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Sin excepción alguna, en los 32 departamentos de Colombia se presentó al menos un hecho de corrupción durante los últimos cinco años. Ni uno solo se salvó de estar en la lista de los lugares hasta donde se ha extendido la telaraña de los corruptos que, entre 2016 y 2020, comprometió más de $93 billones y se perdieron al menos $13 billones. Así lo demuestra el último informe de Transparencia por Colombia que presentan hoy en el país. Bajo el título de “Así se mueve la corrupción: radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016 -2022″, la organización hace un diagnóstico de lo que ha pasado en el país durante el último lustro.
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Luego de estudiar 2.026 notas de prensa escrita, el informe arrojó un total de 967 hechos concretos de corrupción. El 53 % de ellos se concentraron en cinco departamentos: Bogotá (200 hechos), Atlántico (88), Antioquia (76), Santander (75) y Valle del Cauca (74). La capital, de lejos, se llevó el primer puesto en la lista de los lugares con más hechos de corrupción en todo Colombia. Para Transparencia por Colombia, la concentración en solamente cinco departamentos podría tener dos explicaciones. “Primero, el alto grado de concentración económica e institucional que lleva a la presencia de un mayor número de actores empresariales, sociales e institucionales en dichos territorios”, explica el informe.
Y la segunda explicación podría estar en “las condiciones favorables para el reporte de hechos de corrupción, particularmente las relacionadas con la garantía de la libertad de expresión y la existencia de medios de comunicación”. Por esta última razón, la organización autora del documento señala que es importante resaltar que el bajo reporte en otros territorios no necesariamente responde a menor presencia de hechos de corrupción sino, al contrario, a las dificultades para realizar el periodismo de investigación o dar a conocer casos de corrupción, muchas veces por amenazas y violaciones a la libertad de expresión.
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“El Barómetro Global de la Corrupción de 2019 indica que para América Latina y el Caribe, los mayores obstáculos para la denuncia son el temor a las represalias sociales y la falta de medidas para interponer una denuncia pues los canales dispuestos para ello son ineficaces para la ciudadanía. Además, desde Transparencia por Colombia se ha resaltado el vacío normativo que aún existe en el país frente a la protección a denunciantes de hechos de corrupción y la necesidad de que las autoridades acompañen estos procesos en los territorios excluidos históricamente”, señala el informe que se presenta este jueves dos de diciembre.
A pesar de las dificultades para denunciar y la falta de garantías, el informe recopiló también hechos ocurridos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el pilar de la Reforma Rural Integral establecido en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc. Su objetivo es estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional en Colombia. A pesar de su vocación de cambio, allí también llegó la corrupción. Desde 2016, se han registrado 119 hechos en 62 municipios, lo que representa 36 % del total de municipios elegidos para la implementación del Acuerdo de Paz.
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“Esta es una categoría que resalta la relación entre construcción de paz y corrupción. Al respecto, la afectación se presenta principalmente en el ámbito seguridad, representando casi el 40 % de los hechos identificados, así como con el ámbito de contratación, con el 19 % de los hechos identificados”, explica el informe. Sin mencionar directamente a un PDTE en este capítulo del informe, Transparencia por Colombia puso como ejemplo el caso que quedó en evidencia ne 2016, cuando las autoridades evidenciaron que se habría alterado el Registro Único de Víctimas para otorgarle beneficios a personas que se habrían colado en el sistema de reparación sin haber sido realmente víctimas del conflicto.
“Uno de los casos más emblemáticos es Putumayo, donde María Eugenia Bedoya Chávez, funcionaria de la Defensoría del Pueblo regional Putumayo, junto con su hermano, contactaban personas para que se hicieran pasar por falsas víctimas y así poder cobrar indemnizaciones administrativas a las que tenían derecho solo las personas afectadas directamente por el conflicto armado”, dice el informe. Aunque ambos fueron capturados y procesados por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento y fraude en el registro de víctimas, ninguno ha sido condenado.
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Ahora bien, al analizar la incidencia de la corrupción en grupos específicos, la investigación señala que existe una afectación directa en 311 hechos. En la mayoría de ellos, los afectados han sido niños, niñas y adolescentes, seguidos por los estudiantes y la población en condición de vulnerabilidad socioeconómica. Así, agrega Transparencia por Colombia, la corrupción acentúalas desigualdades ya existentes en estos grupos vulnerables. En palabras del director de esta organización, Andrés Hernández, “este informe refleja nuevamente el carácter sistemático y estructural de la corrupción. Quienes aspiran a la Presidencia de la República deberán plantear propuestas ambiciosas, decididas y coherentes para enfrentar de manera integral este problema”.
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Nota de la editora: esta nota fue modificada para incluir, desde el comienzo, la explicación que el informe apota sobre por qué Bogotá registra el mayor número de hechos de corrupción.