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El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca tumbó la resolución 00135 del 5 de enero de 2024, de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que le había revocado al Grupo Portuario S.A. la prórroga del contrato de concesión portuaria del Muelle 13 de Buenaventura. Durante los últimos 20 años, la empresa ha sido la encargada de la operación de ese puerto.
La discusión entre la ANI y el Grupo Portuario S.A. tiene su centro en una demanda interpuesta por el concesionario en contra de la entidad pública el pasado 21 de agosto, luego de que la resolución de enero de este año declarara la “pérdida de ejecutoria” de otra resolución de diciembre de 2023.
Ese primer acto administrativo daba vía libre a la firma de un otrosí al contrato de concesión portuaria 002 de 2005, con el cual el Grupo Portuario S.A. entró a operar el puerto de carga de Buenaventura desde hace dos décadas.
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La disputa entre la ANI y el privado tiene tanto de jurídico como de político. Ya el presidente Gustavo Petro había afirmado en otra oportunidad, luego de que la expedición de la resolución que anulaba la prórroga del contrato del concesionario, que la administración del puerto debía estar en manos de cooperativas de pescadores y no de concesionarios privados.
En su momento, la decisión de anular la continuidad de la concesión de Grupo Portuario S.A. generó preocupación por el impacto económico que podría tener, no solo en el Valle del Cauca sino en todo el país. Según el Ministerio de Transporte, solo en el primer semestre de 2024 el Puerto de Buenaventura tuvo ingresos por el orden de los 78.931 millones de dólares, lo que representa un 27% de crecimiento de sus resultados.
Con la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca queda sin efecto la decisión de anular la prórroga del contrato de Grupo Portuario S.A. para la operación del Muelle 13, considerado de gran calado por su capacidad operativa de movilizar más de 1′500.000 toneladas al año.
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Justo en esa línea queda pendiente una nueva discusión: resolver la suspensión del Plan de Manejo Ambiental que le había dado luz verde en 2023 a las obras de ampliación del Muelle 13, pero que quedó sin efecto cuando se le indicó al concesionario que un nuevo plan no era suficiente, sino que debían tramitar una nueva licencia ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
A inicios de este mes, el Juzgado Segundo de Buenaventura decretó las medidas cautelares solicitadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que frenaron la inversión proyectada para la ampliación del muelle. Suspensión que se mantendrá mientras tomen una decisión para resolver si es necesario o no el trámite de una nueva licencia ambiental.
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