el que no volvió fui yo. Mi expareja me decía que no quería vivir con un “asesino”. Aunque hoy tenemos buena comunicación. Actualmente mi niña hoy estudia derecho y la defensa de la IVE se ha vuelto su tema. Me ha gustado su empoderamiento. Ella sabe que no tiene por qué dejar que otros gobiernen sobre su cuerpo. El solo hecho que una mujer quede embarazada y tenga que pasar por todo esto es ilógico. Me parece terrible el escándalo público y que una mujer sea vulnerada por los entes que tienen que garantizar sus derechos. O que una personera local diga que el aborto no tiene perdón de Dios.
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